PARO MÉDICO

Hipócrates y la Ley 69: Martha Aceituno de Polanco

Una lluvia de críticas ha generado la Ley 69 que autoriza la contratación temporal de profesionales de la salud a extranjeros. Luego de leer el texto de la norma publicada en Gaceta Oficial, sigo sin entender por qué tanto revuelo de parte de los médicos panameños.

Realmente, la ley se quedó corta para lograr el objetivo de atraer a especialistas de diversas ramas de la salud y llenar las vacantes necesarias. Tal como está planteada la ley, no hay atractivo alguno para que un doctor de otro país quiera venir a prestar sus servicios.

Analizando el texto, vemos que, ante la necesidad comprobada, el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), podrán contratar temporalmente profesionales y/o técnicos de la salud extranjeros. Expresamente establece que las plazas vacantes serán adjudicadas, en primer lugar, a los profesionales panameños.

Únicamente en caso de que no exista un panameño para cubrir la vacante, podrá ser concedida a un extranjero. Esta premisa debe generar seguridad al gremio de la salud nacional. Luego, en caso de que ocurra la contratación, se dará prioridad a las comunidades “con grave o moderado déficit de oferta de los servicios de salud”.

Estamos hablando de aquellas lejanas y pobres, a las que no es sencillo ni atractivo llegar ni estar, y que necesitan tener acceso a servicios de salud.

Adicionalmente, se prohíbe expresamente el ejercicio de cargos de dirección, o el traslado de estos profesionales en detrimento de los nacionales; otra premisa que protege al gremio de salud panameño. Durante el ejercicio del contrato y antes de su finalización, la ley instruye la evaluación periódica del desempeño de los profesionales para mantener, renovar o rescindirlo. Aclara, además, que en caso de una renovación se hará una consulta pública destinada a dar prioridad a los profesionales panameños.

Es decir, aun y cuando se contrate a un extranjero para cubrir una vacante, con cada renovación anual, los nacionales tendrán la primacía para asumir el cargo.

La ley también regula el tema de la remuneración y establece que “nunca será mayor al mínimo básico devengado por un profesional panameño por igual función”. En este sentido, el contratado estaría devengando el equivalente a un salario cuasi mínimo, sin importar sus años de graduado, experiencia o especialidad.

Para concluir, se establece que estos profesionales o técnicos de la salud, no podrán gozar de “beneficios de estabilidad, ascensos, indemnización en caso de separación, jubilación o pensiones, sobresueldos y otros que la ley otorga a los profesionales panameños”.

Este artículo es discriminatorio y violatorio del principio de igualdad establecido en la Constitución, el Código de Trabajo, las Convenciones de la OIT y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Colocar a un profesional de otro país en una subcategoría laboral, es una ofensa a los avances que en esta materia han ocurrido en el mundo entero.

Así las cosas, ante una ley paternalista ¿cuál es el temor del talento nacional de la salud?

El paro de médicos afecta severamente a los ciudadanos, especialmente a los que no tienen acceso a los servicios privados, y no hay justificación para ello. Suspender un servicio público vital como es la salud, lo que demuestra es un craso y supino desconocimiento de la norma en discusión y un absoluto olvido del juramento Hipocrático, amparado en la Declaración de Ginebra de 1948 y del cual transcribo parcialmente unas líneas: “Recordaré que soy un miembro de la sociedad con obligaciones especiales hacia mis congéneres, los sanos de cuerpo y mente así como los enfermos”.

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