AGROINDUSTRIA

Banapiña importa retoños de banano de Costa Rica

La filial de Del Monte tiene programado invertir 100 millones de dólares en un plazo de siete años en el proyecto bananero de Barú.

Gestionan traslado de partida por 9.3 millones de dólares

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La siembra de las primeras 650 hectáreas se cultivarán en las fincas Jobito y Mango. Por hectárea se prevé cosechar 2 mil 725 cajas de banano que serán exportadas a Estados Unidos. Ricardo Iturriaga- La siembra de las primeras 650 hectáreas se cultivarán en las fincas Jobito y Mango. Por hectárea se prevé cosechar 2 mil 725 cajas de banano que serán exportadas a Estados Unidos. Ricardo Iturriaga-
La siembra de las primeras 650 hectáreas se cultivarán en las fincas Jobito y Mango. Por hectárea se prevé cosechar 2 mil 725 cajas de banano que serán exportadas a Estados Unidos. Ricardo Iturriaga-

La empresa Banapiña de Panamá importó de Costa Rica 1.2 millones de meristemos (retoños de plantas madre) de la variedad de banano “gran naim” con la que se pretende reactivar a fin de mes la actividad bananera en la región de Barú, provincia de Chiriquí.

“El sábado de la semana pasada llegaron al corregimiento de Rodolfo Aguilar Delgado los meristemos de banano que fueron colocados en bolsas pláticas para su ambientación. Se estima que entre cuatro y cinco semanas estén listos para la siembra”, dijo Humberto Serrano, representante del Ministerio de la Presidencia en la comisión especial pro reactivación del sector bananero en Barú.

En esta primera etapa están programadas cultivarse 650 hectáreas de banano, 320 hectáreas menos que las establecidas en el estudio de impacto ambiental (EIA) categoría II , aprobado por el Ministerio de Ambiente.

“El recorte en el cronograma de siembra se debe a que hubo un retraso en la resolución de aprobación del EIA. El estudio de impacto ambiental se aprobó en febrero y, según la empresa, ya no les alcanzaría el tiempo para sembrar las 970 hectáreas programadas en 2018, en las fincas Jobito y Mango”, explicó Serrano.

Las fincas Jobito y Mango forman parte de las mil 770 hectáreas que el Estado arrendó a un grupo de extrabajadores de la C ooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (Coosemupar), para reactivar la producción bananera en la región occidental del país.

La filial de la estadounidense Del Monte tiene programado invertir en los próximos siete años 100 millones de dólares en este proyecto que prevé generar 3 mil empleos directos.

El proyecto comprende el desarrollo de 10 fincas bananeras ubicadas en un área aproximada de 4 mil 737 hectáreas.

La producción de banano se desarrollará en 3 mil 600 hectáreas, a razón de 970 hectáreas por año, con una productividad anual promedio de 2 mil 725 cajas de banano por hectárea.

La filial de Del Monte ha contratado personal directo e indirecto en la zona de Barú, informó Serrano.

Entre labores administrativas y limpieza de malezas en campo se ha contratado a más de 100 personas.

El proveedor de los meristemos también contrató personal del área para la construcción de las galeras y mantenimiento de los viveros.

Igualmente se contrató a 10 empresas de equipo pesado para las labores de limpieza de canales, reparación de fuentes de agua y nivelación del terreno para la siembra.

Estas fincas se encontraban cubiertas por rastrojos y cultivos de subsistencia como es el caso de maíz, frijol, yuca, banano, entre otras, debido al abandono de la actividad bananera por la salida de Chiquita Brands y otras causas posteriores.

La producción de banano de la variedad “gran naim” de la empresa Banapiña de Panamá se pretende exportar hacia Estados Unidos.

Gestionan traslado de partida por 9.3 millones de dólares

El Ministerio de la Presidencia gestiona en la Asamblea Nacional un traslado de partida de $9.3 millones para hacerle frente a algunos pagos pendientes, informó Humberto Serrano, miembro de la comisión especial pro reactivación del sector bananero en Barú.

Con estos recursos se pagará a 128 productores de fincas que fueron expropiadas y se cancelarán 103 contratos de arrendamiento que quedaron fuera de la vigencia fiscal. También se pagará una compensación económica a 220 productores que han manifestado su intención de retirarse voluntariamente de 800 hectáreas estatales que fueron invadidas, entre otras cuentas pendientes.

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