Comisión de la sip en guatemala

De ataques y apagones en democracias

Cuatro periodistas han sido asesinados en el ejercicio del deber en el país centroamericano. También se contabilizan sucesivos atropellos.

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Que Guatemala no viva hoy el clima tenebroso de las dictaduras militares, y que directivos de medios declaren que no existen restricciones a la libertad de expresión no significa que los tiempos sean mejores para los periodistas.

Tal es la conclusión a llegar después de consultarse la opinión de algunos de los actores principales de la vida nacional de este país centroamericano.

“El asesinato de cuatro periodistas y atropellos diversos a 58 comunicadores sociales, además de la persecución gubernativa (por diversos medios) en contra de la prensa independiente en el transcurso de 2013 y los primeros meses de 2014”, denunció la Asociación de Periodistas de Guatemala ante una comisión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que llegó aquí para analizar el estado de la libertad de expresión en el país.

Lo anterior, pese a que al inicio de su mandato, hace dos años, el presidente Otto Pérez Molina se comprometió con esa organización periodística a dar creación a un programa estatal que tutelara el ejercicio de la profesión en Guatemala.

Los riesgos aumentan para los comunicadores en áreas rurales distantes de la capital. Allí, la debilidad institucional del Estado es tal que en zonas fronterizas con México los narcocarteles imponen la ley, según reconocen miembros del Centro de Defensa de la Constitución, el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Así, las autoridades locales, o son caciques evolucionados en políticos, o bien trabajan al servicio de estos. En esas y otras regiones ejercer el periodismo, más que vocación, es una irresponsabilidad, ya que algunos propietarios de medios locales ni siquiera pagan salario mínimo y cancelan magras remuneraciones con tarjetas para teléfonos celulares.

Es de imaginar las presiones que, en este entorno, enfrentan quienes tengan la temeridad de denunciar cualquier irregularidad.

Por eso, tal vez, la Asociación de Periodistas no se pliega a la versión policial de que los asesinatos recientes de dos de sus miembros, ocurridos durante el comprobado ejercicio de sus labores profesionales, sea atribuible simplemente a las mafias de la droga y apuntan, sin precisar, a predios de las autoridades.

En un apartado de sus conclusiones de la visita a Guatemala, la comisión de la SIP, presidida por Claudio Paolillo e integrada, entre otros, por los expresidentes del organismo Danillo Arbilla y Edward Seaton, insta al Gobierno de Guatemala a poner fin a la impunidad que impera en los crímenes contra periodistas en el país.

Sobre el tema, la fiscal general de la Nación, Claudia Paz y Paz, subraya que se trabaja con “particular interés y preocupación en la solución de los asesinatos de periodistas”, mientras representantes de la sociedad civil reconocen la capacidad y entereza de la fiscal para investigar casos de envergadura, como las responsabilidades por crímenes contra la humanidad del expresidente Ríos Montt, “no se esfuerza tanto en aquellos de relativa trascendencia”, alegando carencia de recursos en su institución.

Nuevos métodos de intimidación

También en Guatemala la persecución a los comunicadores se ha sofisticado.

De hecho, “ya no se recurre tanto al asesinato; ahora se echa mano de la penalización, la discriminación en la asignación de la publicidad estatal o a la intimidación tributaria contra periodistas, por las investigaciones de estos sobre los abusos de quienes detentan el poder”, coinciden en señalar dirigentes gremiales, representantes de la sociedad civil y congresistas opositores.

El presidente Otto Pérez declara haber sido sorprendido por la noticia en los medios sobre una inspección fiscal que la autoridad del ramo dispuso en contra de elPeriódico, publicación que dirige José Rubén Zamora.

Eso fue resultado, dice, de “una investigación sobre empresas que en los últimos años han declarado pérdidas en su operación”.

Para otros se trató de una represalia anunciada por el director del Instituto de Seguridad Social, Juan de Dios Rodríguez , que el 28 de enero de 2014 llamó a “todos los entes fiscalizadores” a que procedieran contra el director de elPeriódico, medio que había hecho evidente el pasado delictivo de Rodríguez.

Además, el mandatario y la vicepresidenta Roxana Baldetti habían demandando, de manera separada, a Zamora, por delitos como “coacción, extorsión, violación a la Constitución y desacato a los presidentes de los órganos del Estado, delito este último desaparecido hace tiempo de las leyes guatemaltecas.

Ambos funcionarios retiraron sus demandas, pero en el caso de Baldetti la causa sigue de oficio en virtud de estar relacionada con el delito de feminicidio.

Marta Altolaguirre, presidenta del Centro de Defensa de la Constitución, los abogados Gilberto Chacón, Hugo Maúl y David Albizúrez, así como la diputada Nineth Montenegro, están de acuerdo en señalar que invocar tal delito, en caso de la vicepresidenta, por lo menos es improcedente, ya que se trata de un funcionario, con independencia del sexo.

El impacto de El Peladero

“Somos muy respetuosos de la libertad de expresión, pero Zamora rebasó el vaso al meterse con nuestras familias”, declaran los ofendidos al señalar que si bien retiraron sus demandas, invocarán la vigente ley de expresión de pensamiento para frenar al comunicador en la esfera civil.

El periodista, en la edición dominical de elPeriódico, y a través de la columna El Peladero (“la firmo yo para no comprometer a los redactores”) denuncia supuestos hechos de corrupción del gobierno Pérez-Baldetti.

Una investigación adelantada por el medio había expuesto el enriquecimiento “inexplicable” de Baldetti.

Cabe indicar que distintas voces consultadas coinciden en señalar que “el estilo” de Zamora “puede molestar a muchos y hasta ofender a otros más”, pero no desvirtúan de forma argumentada el contenido de sus investigaciones periodísticas.

Con todo, El Peladero hace que los domingos elPeriódico “se venda como nunca”, aunque el presidente Pérez dice que este no tiene una circulación mayor a los “2,000 ejemplares”: lo que es “una razón” para que el gobierno haya suspendido la asignación de publicidad estatal a ese medio.

Zamora se considera sobrado en razones para ser algo más que pugnaz con las autoridades de turno. En 2003, en el gobierno de Alfonso Portillo, un comando élite de agentes de Seguridad del Estado, haciéndose pasar por delincuentes comunes, asaltó la residencia del periodista.

Durante varias horas y teniéndolo desnudo delante de sus hijos, lo amenazaron de muerte con una pistola en la cabeza. Antes, en 1996, cuando era director de Siglo XXI, sufrió un atentado con granada.

Ante la inacción de las autoridades, Zamora llevó a cabo una investigación particular que condujo a identificar a los asaltantes de su casa, logrando llevarlos ante la justicia.

En estos casos, y en otro más (cuando fue secuestrado y abandonado en un basurero y dado por muerto), el gobierno desacredita los ataques impulsando la idea de autoatentados y descalificándolo con acusaciones veladas y abiertas de ser un “extorsionador y drogadicto”.

Antes de fundar elPeriódico, José Rubén Zamora había dado creación a otros impresos que, como Siglo XXI y Nuestro Diario llegaron a convertirse en alguna época en los más importantes del país.

En 1994, la Universidad de Columbia le otorgó el premio Maria Moors Cabot y ese mismo año, junto con Verónica Guerín, obtuvo del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) el International Press Freedom Awards por su defensa de la libertad de expresión, al tiempo que en 2000 fue reconocido por el Instituto Internacional de Prensa (IPI) como uno de los 50 héroes de la libertad de prensa del siglo XX.

En estos días la televisión noruega comienza a filmar una serie sobre su vida. Para algunos, de esta notoriedad pública depende su existencia.

DE APAGONES LEGISLATIVOS

La comisión de la SIP “mostró especial preocupación por el monopolio de televisoras que afecta al país... los gobiernos no pueden tener excusas en el manejo inapropiado de la distribución de licencias de operación de medios electrónicos, en consideración de ser recursos finitos, que pertenecen a la sociedad”.

Lo que no fue motivo de regocijo para varios de los denunciados con frecuencia a través de El Peladero, como Ángel González, que logró del Gobierno guatemalteco una extensión por 25 años en la concesión de los canales que gestiona en el país.

De medios controlados por González, magnate de la televisión y la radio en varios países, partieron agravios contra Claudio Paolillo y Gonzalo Marroquín, expresidente de la SIP.

Ambos fueron acusados de ser agentes de la CIA y de Paolillo se dijo que las críticas a González son una venganza por no haber podido adquirir una estación de radio.

Ante el infundio, Paolillo estalló en carcajadas: “Si yo nunca he sido empresario de ninguna cosa; siempre he sido un empleado”.

La manera como fue aprobada dicha extensión es todo un cuento de antología política.

Prácticamente paralizado durante todo un período, debido a las interpelaciones entre sus miembros, el Congreso se puso frenéticamente en movimiento.

A la hora de votar se produjo un apagón que oscureció, es obvio, las pantallas que mostraban la votación. Al regresar la luz, todo estaba hecho.

Eso es transparencia para algunos gobiernos.

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