REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP

Una libertad en franco deterioro

Libertad de expresión en Venezuela, punto central de la asamblea de la Sociedad Interamerica-na de Prensa, que se realiza en Barbados.
Venezolanos residentes en Barbados se dieron cita en el salón donde se lleva a cabo la reunión de la SIP, para dar su apoyo a los representantes de Venezuela que acudieron a denunciar la situación de su país. LA PRENSA. Venezolanos residentes en Barbados se dieron cita en el salón donde se lleva a cabo la reunión de la SIP, para dar su apoyo a los representantes de Venezuela que acudieron a denunciar la situación de su país. LA PRENSA.
Venezolanos residentes en Barbados se dieron cita en el salón donde se lleva a cabo la reunión de la SIP, para dar su apoyo a los representantes de Venezuela que acudieron a denunciar la situación de su país. LA PRENSA.

El creciente deterioro de la libertad de expresión en Venezuela, que pasa por los ataques a periodistas, medios y una cada más violenta represión contra los opositores, ocupó ayer la atención de la asamblea de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se desarrolla en Bridgetown, Barbados.

Con 230 inscritos en representación de 23 países, una de las asistencias más altas en la primera cita anual del organismo, la SIP analiza el estado de la libertad de prensa en el hemisferio durante los últimos seis meses, esta vez desde su pasada asamblea general en Denver, Colorado, Estados Unidos.

Durante ese período, informó Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la SIP, se registraron los asesinatos de nueve periodistas en la región, mientras persiste en distintos países el acoso policial y tributario contra comunicadores y medios, al igual que la discriminación en la adjudicación de la publicidad estatal, y las campañas de difamación de grupos afines a gobiernos que se resisten a rendir cuentas de sus actos, que son investigados por los medios independientes.

Paolillo convocó a los más de mil 300 miembros de la SIP, y a los países y medios por ellos representados, a materializar una solidaridad concreta con Venezuela, imitando el ejemplo de Andiarios de Colombia, que ha enviado remesas de papel a sus colegas del país vecino.

Este día se inició con la presentación de los llamados informes país por país.

En los reportes de Argentina y Ecuador se destacó el comportamiento arbitrario de sus respectivos gobiernos para con el periodismo independiente, y la política oficial de normar la información como un privilegio del Estado y no un derecho ciudadano.

En ambos casos se pone de manifiesto una intolerancia absoluta a la crítica. En Ecuador, por ejemplo, la publicación de una caricatura política acarrea riesgos inverosímiles, y una noticia contraria al régimen, la posibilidad de castigos fiscales que, escalonados por reincidencia, pueden llegar hasta más del 2 mil por ciento.

Esperado con gran expectativa por los asistentes y la prensa internacional, el informe de Venezuela, recuento detallado de los exabruptos del gobierno que en la actualidad encabeza Nicolás Maduro, enfrentado con denuedo en las últimas semanas por resistencia estudiantil y cívica que ha ocasionado 39 muertes, fue acompañado por videos que documentan e ilustran la represión de un régimen que cada día supera sus cotas de brutalidad.

El informe, sellado con una ovación de pie por parte de los asistentes, entre los que se hallaba un grupo de venezolanos que pedía solidaridad con su país, fue seguido por un panel en el que tomaron parte el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, el analista mexicano Jorge Luis Sierra y la periodista colombiana Claudia Gurisatti.

Ledezma denunció que “el gobierno de Maduro alteró la historia del país cambiando los paradigmas patrios por los cubanos, que ha establecido una dieta de papel para silenciar a los medios impresos opositores, única vía de expresión que le queda hoy a cualquier posibilidad de democracia en Venezuela”.

Instó a las naciones del hemisferio a no guardar silencio cómplice con lo sucede en su país y llamó a la solidaridad de las empresas periodísticas de las Américas a seguir el ejemplo de los diarios colombianos que han proporcionado papel para que periódicos venezolanos no vean apagadas sus voces independientes.

Ledezma hizo hincapié en que la oposición no es contraria a un diálogo para encontrar una salida a la crisis, la cual en todo caso tendrá que ver con la observancia estricta de la Constitución, pero que el gobierno no quiere dialogar sino verlos arrodillados. También citó a Orwell: “toda dictadura engendra su propia revolución”.

En tanto, Sierra presentó un análisis acerca del crecimiento sostenido, hasta ahora, en más de un 200% de los ataques del gobierno contra los periodistas venezolanos, acciones que se extienden ya por todo el territorio del país, e hizo demostración de una herramienta informática que permite registrar los agravios y violaciones de que son objeto los comunicadores, lo que proporciona una estadística actualizada en esta materia.

CASO NTN24

Por su parte, Claudia Gurisatti, directora de la cadena NTN24, hizo un recuento de los hechos que condujeron al cierre dispuesto por Nicolás Maduro de sus operaciones en Venezuela el 12 de febrero.

Enfatizó en que como medio independiente, la cadena servía de espacio plural para la divulgación de las voces del espectro nacional venezolano y reiteró el compromiso de NTN24 de continuar al servicio de la verdad, dondequiera que los hechos tengan lugar.

En la sesión, el director de El Nacional, Miguel Henriquez Otero, destacó que quienes mayor riesgo corren hoy en Venezuela son los reporteros gráficos, ya que fotógrafos y camarógrafos son el objetivo principal de la represión, lo que impulsa a los ciudadanos a documentar con sus elementos móviles los procederes arbitrarios de las autoridades.

En Panamá persiste la hostilidad del gobierno

El informe presentado ayer por Panamá ante la SIP indica que en el país persiste la hostilidad de las autoridades, desde el Presidente de la República hasta ministros y diputados, hacia el libre ejercicio del periodismo independiente, estigmatizándose a diarios y periodistas como elementos de la “opo”, lo que es un riesgo para el ejercicio adecuado de la profesión.

Se da, dice el documento, una serie de procesos presentados en la jurisdicción civil por personas naturales o jurídicas allegadas al gobierno contra varios medios de comunicación, que buscan, a través de condenas, resarcir supuestos perjuicios. Las sumas reclamadas son desproporcionadas y conllevarían una limitación en el ejercicio pleno de la libertad de prensa. El 28 de febrero de 2014, el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, dispuso la negativa de los medios de comunicación para acceder a la información que genere dicha dependencia, bajo el argumento de que se trata de temas de seguridad nacional, con independencia de la material que se trate.

Además, continúa el cerco informativo del gobierno a La Prensa, diario que sigue presentando hábeas data ante la Corte Suprema de Justicia sobre diversos temas de interés público, sin obtener respuestas, a pesar de que la ley indica que en 24 horas deben ser resueltos.

También, el 18 de marzo pasado le fue solicitada su renuncia al juez cuarto penal de circuito de Panamá, Alexis Ballesteros, por aceptar apelación de La Prensa. De acuerdo con Ballesteros, esto obedeció a no “seguir indicaciones” y revocar el archivo del proceso seguido a trabajadores de la empresa Transcaribe Trading, S.A. (TCT) por el bloqueo a Corporación La Prensa (Corprensa) el 2 y 3 de agosto de 2012.

El 3 de abril, el fiscal electoral, Eduardo Peñaloza, presentó denuncia penal contra La Prensa y Mi Diario, alegando que una publicación en la cual se informa que sus hijos trabajan en el gobierno, es una violación a su intimidad que, además, los pone en peligro, por lo que exige se investigue a los responsables y se les castigue.

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