LAS SECUELAS DE LAS CRISIS DEL GOBIERNO DE RICARDO MARTINELLI

Tres diálogos con pactos que no se han cumplido

Indígenas ngäbes dicen que el 97% de lo acordado tras el diálogo de marzo pasado no se ha hecho realidad. Víctimas de la Ley 30 también se quejan.

Con la mesa de conversaciones que se instaló el pasado miércoles en Colón, el gobierno del presidente, Ricardo Martinelli, completa cuatro diálogos en tres años de administración.

Aunque los temas son distintos –“ley chorizo” [Ley 30], Ley 8 [ley minera] y Ley 415 [recursos minerales]–, el balance que hacen los actores de los distintos diálogos es el mismo: el poco cumplimiento por parte del Ejecutivo de los acuerdos pactados.

Bernardo Jiménez, vocero de la Coordinadora de Lucha Indígena de la comarca Ngäbe Buglé, y uno de los que participó en la mesa de consenso con representantes del gobierno, asegura que se les ha incumplido el 97% de los compromisos pactados.

Jiménez, hijo de la cacica Silvia Carrera, líder de la comarca y protagonista de ese diálogo, agrega que se estableció un compromiso de peritaje e inspección en la hidroeléctrica de Barro Blanco de manera expedita y urgente, pero “al sol de hoy, el gobierno ha puesto una serie de trabas que no sabemos los resultados del peritaje”, dijo.

Tampoco se ha formado la comisión que, de acuerdo con lo pactado, evaluaría el tema de las hidroeléctricas en las aéreas anexas y limítrofes de las comarcas. Esto a raíz de que el centro del debate giró en torno al impacto de la hidroeléctrica Barro Blanco en los recursos naturales de sus territorios.

Además, afirma, no se les ha dado apoyo a familias de los muertos: Jerónimo Rodríguez Tugri, Mauricio Méndez y Abraham Montezuma.

Fue el segundo diálogo en menos de un año en el que participaron los ngäbes. En marzo de 2011 ya habían pasado por un proceso similar, tras las violentas protestas generadas por la oposición a Ley 8 de febrero de 2011, que reformó el Código de los Recursos Minerales.

DE LA ´LEY CHORIZO´

Otro de los que también se queja por la apatía de la administración de Martinelli para hacer valer lo acordado en las conversaciones, es Genaro Bennett, secretario general del Sindicato de los Bananeros de Bocas del Toro, que participó en otro diálogo que se creó a raíz de la crisis suscitada por los violentos disturbios luego de la aprobación de la ´ley chorizo´ [Ley 30] que buscaba reformar tres códigos y seis leyes.

Según Bennett, pese a que se estableció en el acuerdo firmado el 10 de julio de 2010 que no habría persecución contra los manifestantes, la realidad ha sido otra. “Siguen llamando gente a la Fiscalía Segunda en Changuinola a rendir declaraciones”, dijo.

Otro de los puntos pactados fue el de indemnizar a los afectados en las manifestaciones; además de que se les daría una pensión permanente, incluso se les prometió que se presentaría un proyecto ante la Asamblea Nacional para regular este tema, pero eso, dijo el dirigente, “no se ha cumplido hasta la fecha”. “Sí han dado meriendas, algunas ayudas económicas, sillas de ruedas... ”, sostuvo.

LARGA ESPERA

Precisamente ayer, Jacinto Quintero, presidente de los afectados por los disturbios en Changuinola, habló del tema. Dijo que están en espera de que el gobierno eleve a ley de la República la resolución de ayuda humanitaria que fue pactada en las negociaciones que se dieron luego de los disturbios en Changuinola, que ocasionaron la muerte de dos trabajadores y 700 heridos. 80 de ellos están lisiados con perdigones en el cuerpo, mientras que una decena quedó con ceguera parcial o total.

Este medio contactó al ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, coordinador del diálogo por Colón, y quien también participó en la mesa de conversaciones con los indígenas de la comarca Ngäbe Buglé, para conocer su versión sobre las inquietudes de esa comunidad, pero su asistente dijo que estaba en una reunión y que no podía atender la llamada.

LA IGLESIA

Si bien el fondo es distinto, en estos tres diálogos la forma es la misma: se armaron luego de que el presidente Martinelli derogara una polémica ley, tras el rechazo popular. En todos la Iglesia católica ha tenido un papel preponderante. Los obispos José Domingo Ulloa y José Luis Lacunza participaron activamente en los tres anteriores. Mientras que el obispo Audilio Aguilar ha mediado en el de Colón.

En ninguna de las tres mesas de debates ha participado el presidente Martinelli, pese al reclamo de los actores. La cacica Silvia Carrera, por ejemplo, en el diálogo para consensuar una ley para la protección de los recursos naturales de su comarca, reclamó durante días la presencia del mandatario, petición que no se concretó. Hoy reclama lo mismo para Colón.

En su administración, el perredista Martín Torrijos también convocó a distintos diálogos con varios sectores de la sociedad. El más importante de ellos fue el que celebró para modificar la ley de la Caja de Seguro Social, ante la inminente crisis que por esos días azotaba esa entidad. En esa ocasión, el Ejecutivo también tuvo que echar para atrás sobre una ley que ya había sido aprobada.

En ese mismo gobierno también nació la Concertación Nacional para el Desarrollo.

(Con información de Pedro Rodríguez).

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