Hijos del desorden

El 15 de marzo de 2012 circularon por última vez los “diablos rojos” en la ciudad de Panamá. Ello ponía a prueba el nuevo sistema. Y los “piratas” estaban listos para aprovechar la coyuntura.

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Ante los problemas de frecuencia del Metro Bus en algunas rutas, los llamados busitos pirata se han convertido en una necesidad para los usuarios. No obstante, este transporte implica irregularidades y riesgos. LA PRENSA/Archivo. Ante los problemas de frecuencia del Metro Bus en algunas rutas, los llamados busitos pirata se han convertido en una necesidad para los usuarios. No obstante, este transporte implica irregularidades y riesgos. LA PRENSA/Archivo.
Ante los problemas de frecuencia del Metro Bus en algunas rutas, los llamados busitos pirata se han convertido en una necesidad para los usuarios. No obstante, este transporte implica irregularidades y riesgos. LA PRENSA/Archivo.

En 2011, los conductores de las chivitas que prestaban el servicio a distintos puntos del distrito de San Miguelito se encontraron ante un dilema.

La entrada del nuevo sistema de transporte de la ciudad –el Metro Bus– amenazaba con cambiar todo su esquema de funcionamiento.

El entonces director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Jorge Ricardo Fábrega, planteó que la entidad haría un estudio técnico que redefiniría todas las rutas para convertirlas en alimentadoras del nuevo sistema.

Sin embargo, con el correr de los días, las cosas no funcionaron como se esperaba.

Mientras muchos transportistas tradicionales empezaban a salir de circulación, el Gobierno demoraba el pago de las indemnizaciones, y los usuarios se quejaban por el desorden y las demoras del nuevo sistema.

A comienzos de 2012, 173 conductores de “diablos rojos” de la piquera de Las Mañanitas impidieron el inicio de operaciones del Metro Bus, pues no les habían pagado la indemnización de 25 mil dólares a cada uno de ellos.

La transición había provocado la coexistencia de los dos sistemas: buses “diablos rojos” –de las rutas que aún no habían sido compensadas– y las unidades del Metro Bus.

Sin embargo, la poca frecuencia de los Metro Bus en muchos puntos empezó a propiciar que los usuarios se vieran obligados a utilizar el llamado “transporte pirata”: vehículos no autorizados, sin rutas asignadas legalmente, sin seguro para el pasajero ni responsabilidad alguna. Poco a poco empezaron a compensar los huecos del nuevo sistema.

El 15 de marzo de 2012 circularon por última vez los “diablos rojos” en la ciudad de Panamá. Ello ponía a prueba el nuevo sistema. Y los “piratas” estaban listos para aprovechar la coyuntura.

El 22 de marzo de ese mismo año, un grupo de usuarios bloqueó un paño del corredor Sur para protestar contra los operativos de la ATTT contra el transporte pirata. Alegaban que era el único tipo de transporte que les resolvía las enormes demoras del sistema Metro Bus, que no terminaba de asentarse.

Sin embargo, y con apenas la promesa de la empresa y del Gobierno de mejorar el sistema, la ATTT anunció el aumento de las multas contra los conductores ilegales.

La sanción máxima pasó de 500 dólares a 2 mil 500 dólares. pero los problemas continuaron sin visos de solución.

Ante este panorama, la alcaldesa capitalina, Roxana Méndez, lanzó la iniciativa de contratar, aunque fuese de manera temporal, buses para que brindaran el servicio en la ciudad mientras se concretaban los ajustes prometidos por la empresa encargada del Metro Bus.

Así, en abril de 2013, se hicieron las gestiones para que 50 de estos buses realizaran el trabajo durante 10 días de manera gratuita para el usuario.

La medida, avalada en principio por el Consejo Municipal y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no contó con el refrendo de la Contraloría General de la República.

Los buses nunca llegaron a circular porque el municipio desistió del plan luego de que, aunado al rechazo de la Contraloría, la empresa que ofrecería el servicio señaló que ya no estaría disponible para prestarlo.

Para agosto de ese año, la ATTT informaba que, tan solo en la primera quincena de ese mes había sacado 80 buses “ilegales”, en la provincia de Panamá.

La proliferación del transporte pirata era particularmente notable en San Miguelito y en Panamá centro ante la necesidad de un buen sistema de transporte público, según decía entonces Lucía Perea, representante de los usuarios en la junta directiva de la ATTT.

Pese a los operativos y a las multas, la situación no mejoró. Mientras hubiese usuarios necesitados y rutas o frecuencias no atendidas por el sistema legal, proliferarían los piratas.

Por tal motivo, en diciembre de ese año, el Gobierno aceptó la propuesta de “legalizar” el transporte pirata en ciertas rutas de la ciudad capital.

En enero de 2014, debido a la temporalidad de la medida, hubo necesidad de decretar una prórroga indefinida para este tipo de transporte.

Pero la entrada en funcionamiento de la línea 1 del Metro de Panamá obligó a suspender la medida a varios.

Desde la Asamblea Nacional, el diputado oficialista Marco González dijo en marzo que en la ruta del Metro no podían funcionar esos buses.

No obstante la prohibición, unos 300 transportes de este tipo seguían circulando en estas rutas en San Miguelito en el mes de abril.

Algunos de estos transportes, en rutas específicas, están amparados por el Sindicato de Conductores del Transporte Colectivo (Sicotrac), cuyos buses están identificados con sus siglas.

No obstante, transportistas legales de rutas internas en San Miguelito y del sector norte de la ciudad se quejan de que entre los piratas, avalados o no por un sindicato, se dan abusos en el costo del pasaje, lo cual, consideran, es una competencia desleal.

Los piratas de San Miguelito se han rebelado contra la imposición de sanciones. A comienzos de junio, un grupo de estos transportistas cerró el corredor Norte para protestar contra las multas impuestas por la Autoridad.

Perea, representante de los usuarios ante la ATTT, señala que la ineficiencia del Metro Bus y la falta de acción de las autoridades han reforzado la aparición de los buses pirata.

Un buen transporte: promesa incumplida

En la campaña publicitaria se anunciaba que era “cómodo, seguro, confiable”. Pero las quejas y el descontento de los usuarios ponen en entredicho el cumplimiento de estas promesas. 

El sistema Metro Bus, que entró en funcionamiento en 2011, prometía dejar atrás la anarquía existente en el transporte público en la ciudad de Panamá. Sin embargo, tres años después, pese a los buses modernos, el sistema de tarjetas prepagadas, las paradas fijas y las zonas pagas, el sistema no termina de resolver el problema básico del usuario: llevarlo a tiempo a su destino. 

El Gobierno ha multado y amenazado en todos los tonos a la empresa Mi Bus para que cumpla con lo pactado. La empresa ha reiterado que hace los ajustes necesarios, que se ciñe a la letra del contrato, que cumple. Pero no tiene suficientes operarios, el sistema de asignación de recorridos es confuso y hay poca información al usuario. Y las quejas continúan.

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