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Tribunal confirma rescisión del contrato de TCT sobre la autopista Arraiján-La Chorrera

El MOP ha resuelto administrativamente cinco contratos de Transcaribe Trading y ha inhabilitado a la empresa por tres años.

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El MOP detectó una serie de deficiencias en la ejecución de la carretera. Entre ellas, la mala disposición de la barrera de jersey que separa ambas calzadas y la nivelación de la vía. El MOP detectó una serie de deficiencias en la ejecución de la carretera. Entre ellas, la mala disposición de la barrera de jersey que separa ambas calzadas y la nivelación de la vía.
El MOP detectó una serie de deficiencias en la ejecución de la carretera. Entre ellas, la mala disposición de la barrera de jersey que separa ambas calzadas y la nivelación de la vía. Archivo

El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas dio la razón al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y confirmó la resolución administrativa del contrato de la ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera, adjudicado por la pasada administración a la constructora Transcaribe Trading (TCT).

Además, el MOP le ha rescindido a TCT otros cuatro contratos adjudicados en esta administración, mientras que la empresa elevó recursos de reconsideración al Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.

La ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera fue adjudicada en 2010 a TCT por el exministro de Obras Públicas Federico José Suárez, por $152 millones, monto que fue elevado a $161.8 millones, luego de una adenda aprobada todavía durante la gestión del expresidente Ricardo Martinelli.

La obra ha estado rodeada de cuestionamientos por supuestos sobrecostos, deficiencias y por demoras.

Además, según la tesis del Ministerio Público, parte del anticipo que recibió TCT por este contrato se habría destinado a la compra de Editora Panamá América, propietaria de varios medios de comunicación.

A pesar de los cuestionamientos alrededor de la obra, en marzo de 2013 el MOP entregó el acta de recibo sustancial.

Ello implicaba que el Estado haría uso de la infraestructura, pero en esta se anexaron una serie de trabajos por realizar y por reparar.

Estas obras no se llegaron a culminar, a pesar de las diversas comunicaciones del MOP. Según el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, hay constancia de más de 20 comunicaciones del MOP al contratista señalando los incumplimientos que se reclamaban.

El actual ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena, dijo que cuando asumió la posición, en julio de 2014, le llamó la atención que la carretera se había construido de manera insegura.

Arosemena destacó, entre los defectos, la mala disposición de la barrera de jersey que separa ambas calzadas. Esta barrera debe ser continua para que, en caso de impacto, el carro se mantenga en su calzada y no invada el carril contrario.

También se detectaron deficiencias en la nivelación de la carretera. En caso de lluvia, el agua debe correr hacia los laterales de la carretera para evitar que se acumule en el interior de la vía. En esta obra sucedería lo contrario.

Luego de una consulta elevada por el MOP, la Contraloría General de la República recomendó que se ejecutara la fianza de cumplimiento para completar los trabajos y reparar los defectos existentes.

“El Estado pagó por un proyecto con estándares de primera y no podemos aceptar ni recibir un producto de mediocre calidad”, destacó entonces el contralor Federico Humbert.

Una de las posibles salidas para culminar el trabajo era la selección de otro contratista bajo la supervisión de la afianzadora.

TCT sometió como subcontratista para la terminación de los trabajos a Constructora Meco. Aunque la Dirección de Administración de Contratos del MOP aprobó el subcontratista, ni TCT ni Meco retomaron los trabajos.

Este último incumplimiento llevó al MOP a iniciar el trámite para resolver administrativamente el contrato, decisión que quedó plasmada en la resolución 134 del 27 de julio de 2017.

El representante legal de TCT, Daniel Ochy —detenido preventivamente en el marco de una investigación por supuestos sobrecostos de la carretera— presentó a través de sus abogados un recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.

La empresa asegura que se violó el debido proceso, así como los principios de buena fe y de legitimidad de los actos de la administración.

Defiende que en el pliego de cargos se establecía que la subcontratación de empresas debía ser autorizada mediante resolución ministerial, algo que no sucedió en el caso de la propuesta para que Meco retomase los trabajos. Para el MOP, este es un argumento “dilatorio e improcedente”, ya que la Dirección de Administración de Contratos tiene esa facultad y esta dependencia sí autorizó a Constructora Meco.

TCT alega, además, que al haberse otorgado el acta de recibido sustancial de la obra, el contrato fue cumplido y, por lo tanto, el MOP ya no estaría en disposición de resolver administrativamente un contrato ya ejecutado.

Al respecto, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas determinó que el objeto del contrato no se había cumplido y por lo tanto sí procede la resolución administrativa.

El tribunal argumentó que “el incumplimiento por parte del contratista no es producto de un caso fortuito, fuerza mayor o en una causal no imputable a ella, sino a la falta de diligencia en el cumplimiento de las obligaciones pactadas”.

La decisión del tribunal agota la vía gubernativa y la empresa solo podrá recurrir ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Además, el dictamen avala la inhabilitación durante los próximos tres años de TCT, ordenada por el MOP.

La empresa, que fue una de las compañías locales con más proyectos de obra pública durante la administración de Ricardo Martinelli —actualmente detenido en Miami en el marco de un proceso de extradición a Panamá— no podrá celebrar contratos con el Estado por los próximos tres años.

TCT no solo habría perdido el proyecto para ampliar la autopista Arraiján-La Chorrera.

El MOP también rescindió otros cuatro contratos asignados a TCT durante esta administración. Se trata de cuatro proyectos del programa Asfaltando Tu Ciudad, que suman $24.3 millones.

En el caso del contrato para asfaltar calles de Panamá este, cifrado en $4.1 millones, la empresa debía haber entregado el proyecto en junio de 2017, pero su nivel de avance no llega al 28%.

La constructora presentó recursos de apelación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas por las cuatro resoluciones administrativas. Hasta la fecha, el tribunal ha fallado solo en uno de los casos a favor del MOP. Los otros tres siguen en proceso de decisión.

¿RECTA FINAL?

Según el MOP, el nivel de avance físico de los trabajos es de 93.46%, mientras que el avance financiero es de 88.9%. Hay un saldo pendiente de $19 millones, de los que $5.8 millones corresponden a trabajos pendientes de ejecutar y el resto a trabajos facturados por el contratista que no han sido pagados y que deberán verificarse con la aseguradora.

La fianza fue emitida por cuatro compañías: Global Bank Corporation (50.86%), Del Istmo Assurance (16.38%), Banco Internacional de Costa Rica (16.38%) y Nacional de Seguros (16.38%).

La aseguradora líder ha sido notificada y actualmente se están verificando los trabajos pendientes de ejecutar, señaló el MOP. Comenzará así un nuevo capítulo de la historia de una obra que dura más de siete años y cuyos protagonistas han sido las irregularidades y los escándalos.

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