JUSTICIA

El blindaje legislativo: Senén Briceño

La sociedad panameña atraviesa por una terrible tribulación frente a los abusos de la clase política que nos ha gobernado hace 26 años posinvasión y sienten profunda desconfianza por tanta deslealtad de sus líderes. Solo basta ver la reciente actitud de los llamados “padres de la patria” frente al blindaje político, con la iniciativa del proyecto de ley 214 (Art. 4 numeral 1 y Art. 10, requisitos para la admisión de denuncias contra diputados) que pretende modificar el actual Código Procesal Penal (CPP) y que se reviste de violación en materia de interpretación y prevalencia de los principios y de la acción penal que debe ejercer el fiscal de la causa en forma oficiosa.

Los diputados de la república se han atribuido un supra poder, porque ahora legislan para estar por encima de la pirámide de la ley. Asegurándose así, enquistamiento y poder político, como especie de patente de corso para lograr ventajas en todo tipo de litigios administrativos y de interés judicial. En cambio, el panameño común se somete al imperio de la ley, pero no una ley igual para todos, sino una norma que distingue y discrimina a la mayoría de la sociedad. Habrá que preguntarle a los legisladores ¿qué somos para ellos? por qué cada día degeneran nuestra calidad como ciudadanos. A pesar de que nuestra sociedad lucha por rescatar nuestros valores para que prevalezcan en el tiempo de generación en generación, transmitidos de padres a hijos para que amen su nacionalidad, su patria y la familia, para el logro de un orden social justo, tal como fue la inspiraron de los próceres de la independencia que hoy rememoramos en el mes de la patria, hay quienes, a contrario sensu, practican el doble discurso de la democracia amarilla y la justicia tuerta.

Echémosle un vistazo a la ley del “super blindaje” que nace del profundo pensamiento disociador de los supra diputados panameños, quienes a sabiendas de que el mismo atenta contra la Constitución y la administración de justicia, creando más fueros y privilegios, pretenden ofender la inteligencia del resto de la sociedad, asegurándonos que la prohijación de esta nefasta propuesta es bien intencionada y necesaria para la democracia, ya que en apariencia, la justicia tiene que estar condicionada, porque, de lo contrario, pone en peligro sus tareas imprescindibles, su inmunidad, sus negociados y tráfico de influencias ante el Ejecutivo.

La descabellada intención de los diputados es clara, porque además de reformar el actual artículo 291 de CPP y ante el veto del proyecto ley en sus artículos 5 y 12; que lo que advierte y busca es sacar ventaja disminuyendo el tiempo del proceso de 6 meses a 4 y condicionando la aportación de elementos de convicción que terminado el plazo de investigación con imputación formulada, se presente la acusación o se dicte sobreseimiento y además, extiende plazo excepcional por dos meses más si la investigación es compleja. La idea de fondo es hacer fallido cualquier acto de investigación para evitar que la justicia los alcance, como de hecho ha sido la práctica común. (Caso Cemis, contrataciones ilegales con el Estado, uso de partidas circuitales etcétera).

Por lo menos el Ejecutivo se lavó las manos como Poncio Pilatos, vetó la ley parcialmente por inexequible, como quien dice: “allí os devuelvo la criatura que fabricasteis para que hagáis con ella lo que bien os parezca”. Pero como es obvio y a sabiendas de que esta ley está rechazada por la opinión pública y porque ha quedado al descubierto las deshonestas intenciones de los diputados, ahora y como manda la Carta Magna, le fue remitida a la Corte, quien con tan mala racha de escándalos en su contra, lo menos que puede hacer frente a las graves violaciones que se ciernen en materia de justicia es que de plano las rechace y declare los referidos artículos inconstitucionales. Corresponderá a los diputados escarmentar sobre la base de que lo vetado por inexequible es violación directa a la Constitución (Art. 22 y 32 – presunción de inocencia), por lo que no hay lugar para excesos en el orden de la constitucionalización del proceso en el sistema penal acusatorio, sea quien sea. Lo triste, inmoral y descarado de todo este mamotreto político es que el proyecto de ley 214 fue avalado por el pleno de la Asamblea Nacional: panameñistas, perredistas, los de Cambio Democrático y con la anuencia de los sordos y ciegos de siempre.

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