EL CASO DE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DEL PRESIDENTE

Fiscal pide de nuevo sobreseer a Herrera

El Juzgado Undécimo Penal recibió la peticiónel pasado martes y un día después se inhibió y mandó el expediente a la esfera municipal.

Por segunda vez desde el pasado mes de septiembre, la Fiscalía Séptima de Circuito pidió esta semana el sobreseimiento provisional de la dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera y del empresario italiano Mauro Velocci, acusados del delito contra la inviolabilidad del secreto por divulgar correos electrónicos de conversaciones entre el presidente, Ricardo Martinelli, y el también empresario italiano Valter Lavítola.

Fuentes del Ministerio Público (MP) informaron ayer que el pasado 4 de diciembre –mismo día en que Herrera acudió a rendirindagatoria, pero se abstuvo de hacerlo– la Fiscalía envió el expediente al Juzgado Undécimo Penal con la petición de sobreseimiento.

La Fiscalía había pedido el sobreseimiento de los dos imputados el 20 de septiembre pasado, pero el juzgado ordenó un mes más tarde, el 25 de octubre, ampliar las sumarias y tomar indagatoria a Herrera y a Velocci.

Asimismo, el juzgado pidió a la Fiscalía determinar si los dos acusados incurrieron en delitos contra la personalidad interna del Estado.

Sin embargo, de acuerdo con las fuentes consultadas, ninguna de estas diligencias se hizo efectiva.

De hecho, Herrera acudió dos veces a la Fiscalía, pero la primera vez, el 20 de noviembre pasado, no declaró debido a que no estaba asistida por un abogado, y la segunda, el pasado martes se rehusó a hacerlo hasta que el Primer Tribunal Superior resolviera un amparo de garantías constitucionales interpuesto por su defensa.

Velocci, por su parte, está en Italia y tampoco rindió indagatoria como lo solicitó el juzgado.

Al día siguiente de que la Fiscalía pidiera el sobreseimiento por segunda vez, el 5 de este mes, el juez Alexis Ballesteros emitió un fallo en el que se inhibió de conocer el proceso y lo remitió a Registro Único de Entrada para que sea enviado a un juzgado municipal penal en turno. Ballesteros fijó un edicto ayer para notificar a las partes.

Fuentes del Palacio de Justicia explicaron que el juez se inhibió, debido a que el delito de inviolabilidad del secreto tiene penas que van de 1 a 4 años de prisión y esos procesos son competencia de los jueces municipales, de acuerdo al artículo 174 del Código Judicial.

Detallaron que por esa razón el juez había pedido que se investigara si los imputados incurrieron en delitos contra la personalidad interna del Estado, que tienen penas que van de 5 a 10 años y por tanto el proceso sí era de su competencia. Pero esto no fue investigado.

Rosendo Rivera, abogado de Martinelli, dijo que no harían comentarios.

Por su parte, Osvaldo Gálvez, abogado de Herrera, se mostró sorprendido por la decisión y dijo que está a la expectativa de que se resuelva el amparo de garantías.

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