audiencia por caso de los indultos presidenciales

Ayú Prado concede más tiempo a Ricardo Martinelli

El magistrado juez de garantías negó un pedido del fiscal de la causa, para que se declarara en rebeldía al expresidente Ricardo Martinelli.

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El magistrado José Ayú Prado, en funciones de juez de garantías, presidió la audiencia contra Martinelli celebrada ayer en la Corte Suprema de Justicia. El magistrado José Ayú Prado, en funciones de juez de garantías, presidió la audiencia contra Martinelli celebrada ayer en la Corte Suprema de Justicia.
El magistrado José Ayú Prado, en funciones de juez de garantías, presidió la audiencia contra Martinelli celebrada ayer en la Corte Suprema de Justicia. Luis García

El magistrado de la Corte Suprema, José Ayú Prado, en funciones de juez de garantías, declaró un receso hasta el próximo 14 de junio para que el expresidente y diputado del Parlamento Centroamericano Ricardo Martinelli comparezca a la audiencia de imputación por delitos contra la administración pública, derivados del otorgamiento presuntamente irregular de 353 indultos en 2014.

Antes del receso, Ayú Prado negó una solicitud de la defensa del exgobernante, efectuada por el vocero de esta, Sidney Sittón, para que se sobreseyera temporalmente la causa, con base en el artículo 285 del Código Procesal Penal, que dice: “[ante la] ausencia del investigado a la audiencia de formulación de imputación el juez de garantías podrá decretar un sobreseimiento temporal hasta que este se presente o sea localizado”.

Asimismo, Ayú Prado rechazó una solicitud de la fiscalía para declarar al exmandatario en rebeldía.

Durante la audiencia, que se inició a las 9:00 a.m. de ayer, el magistrado fiscal de la causa, Abel Zamorano, requirió a Ayú Prado que declarara en rebeldía a Martinelli por no haber comparecido a la citación, a pesar de estar notificado de la fecha de la audiencia.

Zamorano alegó que la oficina judicial de la Corte Suprema de Justicia confirmó que entregó la citación para la audiencia de ayer en la residencia de Martinelli en Miami, Estados Unidos, además se le enviaron correos electrónicos y se publicó un aviso en los periódicos Miami Herald y Diario Las Américas, de Miami, y en Panamá también se publicaron anuncios en diarios de circulación nacional, con la información sobre la audiencia.

La oficina judicial confirmó que las notificaciones hechas a Martinelli fueron efectivas y que se cumplieron de acuerdo con las normas vigentes.

Los pasados 26 y 27 de abril, funcionarios del Órgano Judicial permanecieron en el consulado de Panamá en Miami con la intención de facilitar el proceso de notificación de Martinelli en este caso.

En su intervención, Zamorano dejó claro que las autoridades judiciales no pueden dejar al arbitrio del investigado la posibilidad de presentarse a una audiencia, y que si es necesario se debe recurrir a las autoridades de Policía para lograr su comparecencia.

Sin embargo, Ayú Prado decidió no acoger la petición de Zamorano y declaró un receso para dar oportunidad a Martinelli para que pueda comparecer. “Los derechos humanos están por encima”, alegó el también exprocurador de la Nación, nombrado por Martinelli en ese cargo.

Ayú Prado alegó que se le debe dar la oportunidad al investigado para que conozca los cargos que se le van a imputar y pueda hacer uso de su derecho a una defensa adecuada.

RECHAZAN RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

La defensa de Martinelli recurrió a la presentación de una advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 483 del Código Procesal Penal, el cual señala que “contra las sentencias del pleno de la Corte y de la Sala Penal como tribunales de única instancia cabe el recurso de reconsideración”.

De acuerdo con Sittón, esto viola los derechos de su cliente al no tener una segunda instancia ante la que recurrir una decisión que no sea favorable.

Además, planteó que este artículo es contrario a los estatutos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que exigen la aplicación de una segunda instancia en los procesos judiciales.

Sostuvo que existen fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde se establece que toda persona sometida a un proceso judicial tiene derecho a recurrir a una segunda instancia.

“Este es un derecho ampliamente reconocido en varios países del continente y Panamá no puede escapar a esta realidad”, consideró.

El fiscal Zamorano criticó la presentación de este recurso, ya que aseguró que se trata de un acto de deslealtad procesal que solo tiene como fin una táctica dilatoria, que es contraria a la ética.

Para Zamorano, esta no es la etapa del proceso en la que se puede o debe presentar un recurso de este tipo.

Ayú Prado desestimó la advertencia bajo al argumento de que no existe aún una sentencia en este proceso, y que no era momento oportuno para su presentación.

Agregó que este caso no se está ventilando ante la Sala Penal de la Corte.

PRESENTAN NULIDADES

La defensa de Martinelli insistió en la presentación de un recurso de nulidad fundamentado en el hecho de que el fiscal de la causa se encuentra prejuiciado contra su cliente.

Sittón fundamenta esta afirmación alegando que el fiscal Zamorano en diciembre de 2015, como miembro del pleno de la Corte, solicitó a través de una nota convocar un pleno extraordinario para tratar otro de los casos de Martinelli, por lo que -a su juicio- existe un claro prejuicio por parte del fiscal contra su cliente y esto violenta el debido proceso.

Recalcó que hay claras violaciones de los derechos fundamentales de su cliente, por lo que este caso debe ser declarado nulo por parte del juez de garantías.

Este último recurso no fue debatido, por no ser el momento procesal para ello.

CRITICAN DECISIÓN

Sobre el tema, el abogado Ernesto Cedeño estimó que los recursos presentados por la defensa de Martinelli están fuera de término, ya que la advertencia de inconstitucionalidad debe presentarse al momento en que la autoridad pretende entablar alguna acción fundamentada en alguna ley.

Explicó que en este caso los magistrados de la Corte, que actúan como jueces de garantías, deben uniformar su accionar en las audiencias para evitar interpretaciones contradictorias, por lo que se debió decretar la rebeldía de Martinelli al no comparecer en el proceso, tal como lo hizo Jerónimo Mejía en el caso de los pinchazos telefónicos.

En tanto, el abogado Roberto Moreno planteó que algunas de las acciones tomadas por los magistrados que actúan como jueces de garantías no han sido muy ortodoxas, por ser interpretaciones independientes y no de un cuerpo colegiado.

Moreno dijo que existe un vacío dentro de las normas que rigen el sistema penal acusatorio, ya que para la imputación de una persona se requiere que esté presente en el proceso y para la aplicación de medidas cautelares se necesita la imputación.

Añadió que en este caso particular, para que se dé una declaratoria de rebeldía, como la solicitada por el fiscal Abel Zamorano, debe existir una constancia de que el investigado fue debidamente notificado.

Agregó que el sistema penal acusatorio permite la notificación a través de correos electrónicos e incluso mensajes de WhatsApp, y en este caso la oficina judicial debe certificar la notificación.

Moreno consideró que la decisión de Ayú Prado de decretar un receso hasta el próximo 14 de junio puede ser una medida inteligente, ya que para esa fecha los abogados de Martinelli no podrán alegar que su cliente no está notificado y eso permitirá tomar otras acciones.

Por su parte, el abogado Víctor Orobio estimó que la decisión del receso decretado por Ayú Prado para permitir la comparecencia de Martinelli es perfectamente viable.

Orobio alegó que lo que se busca es proteger las garantías fundamentales del investigado al extender la audiencia hasta que este pueda comparecer al proceso para conocer los delitos que se le imputan.

Además, reconoció que la presentación de advertencias de inconstitucionalidad, como ocurrió en la audiencia de ayer, usualmente es utilizada para dilatar el proceso.

No obstante, dijo que los abogados defensores están en su derecho de analizar los medios de defensa a su alcance.

Alegó que usualmente la advertencia se presenta contra una norma que se aplicará al investigado, y en ese momento la defensa debe advertir que la citada norma es inconstitucional.

Este expediente contra Martinelli surgió luego de que la Procuraduría General de la Nación envió a la Corte Suprema de Justicia una denuncia para que se determinara la responsabilidad contra quienes otorgaron 353 indultos en 19 decretos expedidos en el año 2014 a favor de personas procesadas por delitos comunes y algunas aún bajo investigación.

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