INFRAESTRUCTURA VIAL

Suspenden licitación del MOP

Dos empresas piden que se anule el informe de la comisión evaluadora y que se analicen nuevamente las ofertas.

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El MOP estimó que la reparación de las calles en Betania, Curundú, Don Bosco, Juan Díaz, Parque Lefevre, Pueblo Nuevo y Río Abajo costará 41 millones de dólares. El MOP estimó que la reparación de las calles en Betania, Curundú, Don Bosco, Juan Díaz, Parque Lefevre, Pueblo Nuevo y Río Abajo costará 41 millones de dólares.
El MOP estimó que la reparación de las calles en Betania, Curundú, Don Bosco, Juan Díaz, Parque Lefevre, Pueblo Nuevo y Río Abajo costará 41 millones de dólares. Archivo -LP

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) aceptó el reclamo que interpuso la constructora brasileña Odebrecht contra el informe de la comisión evaluadora designada para la licitación del contrato de rehabilitación de las calles en los corregimientos de Betania, Curundú, Don Bosco, Juan Díaz, Parque Lefevre, Pueblo Nuevo y Río Abajo.

El contrato tiene un precio de referencia de $41 millones y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) recibió cinco propuestas, siendo la de Odebrecht la más económica con 45 millones 60 mil dólares.

Las otras 4 empresas que entregaron propuestas fueron: Conansa (45 millones 95 mil dólares); Consorcio Transeq-Estrella (46.8 millones de dólares); Centralmix (46.9 millones de dólares) y Constructora Meco (47.2 millones de dólares).

Al aceptar el reclamo, el acto público está suspendido mientras la DGCP revisa la documentación presentada por el reclamante.

En su alegato, la empresa brasileña -después de dos años de estar apartada de las licitaciones estatales debido a las investigaciones por el pago de sobornos a funcionarios de la pasada administración- señala que los miembros de la comisión evaluadora hicieron una revisión subjetiva de la propuesta y alejada del pliego de condiciones. Odebrecht ha mostrado interés en al menos tres proyectos de infraestructura.

En el informe fechado el 28 de septiembre, los miembros de la comisión indicaron que la compañía brasileña no cumplió con la entrega de la carta que respaldará el financiamiento que utilizaría para ejecutar la obra.

En el pliego de condiciones se estableció que las empresas debían acreditar que contaban con el 50% de los fondos para ejecutar el proyecto o que contaba con la línea de crédito para asumir el proyecto.

En el caso de utilizar un crédito bancario de una entidad local, el proponente debía anexar en su propuesta una carta de la Superintendencia de Bancos de Panamá y si era una empresa extranjera debía entregar la documentación que acreditara que la misma era una entidad autorizada a operar como banco. En su informe, los comisionados determinaron que “el proponente incumple con los requisitos mínimos obligatorios, ya que no aportó la carta de la institución homóloga a la Superintendencia de Bancos de Panamá del país de origen que acredita al banco a operar como tal”.

En su defensa, Odebrecht indicó que infirió que al ser el UBS Securities uno de los mayores bancos del mundo, los miembros de la comisión tendrían conocimiento que este puede operar como un banco, por lo cual no consideraron necesario entregar la carta de referencia de un regulador bancario.

Como el MOP todavía no ha publicado una nota de adjudicación, la DGCP consideró pertinente verificar los argumentos interpuestos por Odebrecht y Conansa, que también fue descalificada y presentó un recurso de consideración.

Ambas compañías piden que se anule el informe de la comisión y que se haga una nueva revisión de las propuestas. Además de este proyecto, Odebrecht está entre las empresas interesadas en la ampliación de la línea 1 del Metro y en la conexión entre la línea 2 del Metro y el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

En diciembre de 2016, el Ejecutivo prohibió la participación de Odebrecht en licitaciones hasta que la empresa colaborara en las investigaciones que se seguían por los casos de corrupción, condición que secumplió con la firma en julio de 2017 de un acuerdo entre el Ministerio Público y la constructora. Ese acuerdo de colaboración con Odebrecht incluyó una multa a la empresa por 220 millones de dólares. En un oficio del 19 de enero de 2018, el juez duodécimo penal, Óscar Carrasquilla, señaló que en el acuerdo de colaboración no se inhabilitó a la empresa.

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