MATRIMONIO IGUALITARIO

Ayú Prado: recusación retrasa decisión sobre matrimonio igualitario

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Magistrado Cecilio Cedalise. Magistrado Cecilio Cedalise.
Magistrado Cecilio Cedalise. Archivo

El proceso de la demanda que busca el reconocimiento del “matrimonio igualitario” está “suspendido” en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hasta que se resuelva una recusación que se presentó en este caso contra el magistrado Cecilio Cedalise.

El magistrado presidente de la CSJ, José Ayú Prado, informó sobre el estatus del caso en una respuesta al magistrado Harry Díaz, quien pidió la celebración de una reunión extraordinaria del pleno para tratar el asunto del matrimonio igualitario. Ayú Prado la negó.

“He sido informado que el despacho del ponente [Luis Ramón Fábrega] del asunto que se denomina matrimonio igualitario, solicitó al magistrado recusado el informe correspondiente, este pasado lunes 22 de enero de 2018”, según respondió Ayú Prado. Agregó que “al ser requerido el informe, todo el asunto queda suspendido hasta que se resuelvan las recusaciones”.

La Fundación Iguales interpuso una recusación contra el magistrado Cecilio Cedalise para que se declare impedido en conocer la citada demanda.

Según la acción, Cedalise se pronunció en contra de este tipo de uniones durante el proceso de su ratificación como magistrado de la Corte en 2015.

PIDEN A LA CSJ CONOCER DE FALLOS SOBRE DERECHOS LGBT

El magistrado presidente de la Corte, José Ayú Prado, ha negado varios pedidos para que se celebre un pleno extraordinario para discutir el ‘matrimonio igualitario’. Expandir Imagen
El magistrado presidente de la Corte, José Ayú Prado, ha negado varios pedidos para que se celebre un pleno extraordinario para discutir el ‘matrimonio igualitario’. LA PRENSA/Archivo

A través de un recurso legal y una petición de uno de los magistrados, se han realizado recientes exhortaciones a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que conozca de dos fallos y una opinión vertida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en materia de no discriminación a parejas del mismo sexo, así como del matrimonio igualitario.

El pasado 16 de enero, la firma Morgan & Morgan, en representación de Enrique Jelensky, presentó ante la CSJ un incidente sobreviniente, con el objeto de poner en conocimiento de ese tribunal la opinión consultiva emitida por la Corte IDH, en los casos Atala Riffo y niñas versus Chile; y Duque versus Colombia, en los que se estableció que la orientación sexual es una categoría protegida de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La firma presentó el recurso dentro de la demanda de inconstitucionalidad que promueve en la CSJ desde octubre de 2016 contra el artículo 26 del Código de la Familia, que limita el matrimonio “entre un hombre y una mujer”.

El caso Atala Riffo y niñas versus Chile se refiere a una sentencia del 24 de febrero de 2012 de la Corte IDH, que revisó un fallo de la justicia chilena que en 2005 concedió al padre la custodia de cuatro niños, a causa de la orientación sexual de la madre, que era la jueza chilena Karen Atala. Fue uno de los primeros casos de la Corte IDH sobre derechos de la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT).

En el caso del fallo Duque versus Colombia, se trata de una sentencia del 26 de febrero de 2016, en la que la Corte IDH declaró al Estado de Colombia internacionalmente responsable por la violación del derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación, en perjuicio de Ángel Alberto Duque, por no haberle permitido acceder en condiciones de igualdad a la pensión de sobrevivencia, luego de la defunción de su pareja del mismo sexo.

PIDEN DEBATIR DEMANDA

La vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, hizo circular recientemente entre los tres poderes del Estado: Judicial, Ejecutivo y Legislativo, además del Tribunal Electoral (TE), la opinión consultiva emitida el 27 de noviembre de 2017 por la Corte IDH sobre identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo.

La opinión de la Corte IDH responde a una solicitud que interpuso ante ella, el 18 de mayo de 2016, Costa Rica, para que interpretara el alcance de la Convención Americana de Derechos Humanos con relación al reconocimiento del cambio de nombre de las personas de acuerdo con su identidad de género, y sobre el reconocimiento de los derechos patrimoniales derivados de un vínculo entre personas del mismo sexo.

Hace seis días, el 19 de enero, la misiva de la canciller fue remitida por el presidente de la CSJ, José Ayú Prado, a todos sus colegas, y el tema revivió los reclamos para que se discuta la demanda sobre el matrimonio igualitario.

Fue el magistrado Harry Díaz quien el 23 de enero pasado le contestó la misiva a Ayú Prado. En ella le recordó el titular que salió en primera plana de La Prensa, que recogió la opinión del magistrado del TE Eduardo Valdés Escoffery, en el que señala que el criterio de la Corte IDH sobre identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo es vinculante.

“Estas opiniones de funcionarios públicos tratan de suplir la falta de decisión del pleno de la CSJ sobre la materia”, reclamó el magistrado Díaz, quien pidió la celebración de un pleno extraordinario para que la CSJ se pronunciara en definitiva sobre el tema.

Esta no era la primera vez que Díaz reclamaba un pleno extraordinario para tratar este tema. El 14 y 17 de julio de 2017 cursó notas pidiendo reuniones del pleno.

Díaz recordó que la Corte debió pronunciarse sobre el tema en el pleno del 26 de diciembre de 2017 , “ y usted [Ayú Prado] y el magistrado Luis Ramón Fábrega [ponente de la demanda] cuestionaron e incluso atacaron mi posición de ventilar este tema con prontitud”.

“Han pasado seis meses más y no se ha resuelto, a pesar que varios magistrados han insistido en darle solución, toda vez que hay un proyecto [de fallo] con varias observaciones”, indicó Díaz .

Agregó que “la Corte tiene la obligación de pronunciarse antes de que se tomen medidas por otras instituciones que pueden colisionar con la normativa de nuestra Constitución Política. Es menester recordar que los expedientes le pertenecen al pleno de la Corte Suprema de Justicia, y no al ponente, y si por desafortunadas razones algún ponente se ausenta, no se releva de responsabilidad al pleno para resolverlo”, advirtió el magistrado.

El 30 noviembre de 2017, el magistrado Fábrega, ponente de la demanda en cuestión, fue sometido a una operación de corazón abierto; aún no se ha reintegrado a sus labores.

CASO SUSPENDIDO

El mismo 23 de enero pasado el magistrado Ayú Prado le respondió a Díaz que no estaba de acuerdo con su pedido de reunión extraordinaria para tratar el tema del “matrimonio igualitario”.

“Fundamento mi disenso en los artículos 769, 770, 771, 2571 y 2572, todos del Código Judicial, que dispone la ritualidad de las recusaciones”, respondió el magistrado presidente de la CSJ.

Indicó que del despacho del magistrado ponente de la demanda de “matrimonio igualitario”, se solicitó un informe el pasado lunes 22 al magistrado que fue recusado en ese proceso (Cecilio Cedalise).

Ayú Prado respondió que al ser requerido dicho informe “todo el asunto [de matrimonio igualitario] queda suspendido hasta que se resuelvan las recusaciones”.

Fue la Fundación Iguales la que presentó una recusación para que el magistrado Cedalise se inhiba de conocer el expediente sobre “matrimonio igualitario”.

Según la acción de la organización, durante el proceso público de selección de magistrado que se realizó en 2015, Cedalise afirmó categóricamente estar opuesto al matrimonio entre personas del mismo sexo.

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