PROCESO CONTRA DESARROLLO GOLF CORONADO S.A.

Empresa interpone amparos

La operadora del hotel Coronado Golf & Beach Club, ubicado en Chame, atacó cuatro fallos dictados por el Tribunal Administrativo Tributario.
I. Roberto Eisenmann es el presidente y representante legal de Desarrollo Golf Coronado. LA PRENSA/Archivo. I. Roberto Eisenmann es el presidente y representante legal de Desarrollo Golf Coronado. LA PRENSA/Archivo.
I. Roberto Eisenmann es el presidente y representante legal de Desarrollo Golf Coronado. LA PRENSA/Archivo.

Cuatro amparos de garantías constitucionales interpuso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la empresa Desarrollo Golf Coronado S.A. contra igual número de fallos dictados por el Tribunal Administrativo Tributario (TAT), que le negaron dos incidentes de nulidad y dos advertencias de inconstitucionalidad dentro del proceso que se le sigue por liquidación adicional de impuestos por $3 millones 76 mil.

Las acciones fueron presentadas ante la secretaría general de la Corte Suprema el 5 de este mes por el abogado José Javier Rivera, quien asiste legalmente a la empresa Desarrollo Golf Coronado S.A. cuyo presidente y representante legal es el también fundador del diario La Prensa, I. Roberto Eisenmann.

NIEGAN PRUEBAS

Dos de los amparos piden la revocatoria de dos fallos dictados por los magistrados del TAT el 25 de julio pasado, los cuales, a su vez, rechazaron dos incidentes de nulidad interpuestos por la empresa como parte de las apelaciones en el proceso por liquidación adicional.

En dicho proceso se obliga a Desarrollo Golf Coronado S.A. a pagar $2 millones 83 mil 590 por liquidación adicional del impuesto sobre la renta correspondiente a 2008, 2009 y 2010, y $992 mil 765 con 75 centésimos por impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios (ITBMS) desde 2007 hasta junio de 2011.

Los amparos, a los que este diario tuvo acceso, dan cuenta de que el administrador de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP), Luis Cucalón, negó la práctica de pruebas a la empresa, resolvió el recurso de reconsideración y confirmó la sanción, en una clara violación al procedimiento fiscal ordinario.

Según los recursos, entre las pruebas que Cucalón se negó a practicar resaltan los interrogatorios a dos peritos contables de la ANIP y a siete peritos aportados por la compañía, dos de estos contables y cinco legales, solicitados el 19 y 30 de marzo de 2012. Todos estos peritos rindieron informes en los procesos ante la ANIP.

De acuerdo con los amparos lo que procedía era negar o admitir las pruebas mediante una resolución, que hubiese sido apelable –como lo indica el artículo 1240-A del Código Fiscal–, y una vez resuelta la apelación se abriría la fase de alegatos de conclusión y finalmente se resolvería la reconsideración.

Sin embargo, los recursos advierten de que la ANIP ni siquiera tomó en cuenta los informes de los siete peritos aportados por la empresa al fallar el recurso de reconsideración el 20 de abril de 2012 y confirmar la sanción contra la empresa.

Desarrollo Golf Coronado S.A. se quejó de que los informes de los siete peritos que promovió tampoco fueron confrontados con los de las dos peritos del fisco y advirtió de que hasta la fecha no se ha practicado ninguna otra prueba en el proceso.

Cucalón confirmó “de manera arbitraria” las sanciones al resolver las reconsideraciones y en las mismas resoluciones negó por improcedentes las pruebas solicitadas, resaltan los amparos.

Por otra parte, la empresa alegó que después de haber presentado los dos incidentes de nulidad el 17 de mayo pasado, solicitó al TAT una audiencia oral para resolver los recursos, basada en el artículo 162 de la Ley 8 de 15 de marzo de 2010, pero fue ignorada.

“De qué valdría una estructura jurídica administrativa y de personal, si este tribunal renuncia por voluntad propia a ejercer de manera seria la administración de justicia”, añaden los recursos.

En los amparos se advierte la violación al artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que da derecho a toda persona a ser oída con las debidas garantías.

Asimismo, se denuncia la violación a los artículos 966, 967 y 974 del Código Judicial; el artículo 1194 del Código Fiscal, y el artículo 202 de la Ley 38 de 2000.

DESVIACIÓN DE PODER

En tanto, los otros dos amparos de garantías piden revocar dos fallos del TAT dictados el 1 de este mes, con los que se negó el envío a la CSJ de dos advertencias de inconstitucionalidad presentadas por la empresa como parte de las apelaciones.

En los amparos se indica que al negar las advertencias de inconstitucionalidad con el argumento de la aplicación previa artículo 699 del Código Fiscal, el tribunal incurrió en una extralimitación de funciones y desviación de poder.

Los recursos agregan que las sanciones no se encuentran en firme, debido a que actualmente son analizadas a través de apelaciones por el propio TAT, razón por la que es viable el recurso de advertencia de inconstitucionalidad.

Cuestionan que estos recursos hayan sido resueltos a los pocos días de que el TAT asumió el conocimiento de los expedientes.

Señalan, asimismo, que el tribunal excedió sus facultades al considerar que hubo un pronunciamiento previo de la CSJ en 2009, cuando declaró (en otro proceso) que no es inconstitucional la Ley 57 de 1978.

En ese sentido, indican que las advertencias de inconstitucionalidad rechazadas plantean argumentos que no han sido examinados por la CSJ en otros fallos.

LIQUIDAR

Consultado sobre estos nuevos cuatro recursos, el abogado Rivera dijo: “Se confirma una vez más la forma en que el Ejecutivo está interviniendo directamente en el Tribunal Administrativo Tributario y el secuestro de todos los expedientes por parte del magistrado Alejandro Moncada Luna”.

“Hay una consigna de liquidar económicamente a la empresa, porque representa un bastión de la libertad de expresión”, denunció.

De acuerdo con el abogado, “lo que se quiere es hacerle daño a Desarrollo Golf Coronado S.A. e indirectamente a La Prensa”.

Señaló que el TAT quiere fallar la apelación sin practicar ninguna prueba en el proceso y eso es una clara denegación de justicia al contribuyente, que se verán obligados a denunciar ante instancias internacionales.

MONCADA, OTRA VEZ

En el reparto de casos efectuado ayer a las 11:00 a.m. en la Secretaría General de la CSJ, los cuatro amparos interpuestos por Desarrollo Golf Coronado S.A. fueron asignados al magistrado Alejandro Moncada.

La asignación de la ponencia a Moncada se basa en el artículo 107 del Código Judicial, que indica: “Todas las veces que un mismo asunto sea elevado al conocimiento de la Corte, conocerá de él, como sustanciador, el magistrado a quien se repartió la primera vez o su suplente”.

Sin embargo, basada en la enemistad manifiesta del magistrado, la empresa había presentado cuatro incidentes de recusación contra Moncada, que, sin embargo, fueron negados el pasado 19 de junio, en fallos separados, por la magistrada suplente Gisela Agurto.

En medio de la coyuntura, los abogados Mario Galindo, Alvin Weeden, Iván Robles, Fernando Berguido y Ebrahim Asvat –mismos que participaron como peritos legales de la empresa–, divulgaron un comunicado público el 7 de junio pasado y advirtieron de que en este caso se ha dado una evidente denegación de justicia.

Además de los cuatro nuevos amparos, Moncada también debe resolver otro amparo de garantías presentado el 2 de mayo pasado contra una resolución del 7 de diciembre de 2012, dictada por la directora de Desarrollo e Inversiones Turísticas de la Autoridad de Turismo de Panamá, Teodolinda Quintero.

Esa resolución canceló el Registro Nacional de Turismo a la empresa Desarrollo Golf Coronado, S.A., operadora del hotel Coronado Golf & Beach Club, ubicado en Chame.

TAT envía recursosa la Sala Tercera

La magistrada del Tribunal Administrativo Tributario (TAT), Ana Mae Jiménez, ordenó remitir a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia dos advertencias de ilegalidad presentadas por la empresa Desarrollo Golf Coronado S.A., como parte del proceso por liquidación adicional de impuestos.

En dos fallos separados, fechados el 2 de este mes, Jiménez remitió los recursos a la Sala Tercera, basada en la Ley 38 de 2000 (de procedimiento administrativo general).

Dicha norma establece en su artículo 73 que cuando se adviertan vicios de ilegalidad en un acto administrativo, el recurso debe ser enviado a los dos días siguientes a consulta de la Sala Tercera.

Agrega que la autoridad, en este caso el TAT, seguirá tramitando el recurso, pero solo dictará su decisión hasta que la Sala Tercera se haya pronunciado.

Los recursos de ilegalidad fueron presentados por la empresa contra el artículo 60 del Acuerdo 03-2012 del 30 de enero de 2012 del TAT, publicado en Gaceta Oficial el 1 de marzo del mismo año.

El citado artículo estipula que el magistrado sustanciador podrá convocar de oficio o a solicitud de una de las partes a una audiencia una vez haya concluido la práctica de pruebas y antes a emitir su decisión.

El pasado 5 de junio, la Sala Tercera no admitió una advertencia de ilegalidad interpuesta por la compañía como parte de la apelación a la cancelación del Registro Nacional de Turismo, fallo que tuvo como ponente al magistrado Luis Ramón Fábrega.

José Javier Rivera, abogado de la empresa, apeló esa decisión y Fábrega la concedió el 18 de julio pasado.

Por otra parte, el TAT dictó dos fallos el pasado 1 de agosto y negó por improcedentes las solicitudes de remisión de dos advertencias de inconstitucionalidad dentro del caso.

Ambos fallos tuvieron como ponente a Jiménez y fueron avalados por los magistrados Reinaldo Achurra e Isis Ortiz, los tres nombrados por el gobierno de Ricardo Martinelli.

Rubén Polanco

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