DENUNCIAS CONTRA DIPUTADOS

Corte Suprema se inhibe en caso de delitos electorales

El magistrado Luis Mario Carrasco discrepó de la decisión del resto de los miembros del Pleno al considerar que la Corte debe conocer estos casos.

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Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se han inhibido en varios fallos de pronunciarse sobre denuncias penales electorales contra diputados. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se han inhibido en varios fallos de pronunciarse sobre denuncias penales electorales contra diputados.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se han inhibido en varios fallos de pronunciarse sobre denuncias penales electorales contra diputados. Archivo

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no se ponen de acuerdo en cuanto a la competencia para investigar a los diputados por denuncias relacionadas con la supuesta comisión de delitos penales electorales.

Así se desprende de un fallo fechado el 25 de noviembre pasado, con ponencia del magistrado Efrén Tello, en el que el pleno de la CSJ se inhibió de conocer una denuncia presentada contra el diputado del circuito 6-1 (Chitré), Manuel Cohen Salerno, y su suplente Francisco Luis Ríos, por la presunta comisión de delitos penales electorales en las elecciones de mayo de 2014.

La investigación de este proceso se desprende de un informe de auditoría especial, realizado por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos en noviembre de 2014, según el cual Cohen pidió y gestionó becas de asistencia económica en 2013 y 2014 por un monto de 320 mil 737 dólares, y esto benefició su candidatura y elección.

El 20 de enero de 2014, el Tribunal Electoral (TE) acogió la demanda de nulidad de las elecciones en el circuito 6-1 y dispuso la celebración de nuevos comicios el 3 de febrero de 2015, en los que Cohen resultó nuevamente electo.

La Secretaría General del TE remitió copias del caso a la Fiscalía Electoral, para que investigara la posible comisión de delitos electorales por parte del diputado herrerano. Más tarde, el 23 de marzo de 2015, el TE recomendó un auto inhibitorio y envió el expediente a la Corte.

EL FALLO

El fallo de la CSJ concluye que, por tratarse de un proceso que tiene como finalidad establecer la posible comisión de un delito electoral, se aplica el artículo 143 de la Constitución que dice: “el TE tiene entre sus funciones sancionar las faltas y delitos contra la libertad y pureza del sufragio de conformidad con la ley, garantizando la doble instancia”. Y “conocer privativamente de los recursos y acciones que se presenten en contra de las decisiones de los juzgados penales electorales y de la Fiscalía General Electoral”.

Asimismo, los magistrados citan el artículo 543 del Código Electoral, el cual dispone que el TE es competente para conocer de los delitos y faltas electorales.

El fallo asegura que estas normas, tanto constitucionales como legales, son claras al establecer que el TE debe conocer este tipo de casos y no la Corte Suprema de Justicia, y que esta solo debe conocer los casos de diputados implicados por delitos comunes o faltas de policía.

SALVAMENTO DE VOTO

Sin embargo, el magistrado Luis Mario Carrasco –suplente de Jerónimo Mejía– discrepó con la opinión del resto de los miembros del pleno de la Corte y recordó que el artículo 155 de la Constitución Política señala que la investigación y procesamiento de los miembros de la Asamblea Nacional por hechos delictivos o policivos corresponde a esa corporación de justicia.

El artículo 155 de la Constitución dice: “Los miembros de la Asamblea Nacional podrán ser investigados y procesados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta comisión de algún acto delictivo o policivo, sin que para estos efectos se requiera autorización de la Asamblea Nacional. La detención preventiva o cualquier medida cautelar será determinada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia”.

Entre sus argumentos, Carrasco citó una consulta de constitucionalidad respondida por el exmagistrado Adán Arnulfo Arjona, quien concluyó que “los diputados, por su condición y jerarquía dentro de la administración pública, serán investigados y procesados por un solo ente, que en este caso es el Pleno de la Corte. Y es que es la calidad de diputado lo que da lugar a que la Constitución y, en consecuencia, del artículo 2495 del Código Judicial establezcan una autoridad distinta para que conozca de las controversias en que se encuentren inmersos”.

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