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Certificará

El 31 de agosto se sabrá si extraditan a Martinelli

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Ricardo Martinelli Ricardo Martinelli
Ricardo Martinelli Archivo

Ochenta días después de su captura cerca de su mansión de $8.2 millones en Coral Gable, el expresidente Ricardo Martinelli conocerá si el juez federal Edwin Torres certificará o no su extradición a Panamá.

Así lo anunció Torres en una audiencia de extradición celebrada ayer en la Corte del Distrito Sur de la Florida.

Torres interrumpió la audiencia para dar oportunidad a que los abogados de Martinelli presenten en idioma inglés una declaración jurada del abogado Roberto Moreno, quien es presentado por la defensa como un especialista en derecho procesal.

Moreno estaba presente en la sala ayer, pero el juez no solicitó su intervención.

Tanto la defensa como la fiscalía de Miami centraron la discusión en la compra de los equipos de espionaje y la retroactividad del tratado de extradición y los convenios bilaterales.

MARTINELLI CONOCERÁ SU SUERTE EN UNA SEMANA

Si hay alguien que ha mostrado una actitud muy positiva en medio de la adversidad, ese era ayer Ricardo Martinelli.

Después de escuchar que el juez federal Edwin Torres comunicará el 31 de agosto si concede o niega su extradición a Panamá, el expresidente se despidió de sus abogados, copartidarios y periodistas presentes en la sala de audiencia con una amplia sonrisa. Contento de ver algunas caras conocidas, con energía, se retiró escoltado por los alguaciles federales, esposado de manos y pies, y —como ya es usual— vistiendo el uniforme caqui de prisionero. Bien peinado y afeitado.

La audiencia de ayer —la cuarta desde su detención el 12 de junio— empezó a las 9:44 a.m. En la audiencia anterior —celebrada el 3 de agosto—, el juez Torres comunicó que necesitaba más tiempo para analizar la retroactividad del tratado bilateral de Panamá y Estados Unidos, así como de varios convenios multilaterales en los que ambos países son signatarios.

Y en ese punto comenzó la discusión de ayer.

Marcos Jiménez, el abogado que lidera el equipo legal de Martinelli en Miami, insistió en que los efectos de la cláusula de no retroactividad que posee el tratado bilateral de extradición suscrito por Panamá y Estados Unidos en 1904 se extiende a los convenios multilaterales aprobados después por Panamá, y que ello impide la aplicación retroactiva de la Convención de Budapest sobre los Ciberdelitos, que rige en Panamá desde 2014.

Jiménez dijo que para interpretar los acuerdos hay que referirse “al lenguaje simple de la norma”, y que el artículo XII del tratado bilateral señala textualmente que este empezará a regir “el trigésimo día después de la fecha en que se hayan canjeado las ratificaciones y no tendrá efecto retroactivo”.

El fiscal Adam Fels replicó que, aunque el tratado bilateral tiene una cláusula de no retroactividad, su intención es excluir casos de delitos cometidos antes de 1904, opinión compartida por el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Cancillería de Panamá. El fiscal agregó que la fecha relevante en los procesos de extradición es aquella en que se solicita la entrega del fugitivo, no en la que los delitos fueron cometidos.

Torres indicó que no recordaba haber escuchado algo semejante, pero el fiscal le mencionó que así se explica en la declaración del Departamento de Estado, a lo que el juez asintió con un gesto, en señal de haberlo visto.

La defensa también se centró en el origen de los equipos de espionaje adquiridos a las empresas israelíes MLM Protection y NSO Group, a un costo de $13.4 millones y $8 millones, respectivamente. Según Jiménez, no hay evidencias de que el equipo de MLM haya sido utilizado para escuchas ilegales; en lo que respecta a NSO Group, señaló que ese contrato se pagó con fondos privados, por tanto —según él—, no hay peculado.

Fels indicó que hay pruebas suficientes de que el equipo adquirido a NSO estaba bajo la custodia y uso de funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), y que la compra la pagó Caribbean Holding, una sociedad ligada a Aaron Mizrachi, cuñado de Martinelli.

A las 11:08 a.m., el juez preguntó por la declaración jurada de Roberto Moreno, el especialista en derecho procesal contratado por la defensa. La noche antes, los abogados de Martinelli introdujeron una declaración de última hora de Moreno, en la que este señala que el exgobernante no puede ser acusado de peculado, porque para ello sería indispensable que tuviera la custodia del bien objeto de dicho delito.

El testimonio de Moreno fue presentado en español; la defensa dijo al juez que la traducción podría estar lista en tres o cuatro días.

Moreno también indicó en su declaración que no existe un informe de auditoría de la Contraloría General de la República que certifique que la compra de los equipos produjo una lesión patrimonial al Estado. Para sustentar su planteamiento, citó un fallo del 18 de noviembre de 2009 de la Corte Suprema de Justicia, que establece la importancia del informe de auditoría dentro de un proceso seguido a la expresidenta Mireya Moscoso por la supuesta comisión del delito de peculado en el manejo de los fondos donados por Taiwán y que fueron a parar a la Fundación Mar del Sur.

“En el sumario no existe evidencia que vincule a la expresidenta Mireya Moscoso como integrante ni beneficiaria de esa Fundación… Es decir que no es suficiente tener un informe de la Contraloría, sino ese informe tiene que mencionar y vincular al sujeto activo con los bienes patrimoniales en virtud de su rol o cargo”, indicó Moreno en su declaración jurada.

Moreno, sin embargo, no parece indicar en su escrito que las normas de procedimiento y las disposiciones penales aplicadas en el caso de Moscoso en 2009 son distintas a las que ahora se aplican a Martinelli.

En 2009, cuando se dictó el fallo citado por Moreno, el proceso era inquisitivo mixto, regido por el Código Judicial, mientras que en el proceso de Martinelli se aplica el sistema penal acusatorio, introducido por el Código Procesal Penal. Además, el Código Penal que establecía el delito investigado en el caso de la exmandataria fue derogado un año después de la promulgación del texto único del Código Penal, publicado en la Gaceta Oficial 26519 de 26 de abril de 2010. En otras palabras, los tipos penales de los que se acusa a Martinelli no son los que existían en los tiempos del proceso seguido a Moscoso.

A las 11:23 a.m., el juez Torres informó que el 31 de agosto daría a conocer su decisión respecto a la extradición. Martinelli permanecerá—por lo menos hasta entonces— en el Centro de Detenciones Federales.

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