DERECHOS HUMANOS

Feminicidio, un mal social

Con la implementación de la Ley No. 82 de octubre de 2013, las muertes violentas de mujeres han disminuido en Panamá.

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Durante los últimos cuatro años se ha reflejado una disminución en los casos de muertes violentas de mujeres en Panamá.

Las autoridades plantean que la Ley No. 82 del 24 de octubre de 2013, la creación de los Centros del Instituto Nacional de la Mujer y el trabajo interinstitucional son factores que han influido en la reducción de estos casos.

Las estadísticas del Ministerio Público detallan que los últimos cuatro años previos a la implementación de la Ley No. 82, es decir, entre los años 2010 y 2013, se registraron 190 homicidios, en los que las víctimas resultaron ser mujeres.

Desde la entrada en vigencia de la normativa —a finales del año 2013— hasta diciembre del año pasado, la cifra fue de 128 víctimas, es decir, 62 menos que el periodo 2010-2013.

LOS FEMINICIDIOS

En la ley se hace la diferencia entre un feminicidio, definido como un crimen de odio, que consiste en el asesinato de una fémina por el hecho de ser mujer.

De los 128 casos de muertes violentas registrados en los últimos cuatro años, 91 fueron tipificados como feminicidio.

El primer caso de feminicidio registrado este año fue el pasado 10 de enero, en donde un sargento del Servicio de Protección Institucional (SPI) asesinó a su compañera, cerca de las antiguas instalaciones del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos, en pleno corazón de la ciudad capital.

SIN LLENAR EXPECTATIVA

La reducción de las cifras no termina de llenar las expectativas de las agrupaciones de la sociedad civil, que velan por la protección de los derechos humanos de las mujeres, así como del Observatorio Panameño contra la Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo, ya que todavía existen retos para el Estado en materia de protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres.

El defensor del Pueblo, Alfredo Castillero, señaló que el hecho de que mujeres y niñas sean agredidas por familiares o personas de confianza, en entornos familiares o lugares donde deberían sentir seguridad, muestra la necesidad de que el Estado implemente más acciones.

Detalló que hasta el pasado mes de noviembre en las entidades correspondientes se presentaron 16 mil 935 denuncias por delitos contra el orden jurídico y familiar, de los cuales 14 mil 275 (84%) son por violencia doméstica.

El Observatorio Panameño contra la Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo advierte que la violencia contra las mujeres se debe abordar como un problema social.

AVANCES

La directora del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), Liriola Leoteau, señaló que el país ha avanzado en materia de protección a las féminas con la aplicación de la normativa, que dicta medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y reformó el Código Penal para tipificar el feminicidio y sancionar los hechos de violencia contra el sexo femenino.

La funcionaria enfatizó que Panamá es uno de los primeros países de la región que cumplió con tener una ley de feminicidios y violencia de género en términos generales.

En 2007, Costa Rica y Venezuela fueron los pioneros en el establecimiento de una legislación específica para sancionar las muertes violentas de mujeres por su pareja o expareja, según reportes del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.

El organismo indica que a la fecha más de 15 países en la región han tipificado el feminicidio de manera penal.

Incluso, indicó que crearon los Centros de Instituto Nacional de la Mujer (Cinamu) para brindar a las mujeres, en general, todas las herramientas disponibles para mejorar, promover y atender la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Se trata de 14 Cinamu ubicados en las cabeceras de las provincias y comarcas, porque la idea es que sean lo suficientemente visibles y útiles para las mujeres que acuden en busca de orientación.

En los centros se ofrece orientación legal, psicológica y social de manera gratuita y confidencial; información para el empoderamiento y emprendimiento de las mujeres; servicios de albergue, y hogar de corta estancia.

Para ello, recibieron el apoyo de otros órganos del Estado, como el Judicial, el cual permitió que cinco centros funcionaran en sus instalaciones. El Legislativo, en tanto, aportó fondos para el Cinamu de la provincia de Veraguas, mientras que el Ministerio Público permitió que el centro de La Chorrera operara en sus instalaciones.

LA EDUCACIÓN, LA CLAVE

Joyce Araujo, miembro de Funda Género, expresó que la violencia contra la mujer o familia es un tema que afecta a toda la sociedad, y no solo al núcleo familiar en donde ocurre el hecho.

Añadió que la incidencia de casos la obliga a reflexionar en que su aparición se debe a que no se está atacando el problema de raíz, es decir, donde se genera.

Para Araujo, la educación juega un papel fundamental en el trabajo que se realiza para terminar con la violencia contra la mujer.

También planteó que es necesario incorporar la educación integral en sexualidad y la perspectiva de género, entre otros aspectos, en la sociedad panameña.

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