RECUPERACIÓN

El desafío ambiental del nuevo gobierno: Harley James Mitchell Morán

Sin duda uno de los temas más complejos de tratar por cualquier administración de gobierno, especialmente en sus inicios, es el relativo al ecosistema natural y humano que coexiste en nuestro país. Temas como el manejo de desechos urbanos, la crisis energética y la pérdida de calidad de vida en campos y ciudades, están íntimamente relacionados a la forma en que son administrados los recursos naturales.

El gobierno actual decidió ignorar el tema de manera casi absoluta, transformando a instituciones como la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) en depósitos de funcionarios que divagan entre la falta de pasión por sus ocupaciones, hasta la total evasión del trabajo; víctimas de jefes y directores que llevan a la deriva las tareas que requieren de un dinamismo especial. Lo preocupante es que el entorno no se gestiona solo, requiere de un funcionariado capaz y comprometido.

El reto que asume el próximo gobierno pasa por recuperar la marchita institucionalidad pública en lo inherente al manejo ambiental. Se debe profesionalizar al servidor público, capacitarlo de manera continua; levantarle la moral; evaluarlo con justicia; demostrarle la valía de su trabajo; además de equiparlo y apoyarlo en la ingrata labor que muchas veces le toca cumplir, ante una miríada de actores sociales tan variados como lo es la sociedad panameña.

La estructura denominada Anam está agotada. Es necesario transformarla en una entidad de categoría ministerial para que obtenga los recursos y la fuerza política que requiere para acometer sus complejas funciones, y sumarla a la ARAP, que duplica los mismos esfuerzos, pero en el ecosistema acuático.

Otras recomendaciones que considero importantes son: desintegrar la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y, en su lugar, fortalecer la capacidad de los municipios para que se encarguen de la recolección de la basura; reformular la labor de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, tal vez, retornando sus múltiples componentes (Pronat, Catastro, Reforma Agraria y el Instituto Geográfico Tommy Guardia) a su estado original; por último, el Ministerio de Salud debe engrosar la Dirección Nacional de Salud Pública, con recursos importantes en cada centro de salud y sede regional.

Al implementar su conocido programa “100–0”, que incluye servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en todo el país, la próxima administración haría un gigantesco proyecto provisto de impactos significativos propios, junto a las varias actividades de desarrollo prometidas. Para garantizar buenos resultados, se necesitará una institucionalidad ambiental más poderosa.

La fórmula presidencial también adquirió compromisos menos conocidos, como la moratoria a la minería metálica a cielo abierto, la creación de un ministerio de ambiente y la instauración del tribunal ambiental administrativo, órgano implementador de investigaciones y sanciones en esta esfera.

Se espera que el gobierno electo mantenga una relación sana con la sociedad civil, organizada en asociaciones ecologistas, comunidades o gente no organizada, y con las poblaciones indígenas que dependen del manejo ordenado de los recursos naturales.

Hay muchas expectativas positivas ante la labor a desarrollar por la nueva administración pública en este ámbito. Lo importante es mantener una vigilancia militante, científica y disciplinada por parte del movimiento ambientalista en plena etapa de maduración política.

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