BLANQUEO DE CAPITALES

Financial Pacific: 18 nuevos acusados

La fiscalía investiga la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, ligado al supuesto uso de información privilegiada en la extinta casa de valores.

Una carrera contra el tiempo para evitar que el delito prescriba

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La Fiscalía Séptima Anticorrupción giró ayer órdenes de indagatoria a 18 personas, como parte del proceso que sigue por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, ligado al supuesto uso de información privilegiada en la casa de valores Financial Pacific (FP) durante el gobierno pasado (ver lista).

La investigación guarda relación con una denuncia que presentó en el año 2015 la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), en la que acusó a las sociedades High Spirit Overseas y Jal Offshore, ambas con cuentas de inversión en FP, de recibir fondos de procedencia desconocida, para comprar acciones de Petaquilla Minerals.

El abogado Ramsés Owens, beneficiario de Jal Offshore –una sociedad registrada en Belice–, y Joel Watson, también presuntamente vinculado con esta, fueron indagados ayer por la fiscalía. No se les impuso medidas cautelares y ambos deben regresar mañana, viernes, para seguir rindiendo sus descargos.

Owens, Watson y Riccardo Francolini –este último también señalado en el caso– presentaron la tarde de ayer ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recursos de habeas corpus contra las órdenes giradas por la fiscalía para que sean conducidos.

Imputados en caso FP. Expandir Imagen
Imputados en caso FP. Infografía - LP

En un reparto extraordinaria efectuado ayer, el recurso de Owens fue asignado al magistrado José Ayú Prado; mientras que el de Watson a Jerónimo Mejía y el de Francolini a Cecilio Cedalise.

Fuentes del Ministerio Público (MP) confirmaron que hoy serán indagados otros imputados en esta investigación.

FP: reactivan caso sobre uso de información privilegiada

La respuesta a una asistencia judicial solicitada a Canadá reabrió las diligencias de la investigación que adelanta la Fiscalía Séptima Anticorrupción por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, ligado al supuesto uso de información privilegiada en la extinta casa de valores  Financial Pacific  (FP).

Desde octubre de 2016, la fiscalía solicitó a Canadá información sobre quiénes y cómo se beneficiaron del uso de información privilegiada para adquirir acciones de Petaquilla Minerals, empresa con una subsidiaria en Panamá y que está listada en la bolsa de valores canadiense.

La denuncia

La pesquisa tuvo su origen en una denuncia que presentó en 2015 la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), en la que acusa a las sociedades High Spirit Overseas y Jal Offshore, ambas con cuentas de inversión en FP, de recibir fondos de procedencia desconocida, para comprar acciones de Petaquilla Minerals.

La denuncia de la SMV se sustenta en información aportada por el liquidador de FP, José Ángel Hidrogo, sobre un grupo de cuentas de clientes que presentaban “manejos irregulares” y que podrían haberse beneficiado de información privilegiada para adquirir las acciones.

Según la denuncia de la SMV, el beneficiario de Jal Offshore (una sociedad registrada en Belice) es el abogado Ramsés Owens. Mientras que High Spirit está ligada al expresidente Ricardo Martinelli.

Jal Offshore tenía cuentas en el desaparecido Banco Universal, entonces bajo el control accionario de la familia del exvicepresidente de la República Felipe Virzi.

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Financial Pacific: 18 nuevos acusados

 

Los movimientos denunciados por la SMV indican que la cuenta de Jal Offshore en FP recibió depósitos por 4.4 millones de dólares entre el 11 de enero y el 11 de mayo de 2012, provenientes de sociedades y personas naturales.

El liquidador Hidrogo solicitó a Jal Offshore que justificara los pagos recibidos; la sociedad respondió que los montos correspondían a servicios de asesoría, planeación y pago de impuestos internacionales, pero no aportó documentos que sustentaran estos señalamientos.

FP tendría en aquel momento que haber reportado tales transacciones a la SMV y a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), pero no hay constancia de que esto se realizara.

Ordenan indagatorias

En junio del año pasado, el Juzgado Decimocuarto Penal dictó un sobreseimiento provisional, a solicitud de la fiscalía, a la espera de recibir la información solicitada a Canadá.

Ahora que Canadá respondió la asistencia, la fiscalía ordenó ayer la indagatoria a 18 personas imputadas por estos hechos.

Se trata de los directores fundadores de FP,  West Valdés e Iván Clare; el expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros (CA) Riccardo Francolini; los abogados Ramsés Owens y Joel Watson, y el exvicepresidente Virzi.

Igualmente, se ordenó la indagatoria de Aaron Mizrachi, cuñado del expresidente Ricardo Martinelli, y Cristóbal Salerno, de Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA) -sociedad que en el gobierno pasado tenía la exclusividad del cobro de la cartera morosa del Estado- y su hija María Alejandra Salerno Gómez.

También de Ori Sasson Zbeda Levy, Mariel Rodríguez Espino, Carlos Javier Osorio Wald y Josué Absalón Chávez -todos exempleados de FP-, así como Margie Ángel Cohen, Ramón Carretero Napolitano, Valentín Martínez Vásquez, Salomón Jack Btesh y Harry Nessim.

Owens y Watson fueron conducidos ayer a la fiscalía; ambos deben regresar el viernes a seguir la indagatoria. La fiscal no les impuso medidas cautelares.

A la fiscalía se acercaron Marcela Araúz y Alfredo Vallarino, abogados de Francolini y de Virzi, respectivamente. Vallarino informó que su cliente rendirá declaración indagatoria el próximo lunes.

A la Corte

Owens, Francolini y Watson presentaron recursos de habeas corpus contra las órdenes de conducción giradas por la fiscalía.

El magistrado Cecilio Cedalise será el ponente del recurso de Francolini; a Jerónimo Mejía le correspondió el de Watson, y a José Ayú Prado, el de Owens.

Las tres acciones fueron asignadas en un “reparto extraordinario” celebrado la tarde de ayer, con el abogado Watson como “observador”, informó el Órgano Judicial.

Una carrera contra el tiempo para evitar que el delito prescriba

Los delitos financieros son actividades criminales sofisticadas y de difícil comprobación. La asistencia internacional es muchas veces esencial para completar esas investigaciones. La llegada de las asistencias judiciales canadienses debe, en principio, servirle al Ministerio Público para validar la comisión de los delitos de blanqueo de capitales vinculados a FP. Este proceso se rige por las reglas del sistema inquisitivo mixto.

El blanqueo de capitales en su modalidad simple tiene una pena de prisión de hasta 12 años, lo que excluye la posibilidad de que un delito cometido presuntamente en el año 2012 pueda prescribir pronto. El otro expediente de FP, que es el derivado del fraude financiero, prescribiría en las próximas semanas.

El caso de blanqueo de capitales le permite al Ministerio Público reciclar parte de la información obtenida en el expediente anterior, e incluso si llegase a un acuerdo de pena con alguno de los involucrados, pudiera interrumpirse la prescripción del caso original. Seguramente los abogados defensores harán uso de todo el arsenal de recursos y medidas dilatorias, incluyendo los habeas corpus, que con mucha agilidad le serán concedidos por la Corte. Así evitarán las detenciones preventivas.A pesar de esto, el caso de FP puede continuar. Queda pendiente encontrar a Vernon Ramos.

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