Unidad para apoyo a envenenados cerrará

Los $335 mil que destinó el MP para la creación de esta oficina solo cubrirán gastos de personal y equipo hasta el próximo 31 de diciembre.

La Unidad Médica Especializada, creada por el Ministerio Público (MP) en septiembre pasado para apoyar a los afectados por los envenenamientos con dietilene glycol, corre el riesgo de cerrar por falta de fondos el próximo mes, según lo advirtieron ayer fuentes de la propia institución.

La oficina fue creada con un crédito extraordinario de $985 mil que la Asamblea Nacional aprobó al MP el 15 de junio pasado y que proviene, según las fuentes, de cuentas bancarias que recuperó la Fiscalía de Asuntos Civiles en 2010, en el proceso seguido al coronel retirado de las extintas Fuerzas de Defensa Marco Justines por el retiro ilegal de $8 millones de los fondos del BancoNacional de Panamá, durante la dictadura militar.

De esos fondos incautados, $670 mil fueron destinados al MP y, de estos, $335 mil se usaron para adquirir equipos y contratar personal para la unidad. Los restantes $335 mil fueron destinados a otras obras de la entidad.

Sin embargo, las fuentes consultadas informaron que el dinero destinado a la unidad solo cubría los gastos hasta el 31 de diciembre próximo.

El procurador de la Nación, José Ayú Prado, incluyó los fondos para continuar las operaciones de la oficina en el presupuesto de $127 millones que solicitó para 2013, pero el Ministerio de Economía y Finanzas solo recomendó que se le aprobaran $60.9 millones, por lo que este y otros programas están en riesgo, dijeron las fuentes.

Consultado al respecto, el vocero del Comité por el Derecho a la Salud y a la Vida, Gabriel Pascual, calificó la situación como “preocupante” e hizo un llamado a las instituciones encargadas de continuar con el funcionamiento de la unidad, para que lleguen a un acuerdo e impidan su clausura.

“Hay un compromiso de este gobierno y del MP para completar las investigaciones, que no pueden quedar impunes, pero a la vez tienen la obligación de apoyar a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes”, destacó.

No es posible, dijo, que una unidad como esta cierre cuando hace poco tiempo empezó a funcionar, y hacen falta más de mil expedientes de los afectados por analizar y concluir, añadió Pascual.

Con la partida de $335 mil, el MP contrató a seis médicos especialistas y a personal administrativo, y alquiló un local para que realizaran sus funciones.

Desde el año 2006, cuando se descubrieron los primeros casos de pacientes envenenados con medicinas contaminadas con dietilene glycol, suman 305 las víctimas fatales.

Hay 27 imputados por este caso, el cual se encuentra en la Corte Suprema pendiente de audiencia.

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