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OPINIÓN

El pasado 14 de abril escribí sobre el Informe de Compras e Importaciones de Bienes y Servicios, identificado con el número 43, señalando las condiciones para su presentación establecidas en la Resolución 201-1182, emitida el 18 de abril de 2008. Igual advertí sobre el peligro de no cumplir con su entrega a la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (Anip) dentro del tiempo asignado para ello.

En esta ocasión amplío los diferentes informes que deberán presentarse ante la Anip, con las mismas condiciones de dicha resolución:

1. Certificación de intereses sobre préstamos hipotecarios residenciales sin interés preferencial;

2. Informe de fondos para jubilaciones, pensiones y otros beneficios;

3. Informe de aseguradoras-certificación de gastos médicos por asegurado;

4. Informe de compras e importaciones de bienes y servicios;

5. Informe de no declarantes (incluye a todas las entidades públicas, autónomas, semiautónomas y municipios). Además, a las asociaciones civiles, fideicomisos, a las fundaciones de interés privado, a las asociaciones sin fines de lucro, a las organizaciones sociales de trabajadores y empleadores, a las cooperativas, a las asociaciones de ahorros y préstamos y a las asociaciones accidentales, siempre que al 31 de diciembre del año anterior hayan recibido ingresos brutos por 1 millón o más, y/o poseído a esa fecha activos por un valor igual o superior a 3 millones de dólares.

Estos informes son una de las herramientas más importantes para la Anip, pues le permite fiscalizar los ingresos que deben ser reportados por los contribuyentes en su declaración jurada de renta para cumplir con las normas del Impuesto Sobre la Renta. En caso de diferencias, olvídese de solicitar el paz y salvo. Pero ahí no termina todo, pues todos esos informes también dan margen para comparar los ingresos para los efectos de las declaraciones del ITBMS, y ahí los conflictos fiscales pueden ser mayores.

Ahora bien, para poder ejercer su función fiscalizadora, que redunda en su labor como recaudadora de impuestos, la Anip recientemente expidió la Resolución 201-10452 que lleva por fecha el 16 de agosto de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del día 27 del mismo mes y año, por la cual ofrece “prórroga para la presentación de los informes exigidos por las resoluciones 201-1182 y 201-1183 de 2008”. Una jugada maestra, que le facilita a la Anip recibir información de gran valor fiscal a cambio de multas no impuestas.

La prórroga es por cuatro meses (vence el 16 de diciembre de 2013) y elimina de hecho las sanciones establecidas en el artículo 756 del Código Fiscal, confirmadas en las dos resoluciones señaladas en el párrafo anterior. Sin perjuicio de otras sanciones que puedan corresponder, el incumplimiento dará margen a las siguientes sanciones:

1 – En primera ocasión, multa de mil a 5 mil dólares y el cierre del establecimiento por 2 días;

2 – En caso de reincidencia, multa de 5 mil a 10 mil dólares y el cierre del establecimiento hasta por 10 días;

3 – Si persiste el incumplimiento la sanción de clausura del establecimiento será por 15 días.

Tales sanciones se aplicarán a la persona natural o jurídica y a los funcionarios públicos que no cumplan con la obligación de presentar los informes exigidos en las resoluciones antes señaladas. Por supuesto que a los funcionarios, a quienes la ley no identifica, posiblemente no se les impondrá las sanciones económicas, salvo que exista una línea de responsabilidad directa previamente asignada por escrito.

Finalizada la prórroga, la Anip advierte que realizará los ajustes en su sistema informático para imponer las sanciones a los que sigan morosos. En guerra avisada...

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