Auditoría

Yanibel Ábrego se rehúsa a rendir cuentas

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Yanibel Ábrego preside la Asamblea Nacional. Yanibel Ábrego preside la Asamblea Nacional.
Yanibel Ábrego preside la Asamblea Nacional. LA PRENSA/Archivo

La presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, evitó reaccionar sobre la nueva auditoría que ordenó la Contraloría General de la República a la planilla 080, que contiene los contratos del personal que suscriben los diputados, gasto que desde 2015 subió de $4 mil a $30 mil por cada uno de los 71 miembros del Legislativo.

Este medio la llamó a su celular, le mandó mensaje por chat y no respondió. Tampoco hizo comentarios en la media hora que estuvo en el pleno legislativo ayer.

Entretanto, la Comisión de Credenciales recibió esta semana otras tres denuncias, que se suman a 12 contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la vicepresidenta, Isabel de Saint Malo de Alvarado. De las tres nuevas acciones, una es contra el presidente, Juan Carlos Varela.

Auditoría divide a diputados

Opiniones a favor y en contra emitieron ayer los diputados de las diferentes bancadas que conforman el pleno de la Asamblea Nacional (AN) sobre la nueva auditoría que hará la Contraloría General de la República en ese órgano del Estado a la partida que usan los diputados para contratar personal.

La diputada independiente Ana Matilde Gómez calificó como “excelente” la decisión del contralor Federico Humbert.

“Ojalá el contralor viniera y preguntara: ‘fulanito de tal, a ver, ¿quién es usted?, ¿qué trabajo hace?, ¿dónde se sienta? , ¿qué desarrolla?”, manifestó.

A su juicio, esta es la forma correcta para determinar, de una vez por todas, si hay o no contratos fantasmas, abuso o mal uso del dinero.

Otros diputados, como Fernando Carrillo, de Cambio Democrático (CD), consideran que, aunque la ley le permite al contralor iniciar una auditoría como parte de sus funciones, todo lo que suceda en estos momentos, donde las relaciones del Ejecutivo y Legislativo no están bien, podría considerarse como un pase de factura.

“Al contralor le corresponde verificar si los dineros del Estado se estén gastando de debida forma (...) pero todo se presta en este momento para pensar lo que se quiera”, acotó.

No obstante, el perredista Elías Castillo tildó de “rara” la nueva auditoría que se empezará en el legislativo.

Según Castillo, el contralor pudo hacer dicha auditoría antes y no concluyéndose el período legislativo, previo a un proceso electoral y, justo cuando hay una situación incómoda en la relación Ejecutivo y Legislativo.

Continuó diciendo que la Contraloría “tiene oficinas aquí [Asamblea] y ha podido y ha debido llevar esos controles si la planilla está siendo refrendada y pagada por ellos, por lo que yo no veo qué es lo novedoso que se persigue, si ellos tienen el control fiscal permanente y corrido”, planteó .

Mientras que para el segundo vicepresidente de la Asamblea, el panameñista Gabriel Soto, todo lo que sea investigado por la Contraloría está dentro de sus funciones y competencias, por lo que los diputados “ tenemos que respetarlo”.

Agregó que si en las pesquisas se encuentra “una situación”, el diputado está en el deber de aclararlo a la luz pública.

“El Estado tiene que hacer valer su rol y la Contraloría tiene que hacer valer esas funciones tan importantes, como fiscalizar y auditar”, enfatizó.

Este medio también consultó a la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, y al diputado perredista Pedro Miguel González, pero al cierre de esta edición no habían respondido.

Hay que recordar que Humbert fue nombrado en el cargo por el pleno de la Asamblea Nacional -en su función administrativa- el 26 de noviembre de 2014 con 60 votos de las bancadas panameñista, CD y PRD.

En la carta que envió Humbert a Ábrego, este le informó que entraría a auditar la partida 080, debido a que “encontramos que en muchos casos no se cuenta con los controles necesarios para confirmar la prestación de los servicios contratados bajo el objeto de gasto 080 referente a otros servicios profesionales”.

Los contratos

Este medio conoció que Ábrego se reunió con el contralor en horas de la mañana del miércoles para hablar, entre otras cosas, de los contratos, que a la fecha la Contraloría no le ha refrendado al Legislativo.

En las últimas semanas, los diputados panameñistas han denunciado que ellos no tienen acceso a los contratos de la partida 080 -que en 2015, cuando la Asamblea era presidida por el perredista Rubén De León, con el apoyo del oficialismo aumentó de $4 mil a $30 mil al mes para cada diputado-, ya que están siendo repartidos a ciertos diputados.

Por su parte, el diputado Elías Castillo se preguntó si cuando los panameñistas presidieron este Órgano del Estado aplicaban el principio de equidad entre diputados en el manejo de contratos.

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