INVESTIGAR LA REALIDAD SOCIAL

Más cultura, menos violencia

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Más cultura, menos violencia

El proceso para intervenir en un fenómeno como la inseguridad va desde lo poco creíble hasta la radicalización de las acciones. La ciudadanía pide seguridad, los gobiernos, contradictoriamente, no abordan los factores que llevan a algunos países –al menos de América Latina– a la crisis de gobernabilidad. La inseguridad pone a prueba a las democracias, y denota cuán frágiles pueden ser cuando se cambian los esquemas de intervención, dejando de lado lo social, y se razona en función de acciones históricamente superadas.

Mirar y analizar a otros países es un ejercicio aleccionador. El Salvador, después de una serie de medidas, como la “mano dura” y sus consecuentes fracasos, en marzo de 2012 fragua una tregua entre las maras. La tasa de homicidios disminuyó considerablemente, aunque, según explica la Policía, las desapariciones se multiplicaron. Luego, tal tregua empezó a derrumbarse en mayo de 2013. (La interminable guerra contra las maras en El Salvador, Danny Gold 2015). Así, lo que se creyó era el fin de la violencia, resultó en un repunte y una declaración de guerra al Gobierno. La negociación y la consecuente tregua, como escribió Gold, “multiplicó el poder de las dos pandillas, las legitimó y les concedió el tiempo necesario para reclutar a nuevos efectivos, apuntalar su poder y expandirse”.

En concreto, sentarse y negociar con el crimen, al menos en El Salvador, fue un remedio que agravó la enfermedad. Hoy se cierne una declaración de guerra y la consecuente denominación de “terroristas”, a lo que antes eran las maras-pandillas (llamada “súper súper mano dura”), como respuesta a la reiterada exhibición de violencia y control social informal entre la población civil. La experiencia dice que el remedio que se usa en unos suele aplicarse en otros. A mi juicio, lo que resulte en El Salvador, en perspectiva, será tendencia en otros países con igual realidad y distintas condiciones.

En retrospectiva, Centroamérica ha sido el “laboratorio perfecto” en materia de seguridad ciudadana. Se han probado innumerables fórmulas por los “creativos” del orden social, menos apostar por factores como la educación con calidad, la cultura y la política social incluyente, entre otros. Para algunos tomadores de decisión, son acciones complejas desde su formulación hasta su ejecución. El tratamiento de algunos fenómenos sociales no debe darse por su denominación, sino por los factores que origina. Hoy los gobiernos se preguntan ¿qué hacer?, no obstante, lo mejor sería preguntarse: “¿Qué falta por hacer?”.

Es conocido que no estamos ante un problema criminal, sino ante un problema social. Por lo tanto, las salidas pasan por la adopción de medidas sociales y para implementarlas hay que conocer. Se ha dejado de investigar la realidad social y se interviene en función de “criterios”, como el populismo penal, el desquite u otros construidos en la sociedad, y aquellas electoralmente “correctas”.

Después de la identificación de factores de riesgo y las condiciones de vulnerabilidad (un factor determinante en la participación de actividades criminales); se debería pasar a propuestas contextualizadas bajo la premisa de que cada espacio es diferente, así como las expresiones criminales. Aquellas localidades que redujeron las denuncias en algunos delitos, desarrollaron modelos de intervención multidimensionales en constante evaluación. Es decir, no solo la oferta de empleo. A esto han sumado las condiciones de salud, entornos, espacios públicos aptos para el ejercicio de actividades culturales libre de amenazas, lo que implica invertir en las personas y las comunidades.

Es ahí que analizamos el rol y la efectividad de los gobiernos locales como espacios para la toma de decisión en seguridad ciudadana. Siendo optimista, la incipiente descentralización es una oportunidad para invertir la pirámide de poder y decidir; caminar hacia la formulación de políticas, planes, programas o mecanismos apegados a la realidad y potenciar las capacidades instaladas.

Según el informe Antípodas de la Violencia, del Banco Interamericano de Desarrollo, “la cultura puede ayudar a regular, justificar e interpretar comportamientos de los individuos”, y se define como “el universo de normas sociales, actitudes, creencias y hábitos compartidos por los individuos de un conjunto social y sobre la que se cimienta la posibilidad de una vida en comunidad con ausencia de violencia”. Una política pública de cultura ciudadana “busca transformar comportamientos específicos de la ciudadanía, y debe contener un ejercicio de focalización e intervención sistemática en problemáticas que afectan la vida en comunidad”. (BID- Corpovisionarios, 2012).

Explorar nuevas avenidas del conocimiento e intervención en seguridad ciudadana pasa por el establecimiento de alianzas u otras expresiones colectivas. Brindar alternativas culturales a los grupos en condiciones de vulnerabilidad, como los niños y jóvenes, es reconocer sus derechos en una sociedad libre de amenazas.

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