ENTREVISTA

Las lecciones de un fiscal

El fiscal que le imputó cargos al presidente Pérez Molina, dice que la independencia es clave en el éxito de un caso judicial de alto perfil.

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El 3 de septiembre de este año, el día en que le formuló cargos al entonces mandatario de Guatemala, el fiscal José Antonio Morales pronunció su discurso sentado. La razón: le temblaban las piernas. Estaba nervioso. El 3 de septiembre de este año, el día en que le formuló cargos al entonces mandatario de Guatemala, el fiscal José Antonio Morales pronunció su discurso sentado. La razón: le temblaban las piernas. Estaba nervioso.
El 3 de septiembre de este año, el día en que le formuló cargos al entonces mandatario de Guatemala, el fiscal José Antonio Morales pronunció su discurso sentado. La razón: le temblaban las piernas. Estaba nervioso. Jorge Fernández

¿Cómo se procesa al Presidente de un país? José Antonio Morales participó activamente en la investigación que sacó a Otto Pérez Molina de la Presidencia de Guatemala, luego de que se le endilgara la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación tributaria y cohecho; los mismos cargos que despojaron de su puesto a Roxana Baldetti, quien fungía como vicepresidenta.

Morales es el fiscal especial contra la impunidad del país centroamericano, el hombre que el 3 de septiembre de este año imputó los cargos al mandatario en una ruidosa audiencia que marcó un antes y un después en la historia política de Guatemala. El fiscal visitó Panamá para participar en un evento anticorrupción organizado por Alianza Ciudadana Pro Justicia, el Colegio Nacional de Abogados y otras organizaciones.

Las escuchas telefónicas, el polémico método de interceptación de comunicaciones que en Panamá tienen al expresidente Ricardo Martinelli al borde de una audiencia de imputación de cargos, en Guatemala se constituyeron en el ADN de esta macroinvestigación. Morales cuenta que se usaron entre 80 mil y 88 mil escuchas telefónicas. Fue precisamente una llamada telefónica efectuada en noviembre de 2014, narra, la que involucró a Pérez Molina en el proceso. En el mundo de la organización que el fiscal denomina “criminal”, el Presidente era llamado como el número uno, y ella [Baldetti] como la número dos.

La sofisticada red que según las investigaciones encabezaban Pérez Molina y Baldetti, habrían recibido sobornos de empresarios para evadir millonarios impuestos aduaneros. Al caso se le llamó“La Línea” porque la red tenía una línea telefónica que era el canal de comunicación que tenían con el importador que deseaba ingresar la mercancía.

LA COMISIÓN

La fiscalía no actuó sola. En la ecuación judicial participó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un aporte de Naciones Unidas en la lucha contra la corrupción en ese país. Morales explica que el Ejecutivo en principio quería que este organismo fuera un investigador paralelo al Ministerio Público (MP), pero había un gran inconveniente: eso estaba prohibido por la Constitución. Se le consultó a la Corte de la Constitucionalidad y falló que no podía operar de esa manera, pero recomendaron que podría trabajar con el MP. Nació, lo que es hoy la Fiscalía Especial contra la Impunidad.

¿Cómo trabajaron con las escuchas para no violar la intimidad de los ciudadanos?

Deben tener una autorización judicial. Que un juez valore la necesidad e idoneidad de realizarlas. Se puede intervenir, no escuchar, los números autorizados por el juez. Cuando sale a relucir otro número que nos podría interesar, tenemos que solicitar que nos autoricen intervenir ese otro teléfono. Y así vamos escalonando hasta lograr conformar una investigación como en este caso.

¿Con qué recursos contaron para la investigación?

La fiscalía viabiliza la función de la Cicig, eso nos ha permitido como unidad especial, el tener equipos de seguimiento policial, de análisis financiero, de análisis criminal, entre otros, que han permitido que se explote este método especial de interceptación. Cuando existe una escucha telefónica, la unidad de métodos especiales graba la escucha, la traslada a la fiscalía que tiene la investigación, se pasa a la unidad de análisis y luego se determina si hay la comisión o no de un hecho delictivo. El éxito de esto fue que nosotros en tiempo real estábamos recogiendo audios, los cuales eran analizados después.

¿Cómo incidió la reacción ciudadana en la investigación? ¿Se sintieron presionados?

Se le llamó clamor popular. En las sociedades latinoamericanas, en las que lamentablemente tenemos tradición de corrupción, hay un círculo vicioso: la gente no confía en sus instituciones y al no confiar en ellas es temerosa de colaborar. Los funcionarios muchas veces nos excusamos en que no hacemos nada porque la sociedad no colabora. Ese divorcio que existe por el alto grado de impunidad en nuestros países, se rompió en este caso. Y la gente empezó a creer. Fueron marchas pacíficas, a partir del 25 de septiembre prácticamente 9, 10 días, después de que el caso de “La Línea” se judicializó, constantemente todos los sábados a las 3:00 de la tarde en la plaza central de Guatemala había gente reunida. Así fue durante 22 semanas consecutivas, que hoy son 36. No se puede decir que el clamor popular procesó a estas personas, pero influyó. Mucho.

¿Qué aspectos determinaron el éxito del caso?

Se necesita primero que las personas que dirigen las instituciones sean independientes. El problema es que estas personas, al menos en Guatemala, son nombradas por el Ejecutivo. La independencia es importante para que en el momento en que se determine la posible participación de un alto mando del Ejecutivo, no exista ningún problema para que sea procesado. Se necesita la participación social. La sociedad debe creer en sus instituciones y debe de apoyarlas. Y la objetividad. No dejarnos arrastrar por esa exigencia popular y judicializar un caso. Se debe someter una persona a un proceso cuando realmente el elemento probatorio esté disponible. Tuvimos presión. La gente exigía que el Presidente y la vicepresidenta fueran procesados pero, los tiempos procesales y los tiempos políticos son tiempos distintos.

A su juicio, ¿cuál es el perfil de un buen fiscal?

Un buen fiscal es como cualquier buen servidor público. Tiene que entender que está para servir y para anteponer los intereses de sus funciones a cualquier interés personal. No necesita cualidades especiales, obviamente tiene que ser un buen conocedor del derecho, y tener mucha voluntad.

¿Qué sintió cuando le anunció los cargos al Presidente?

Con honestidad comento que no soy un gran orador y normalmente los buenos oradores hacen de pie sus discursos. Yo lo hice sentado porque me temblaban las piernas, pero procesalmente hablando es lo mismo. Procesar a una persona que roba X cosa o a un funcionario de alto nivel, es lo mismo. El problema es la fiscalización que la sociedad estaba haciendo en este caso. No es normal que la televisión, por ejemplo, transmitiera las audiencias completas. Entonces esto sí me generó mucho nerviosismo, mucha presión. Solo soy la cara pública de la imputación porque me tocó la suerte de hacerlo, pero en este caso participó un gran equipo de trabajo.

¿Miedo?

No el miedo que se podría tener por perder la vida. Miedo de enfrentar cosas que no había enfrentado, que creo que son válidas, y no tengo ningún obstáculo en decirlo. Pero había que hacerlo. Como fiscal no tengo nada especial, pero si yo pudiera valorar algo en mi favor, sería que es el de cero tolerancia a la corrupción.

¿La Fiscal General les prohíbe darle información a los medios?

No existe ninguna política que limite el que un fiscal pueda dar información. Obviamente uno es respetuoso de varias cosas: la primera es que hay una unidad de prensa que es la que normalmente informa. La segunda es que hasta que se judicializa [un caso] siempre son las máximas autoridades las que en una rueda de prensa informan, y la tercera es que uno como fiscal debe ser muy cauto.

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