PROPUESTA

Democracia participativa: Ramón De Aguilar Alvarado

La base sobre la que se estructura el Estado la representan los municipios, sus autoridades locales y la comunidad, representada en las juntas comunales; sin embargo, en nuestro país la organización política de la República está cabeza para abajo. Los intereses de las minorías, en su afán de acaparar el poder que les permita lograr contratos, concesiones, nombramientos politiqueros en espacios públicos, ha conllevado a un régimen centralizado, burocrático, abusivo, corrupto y distanciado de las necesidades de los ciudadanos, en el que no se hace lo que se debe, sino lo que conviene hacer, por supuesto, motivado por el mejor negocio posible.

Se utiliza con frecuencia el término “descentralizar” cuando se plantea la posibilidad de desarrollar un Estado menos burocrático, transparente, equitativo, eficiente, identificado con las necesidades de los ciudadanos y en el cual los recursos son asignados por la densidad de su población (per cápita) de cada municipio.

Este concepto de un Estado moderno es el correcto, sin embargo, esta reingeniería es un proceso complejo que requiere de reformas políticas fundamentales para su implementación, de lo contrario solo sería el traspaso de recursos de un régimen presidencialista, centralizado a otro régimen autocrático, abusivo, corrupto comandado por los alcaldes y representantes motivados por los mismos intereses individuales de lucro, reelección y con mayores costos para el pueblo que, al final, es el que paga la factura.

Ante este dilema, ¿qué podemos hacer? la respuesta es simple, darle mayor poder a los ciudadanos de decidir y administrar sus recursos, es decir, el dinero de sus impuestos y que los políticos electos a todos los niveles del Estado cumplan con su verdadero rol en una democracia, el de ser administradores de los recursos del Estado y no sus dueños.

A nivel de los municipios esto es muy fácil, si conjuntamente a la elección de los representantes y alcaldes se escoge a los miembros de las juntas comunales individualmente (no por nóminas), al igual que se elige al Presidente (administrador del Estado) y a los diputados (junta directiva del Estado).

El cuestionamiento inmediato sería ¿qué sentido tendría hacer este cambio a nivel de la legislación municipal, si a nivel nacional se compran los miembros de la junta directiva (diputados) para los mejores intereses del gobernante de turno? Yo les respondería que, por ello, es imprescindible una reforma estructural del Estado (Constitución) que establezca las nuevas normas de participación política y los debidos controles que conlleven al logro del bien común.

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