BLINDAJE NECESARIO

Relaciones laborales en el Canal: Sósimo Rovira

Cuando se trataba el tema del Canal de Panamá, en los diálogos de Bambito y Coronado, me correspondió representar a la Unión de Prácticos, en especial durante el debate del régimen laboral que se implementaría cuando pasara a manos panameñas. Como quiera que el esquema estadounidense de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) funcionó a la perfección como mecanismo de resolución de conflictos laborales, se ensayó trasladarlo a la nueva administración.

Recuerdo que en esos diálogos Humberto Ricord (q.e.p.d.) visualizaba que si esa junta se ponía bajo la planilla de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y no se le daba independencia, pasaría a ser inoperante, porque los gobiernos de turno meterían sus manos para desvirtuar su propósito. Por tal razón, ese esfuerzo nacional se inspiró en el objetivo de aislar el Canal y las relaciones laborales de la política partidista y de los intereses creados. Fue así como, en medio de forcejeos, surgió la Junta de Relaciones Laborales (JRL), creada por el Art. 111 de la Ley Orgánica de la ACP. Su propósito es “promover la cooperación y el buen entendimiento en las relaciones laborales, así como de resolver conflictos laborales que están bajo su competencia”.

El mismo artículo estipula que, “La Junta de Relaciones Laborales estará integrada por cinco miembros designados por el presidente de la República de listas elaboradas, de común acuerdo, por la administración de la Autoridad y los representantes exclusivos”. Y es aquí que, igual como ocurrió en la Corte Suprema de Justicia y otras entidades, el gobierno saliente mete sus narices para desfigurar aquel objetivo. Los gobiernos previos habían respetado la independencia de la JRL, pero el actual no pudo resistir la tentación, y convirtió a la junta en un ente político más, sin credibilidad ni profesionalismo. Si ese organismo tuviese la confianza de los trabajadores, la administración del Canal y sus contratistas, los conflictos que han culminado en huelgas dañinas bien pudieron haberse resuelto allí, como se hizo con conflictos antes del actual gobierno.

Veamos lo que ha ocurrido. A medida que se vencían los plazos de los cinco miembros, se les reemplazaba con allegados al actual gobierno. El asalto se completó el 28 de agosto de 2013, cuando el Ejecutivo emitió el Decreto No. 574, designando a María Isabel Spiegel de Miró y Gabriel Ayú Prado como miembros de la JRL. Este último (hermano del presidente de la Corte Suprema de Justicia), se asegura que fue el gestor de la iniciativa de un sindicato brujo de apoyar a una directiva de la ACP para que representase a los trabajadores en la junta directiva.

En el proceso de integración de la actual JRL hubo una actitud invasiva de la ministra de Trabajo que coincidió –debo reconocer– con un grado de ingenuidad y/o indiferencia de parte de la ACP y los sindicatos que hacen las nominaciones. Esto fue aprovechado por el Gobierno para consumar su plan de apoderarse de la JRL. Tal ha sido el deterioro de esta, que algunas de sus resoluciones han sido contrarias a la ley y los reglamentos; ahora, muchos gremios prefieren ignorar su existencia. Con toda propiedad puedo decir que hoy el escenario laboral en el Canal es de inseguridad jurídica y, en cierto modo, los trabajadores son abusados por falta de una representación sindical adecuada.

En tiempos en que los conflictos laborales desembocan en huelgas y paros, perjudicando al Canal, los puertos y otros servicios del ´clúster´ marítimo, valdría la pena aprovechar la disposición del gobierno entrante para reestructurar la JRL y tomar medidas para evitar que sea víctima de futuros depredadores. Incluso, visualizo que se le podría dar cobertura nacional para que actúe con eficiencia y, en esta vena, apoyar el futuro y el desarrollo económico del país, al tiempo que protege los derechos del trabajador. Las huelgas del Suntracs que han afectado al Canal, los puertos y muchas otras obras pudieron evitarse si existiese una entidad con la autoridad y credibilidad para resolver conflictos de esa magnitud.

La NLRB es independiente, tiene entre sus funciones salvaguardar los derechos de los trabajadores, formar sindicatos y a que estos los representen en la negociación de convenciones colectivas. También asesora a los trabajadores del sector privado en la organización de sindicatos que los representen e investiga denuncias de violaciones a sus derechos y por prácticas laborales desleales. Ese pudiera ser el modelo a seguir. Cuando el país se prepara para la reestructuración de su institucionalidad, propongo que el próximo gobierno considere la introducción del tema laboral en las tareas de la nueva constituyente. Igualmente, la Ley Orgánica de la ACP debe ser reformada para darle la jerarquía y estatura que se merece la JRL, y blindarla para que no se repita el asalto de que ha sido víctima por este Gobierno.

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