Inhabilitarían a empresas vinculadas con la corrupción

Eduardo Corro, jefe de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Eduardo Corro, jefe de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Eduardo Corro, jefe de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Roberto Cisneros

Las reformas a la Ley 22 de Contrataciones Públicas incluyen 70 modificaciones, entre las que destacan la inhabilitación de contratar con el Estado a las empresas o personas jurídicas cuyos accionistas mayoritarios, directores, gerentes o representantes legales hayan sido condenados por delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales o terrorismo.

PROPONEN 70 CAMBIOS A LA LEY 22

El proyecto de ley de reformas a la Ley 22 de 2006 de contrataciones públicas incluye la eliminación de las licitaciones abreviadas, las compras menores apremiantes, la inclusión por primera vez al sistema de Panamá Compra de las Juntas Comunales y la Dirección de Asistencia Social (DAS), antiguo Programa de Ayuda Nacional.

También se incluye la inhabilitación de contratar con el Estado a las empresas o personas jurídicas cuyos accionistas mayoritarios, directores, dignatarios, gerentes, representantes legales, hayan sido condenados por la comisión de delitos contra la administración pública, de blanqueo de capitales o terrorismo.

La información fue proporcionada por Eduardo Corro, director de Contrataciones Públicas, quien adelantó que el proyecto de ley que se presentará en enero a la Asamblea Nacional incluye modificaciones a 70 artículos de la actual Ley 22 de 2006, así como 14 artículos nuevos y otros que se derogarán.

Los artículos a derogar son el 48 y 93 de la ley actual. El primero trata sobre la licitación abreviada y el segundo tiene que ver con los contratos de prestación de servicios de promoción y publicidad para pautas publicitarias y relaciones públicas en el extranjero.

“También se está eliminando lo que se conoce como contratación menor apremiante, que establece que en dos horas se puede hacer la convocatoria, y eso fue producto de la reformas que se dieron en la administración pasada”, indicó Corro.

Con respecto a las consultorías, explicó que se logró un avance positivo, ya que se tienen que manejar a través del procedimiento de selección de contratista que establece la ley.

Destacó que las reformas a la ley de contrataciones públicas fueron producto de seis meses de consultas en que participaron diversos sectores económicos, el Gobierno y la sociedad civil.

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