VENTANA FISCAL

Lo bueno, lo malo y lo feo de una reforma

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Lo bueno, lo malo y lo feo de una reforma

El tema de actualidad es el proyecto de ley 509, la reforma fiscal más importante de los últimos años, que pretende poner al impuesto de inmuebles (IBI, para los efectos de este artículo) en una situación más justa y equitativa. Aun así, haciendo valer la máxima de que todo lo que hace el hombre puede ser mejorado, veamos los aspectos más relevantes de dicho proyecto.

LO BUENO

1- Ofrece importantes disminuciones de las tarifas del IBI, una de las aspiraciones más exigidas por los contribuyentes. No obstante que elimina ciertas exoneraciones a fin de no afectar mayormente los planes de la descentralización, no se basa en el aumento de otros impuestos.

2- Introduce el Patrimonio Familiar Tributario (PFT), ofreciendo un beneficio especial a la familia sin demeritar el Patrimonio Familiar que existe en el Código de la Familia. El PFT ofrece una exoneración del IBI hasta 120 dólares a toda propiedad que sea el domicilio permanente del propietario y su familia.

3- Extiende los beneficios fiscales del PFT a todo bien inmueble que sea propiedad y la vivienda principal del jubilado, pensionado o que “cuente con la edad legal para la jubilación”.

4- Elimina la posibilidad de aumentar el valor catastral mediante “avalúos generales ni parciales por parte de ningún organismo del Estado”, así como avalúos de oficio por parte de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) a todo bien inmueble constituido como PFT.

5 -Obliga a la Dirección General de Ingresos a pronunciarse y notificar al contribuyente sobre la solicitud de un PFT en un plazo máximo de 3 meses, pues en caso contrario se entenderá aceptada la solicitud en base del silencio administrativo positivo, fórmula que debiera extenderse a otras solicitudes, como la prescripción, la devolución y cesión de impuestos.

LO MALO

1– El PFT hace referencia al concepto de familia según establece el Código de la Familia, situación que ha generado las mayores controversias. Si bien es cierto que la misma Constitución Política de Panamá señala en su artículo 62 que “el Estado velará por el mejoramiento social y económico de la familia…”, no se observa una definición exacta del concepto de familia, ni siquiera en el Código de la Familia.

2- Se han dejado por fuera los bienes inmuebles de uso mixto (domicilio y comercio), situación que debe evaluarse a fin de no dejar el caso al libre criterio.

3- En cuanto a las áreas de uso público, la redacción de sus párrafos merece una atención especial a fin de darle mayor coherencia.

4- El parágrafo del propuesto artículo 786 ofrece una reforma al descuento por pronto pago del IBI limitándolo a los pagos que se realicen “a más tardar el 28 de febrero del año fiscal”. Se olvidaron de los años bisiestos y vendrán los conflictos.

5- El artículo 9 del proyecto 509 obliga a los notarios a exigir el desglose del valor del traspaso “en proporción a los valores correspondientes al terreno y a las mejoras…”, sin mayores explicaciones. Igual vendrán problemas si la norma no aclara si son los valores catastrales registrados. Ah… y no se olviden de los bienes con título constitutivo de dominio que no tienen terreno.

LO FEO

1- El nuevo numeral 12 del artículo 764 exonera la vivienda principal y permanente titulada a nombre de una persona con discapacidad según se define en el numeral 9 del artículo 3 de la Ley 42 de 1999 y cuyo valor no exceda de 250 mil dólares. Aunque tal referencia legal solamente se refiere al “espacio practicable”, más adelante señala que “solo aplicará a las personas que padezcan una discapacidad que impida su inserción laboral o el ejercicio de artes manuales, profesionales o de cualquier oficio”.

2- Extender el PFT a los bienes que estén registrados a nombre de una persona jurídica crea oportunidad para el ejercicio del tradicional juega vivo panameño.

CÁPSULA FISCAL

– No obstante las bondades del proyecto y de las críticas bienintencionadas de personas y gremios afectados, se debe aprovechar el proyecto para analizar todo el contenido del IBI (desde el artículo 763 al 797) y actualizar el Capítulo II del Código Fiscal. Por ejemplo, en los artículos 792, 793, 795 y 796 todavía están las inexistentes Administración General de Rentas Internas y la Comisión Catastral. Además, las sanciones por defraudación fiscal (artículo 797) deben ser más contundentes y con certeza del castigo con el fin de promover el cumplimiento voluntario y el real PFT.

El autor es asesor fiscal

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