Lesa humanidad

Anulan indulto a Fujimori y ordenan su ingreso a prisión

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El expresidente de Perú Alberto Fujimori (1990-2000) habla en un tribunal de Lima el 20 de abril de este año. Archivo El expresidente de Perú Alberto Fujimori (1990-2000) habla en un tribunal de Lima el 20 de abril de este año. Archivo
El expresidente de Perú Alberto Fujimori (1990-2000) habla en un tribunal de Lima el 20 de abril de este año. Archivo AFP

Dos policías ingresaron a la vivienda donde reside el expresidente Alberto Fujimori para verificar si el otrora hombre fuerte permanecía allí, después de que un juez anulase el indulto humanitario que le fue concedido en diciembre y ordenara que sea devuelto a la cárcel para cumplir una larga condena por abusos contra los derechos humanos.

El juez supremo Hugo Núñez revocó el perdón y ordenó la captura de Fujimori para que culmine su sentencia de 25 años por el asesinato de 25 peruanos en su gobierno en la década de 1990. Luego, los agentes de la división de la policía judicial ingresaron a la residencia en una zona rica de Lima sin declarar a la prensa.

La hija del exmandatario y líder opositora Keiko Fujimori llegó poco después a la vivienda y dijo que era el “día más triste” para su familia.

Es “extremadamente doloroso saber que un juez le ha quitado la libertad a mi padre señalando que como no está moribundo no tiene derecho a un indulto humanitario”, agregó, llorando.

Keiko -cuyo grupo político domina el Parlamento unicameral- formuló un llamado a sus enemigos políticos: “les digo ya basta, pongan un alto y un límite al cálculo político, al odio, al ensañamiento”.

A la residencia también arribó Sachi Fujimori, la otra hija del exmandatario, sin formular comentarios.

La vocera del partido fujimorista, Úrsula Letona, culpó al gobierno del mandatario Martín Vizcarra de la decisión de anulación del indulto.

“Es una clara intromisión de lo que pasa en el poder judicial”, dijo.

El Gobierno y la oposición fujimorista mantienen un choque de poderes luego de que Vizcarra se tornó popular por impulsar reformas contra la corrupción, entre ellas del poder judicial.

Pero Gloria Cano, abogada de las 25 víctimas asesinadas entre 1991 y 1992, manifestó a The Associated Press que en la decisión no existía “ninguna venganza” y que Fujimori “no había cumplido la mayor parte de su sentencia, no había pagado la reparación civil y no había pedido perdón a los familiares de las víctimas, como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

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