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CONTRATOS DE FINMECCANICA

Las inconsistencias de Mulino

El exministro pretende desvincularse de la compra directa de los radares a Selex, sin embargo, hay evidencias que refutan sus alegaciones.

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José Raúl Mulino alegó desconocer la sociedad Agafia –aunque sí había oído hablar de ella su viceministro Alejandro Garuz- (al fondo). Pero, tras estallar el escándalo de las comisiones, Mulino se negó a suspender los contratos. José Raúl Mulino alegó desconocer la sociedad Agafia –aunque sí había oído hablar de ella su viceministro Alejandro Garuz- (al fondo). Pero, tras estallar el escándalo de las comisiones, Mulino se negó a suspender los contratos.
José Raúl Mulino alegó desconocer la sociedad Agafia –aunque sí había oído hablar de ella su viceministro Alejandro Garuz- (al fondo). Pero, tras estallar el escándalo de las comisiones, Mulino se negó a suspender los contratos. Archivo

El exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino –en detención preventiva desde el pasado lunes– ha negado en rotundo su implicación en la compra irregular a la empresa Selex de 19 radares, por $125 millones. Sin embargo, los argumentos en su alegato defensivo pecan de imprecisión o, más bien, de tergiversación.

Mulino dijo, mediante comunicado público el día de su detención, que “lo único que ha hecho es cumplir con las directrices del Estado, emanadas de un Consejo de Gabinete, donde fueron presentados los contratos en mención”. Pero resulta que quien, precisamente, presentó al Consejo de Gabinete los contratos fue él. Mulino presentó, sustentó y negoció los contratos con Selex, subsidiaria de Finmeccanica.

En su declaración ante la Fiscalía Tercera Anticorrupción, el exfuncionario señaló al entonces canciller Juan Carlos Varela y a los que fueran ministros de Economía y Finanzas Alberto Vallarino y Dulcidio De la Guardia como los últimos responsables del millonario negocio. Pero el artículo 181 de la Constitución señala claramente su responsabilidad ante los contratos que, como titular del ministerio, firmó.

Premura

El contrato con Selex presenta una serie de irregularidades cuya responsabilidad directa recae sobre él.

En tan solo 34 días, Mulino preparó, negoció, evaluó y defendió ante el Gabinete dos contratos de enorme magnitud y complejidad técnica por un valor de más de $200 millones, que incluía un supuesto sistema integrado de seguridad, de protección de fronteras –mediante radares– para controlar la criminalidad y el narcotráfico costero y el apoyo a misiones de rescate y emergencias marítimas, así como la compra de una flota de helicópteros.

Y lo hizo sin que existiera un estudio previo, sin pliegos de referencia, sin licitación pública y sin que ni siquiera el Servicio Aeronaval hubiera opinado al respecto. No existe estudio que sustente por qué los radares o los helicópteros fabricados por las filiales de Finmeccanica le convenían a Panamá.

En algún momento, Mulino alegó que existía un estudio de la Consultora McKensey que sustentaba dichas compras. Sin embargo, cuando los medios lograron acceso a este, quedó en evidencia que por ningún lado se recomendaba la compra de radares ni de helicópteros.

De hecho, la premura en la adquisición le ha salido muy cara a Panamá. “Los radares no son funcionales”, no son aptos para detectar las pequeñas lanchas que utilizan los narcotraficantes para introducir la droga por las costas panameñas, reveló el presidente Juan Carlos Varela y el ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, en repetidas ocasiones.

Sobreprecios

También recae sobre los hombros del exministro la negociación del precio pactado. Al no haber habido licitación pública, nunca se supo si el precio negociado –sin parámetros de referencia y en total hermetismo– era justo. De hecho, cuando el diputado Jorge Alberto Rosas denunció en 2012, en la Asamblea Nacional, un posible sobrecosto en los radares –luego de comparar los precios de equipos similares vendidos por Selex a otros países– el entonces ministro Mulino no solo lo desmintió, sino que atacó al diputado llamándolo “rosita”.

Igual desacreditación recibió la excandidata presidencial Balbina Herrera, cuando, pruebas en mano, denunció públicamente la existencia de coimas en estas adquisiciones, tras haber recibido información de parte de uno de los italianos involucrados en el escándalo.

Investigaciones adelantadas por los fiscales italianos dan cuenta de que, en efecto, en el precio pactado existía un sobreprecio de, al menos, un 10%.

Para las autoridades italianas, la existencia de la sociedad Agafia Corp., que de manera oculta recibiría el 10% del precio de la compra, no era otra cosa que el pago de una coima que tendría como beneficiarios al expresidente Ricardo Martinelli y al italiano Valter Lavítola.

Por este caso se adelanta un proceso por corrupción internacional en Roma a Lavítola y a un alto ejecutivo de Finmeccanica, cuya audiencia se reanuda mañana.

Secretismo

Asimismo, los contratos presentan una serie de irregularidades técnicas que refieren, en primer lugar, a su falta de trasparencia.

Mulino se encargó de mantenerlos en secreto al pedir una excepción para saltarse la Ley de Contrataciones Públicas que, entre otras cosas, establece la obligación de publicarlos en la Gaceta Oficial.

De manera que el texto del contrato de compra de los radares –que incluía cláusulas muy beneficiosas para los vendedores italianos y desconocidas para la ciudadanía– nunca fue publicado en el boletín oficial del Estado.

Cuando los medios de comunicación exigieron ver los contratos, Mulino denunció públicamente a quienes criticaban la falta de transparencia alegando que estaban favoreciendo el narcotráfico.

Conflicto de interés

Pero eso no es todo. El artículo 16, numeral 2 de la Ley 22 de 2006 de Contrataciones Públicas prohíbe expresamente que la empresa adjudicataria participe o intervenga de alguna manera en la elaboración de la contrata pública. Sin embargo, la sociedad VL Consulting, propiedad de Valter Lavítola, fue específicamente contratada por Finmeccanica –por un pago mensual de 35 mil euros– para asistir en la preparación, celebración y adjudicación de los contratos, tal como confirma la relación contractual entre VL Consulting y Finmeccanica, así como declaraciones de varios testigos, entre ellos, el propio Lavítola.

Lavítola –que entonces era consultor de Finmeccanica– reconoció en los tribunales italianos que participó del lado panameño y maniobró en las resoluciones de los contratos firmados entre el anterior gobierno de Panamá y las subsidiarias de la empresa italiana. En otras palabras, Lavítola participó de los dos lados en los contratos firmados y ejecutados por Mulino.

Comisiones o coimas

Las investigaciones de los fiscales italianos sobre la corrupción internacional en Panamá se filtraron a los periódicos italianos, frustrando los planes de empresarios y los políticos que pretendían desviar unos $60 millones en las adjudicaciones a Finmeccanica y Svemark (esta última, vinculada al fallido proyecto de construir cárceles modulares).

En noviembre de 2011, La Prensa empezó a reportar los avances de estas indagaciones que al momento estaban bajo secreto de sumario.

En abril de 2012, luego de estallar el escándalo en los medios de comunicación, Mulino decidió viajar a Italia para informarse de las investigaciones judiciales que implicaban a Panamá.

Si antes desconocía la existencia de una comisión secreta en favor de Agafia, tras su viaje a Roma ya no podía justificar su ignorancia sobre ello. Sin embargo, negó públicamente su existencia.

En vez de ordenar una investigación, denunció una campaña para desacreditar al gobierno de Martinelli y hasta desvinculó a Panamá del tema, asegurando que ese un tema “entre italianos”.

El tiempo dio la razón a los fiscales italianos, quienes dieron con los contratos que sustentaban la “comisión” por una suma que equivalía a $25 millones.

Una última adenda

El 26 de mayo de 2014, Mulino se abrogó una responsabilidad directa adicional que favorecería a la empresa italiana.

Tras la derrota de Cambio Democrático en las elecciones, y en medio del escándalo de corrupción que giraba en torno a las compras a Finmeccanica y luego de que se conocieran los problemas técnicos de los primeros radares (el propio Mulino reconoció en aquel momento que había ya problemas de calibración), el exministro de Seguridad Pública otorgó una adenda a Selex. El tiempo de entrega e instalación había vencido y la empresa habría incumplido el contrato.

El entonces ministro le extendió unilateralmente el plazo de entrega por nueve meses adicionales. En esta actuación no contó con la autorización del Consejo de Gabinete, ya que fue una resolución ministerial.

Si Mulino no hubiera prorrogado el contrato –menoscabando los intereses del Estado panameño con su decisión– la empresa no habría podido cumplir sus obligaciones a tiempo y Panamá se habría podido ahorrar unos cuantos miles de dólares y una batalla legal que apenas comienza.

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