ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Justicia de Paz, sin jueces ni corregidores

Algunos municipios del Primer Distrito Judicial han planteado como razón para el retraso en el nombramiento de los jueces, la falta de presupuesto.

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La justicia de paz fue una iniciativa surgida dentro del Pacto de Estado por la Justicia, que prevía la sustitución de la figura del corregidor por la del juez de paz. La justicia de paz fue una iniciativa surgida dentro del Pacto de Estado por la Justicia, que prevía la sustitución de la figura del corregidor por la del juez de paz.
La justicia de paz fue una iniciativa surgida dentro del Pacto de Estado por la Justicia, que prevía la sustitución de la figura del corregidor por la del juez de paz. LA PRENSA/Archivo

La mayor parte de los municipios del Primer Distrito Judicial (al que corresponden las provincias de Panamá, Darién, Panamá Oeste, Colón y las comarcas Guna Yala, Emberá Wounnan y Wuargandí) no tiene jueces de paz nombrados en propiedad. Tampoco hay corregidores, ya que su figura cayó en desuso el 2 de enero.

Así lo confirmaron tanto el procurador de la Administración, Rigoberto González, como la subdirectora de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Gobierno, Karen Palacios.

Palacios, cuya oficina está a cargo de la supervisión de los jueces de paz, explicó que la excusa dada por la mayoría de los municipios es que no tienen la partida presupuestaria para ejecutar los nombramientos.

La funcionaria expresó que ante esta situación se decidió nombrar jueces interinos para que suplan la ausencia de los titulares.

A la fecha solo están en sus cargos los jueces de paz del Municipio de Panamá.

En este aspecto reconoció que en algunos lugares se ha designado para el cargo a los secretarios de las corregidurías, y que esta situación no es lo ideal.

Sobre el argumento esgrimido por los municipios, Palacios dijo que el dinero para nombrar los jueces de paz debe salir del presupuesto de cada municipio, y acorde a los fondos obtenidos de la descentralización.

Se estima que implementar este nuevo modelo de justicia en el Primer Distrito Judicial —donde operarán 181 jueces de paz— costará entre $6.5 y $ 10 millones.

A la fecha solo están en sus cargos los jueces de paz del Municipio de Panamá.

El procurador González consideró irregular la designación de personal no idóneo para estos puestos y apuntó que se debe cumplir con el perfil establecido en la ley para ocupar el cargo de jueces de paz.

LENTITUD

El procurador de la administración, Rigoberto González, aseguró que la implementación de la justicia de paz está estancada, ya que la mayoría de los jueces de paz del Primer Distrito Judicial —que comprende las provincias de Panamá, Colón, Darién, Panamá Oeste y las comarcas Guna Yala, Emberá, Madungandí y Wargandí— no han sido designados y, por ende, no han tomado posesión del cargo.

González destacó que en el Primer Distrito Judicial solo en la ciudad de Panamá se logró nombrar a todos los jueces de paz designados para desempeñar esta labor; que en el resto de esta jurisdicción aún los funcionarios no han sido seleccionados, por lo que tardará algún tiempo en que funcione correctamente el sistema.

El pasado 2 de enero entró en vigencia, en el Primer Distrito Judicial, la Ley 16 de junio de 2016, que instituye la justicia comunitaria de paz y dicta disposiciones sobre mediación y conciliación. De los 181 jueces de paz que debían estar en sus puestos ese día, solo se habían nombrado 23.

González dijo que el retraso en las designaciones y nombramientos ha producido un vacío.

Recordó que en 2017 se pospuso la entrada en vigencia de la ley, que debía haberse iniciado en junio de ese año, y se concedió una prórroga hasta enero de 2018. Vencida la prórroga, indicó, tampoco se ha cumplido con la meta de que todos los corregimientos de la provincia de Panamá tengan sus jueces.

Advirtió que el asunto no radica en la falta de personal entrenado para cubrir las posiciones, ya que durante todo 2017 se dictaron cursos para la formación de jueces de paz; que solo había que hacer las convocatorias y los nombramientos, y el proceso no se cumplió.

El juez de paz atenderá denuncias sobre riñas, agresiones verbales y actos ilícitos que no superen el valor de mil dólares.

González también cuestionó el que algunos municipios estén nombrando personal que no está calificado. “A mi despacho ha llegado información de que en algunos municipios se han habilitado corregidores y secretarios judiciales interinos, lo que es contra la ley”, indicó.

Señaló que su despacho está habilitando una convocatoria para el mes de abril, para efectuar un nuevo ciclo de capacitaciones. Con ello, espera que el resto de los municipios del país tengan el personal capacitado.

Esta labor es necesaria, recalcó, porque el personal debe cumplir con el perfil idóneo para desarrollar esta nueva legislación, que busca la solución de los conflictos a través de la conciliación.

También explicó que en los municipios en los que no no hay aún jueces de paz se pueden designar jueces interinos para suplir la ausencia de un titular.

El juez de paz atenderá denuncias sobre riñas, agresiones verbales y actos ilícitos que no superen el valor de mil dólares, agresiones físicas cuya sentencia no llegue a los 30 días de sanción, así como los casos civiles, desalojos y demás asuntos que eran competencia de las corregidurías.

El 22 de diciembre de 2017, el Consejo Municipal publicó la lista de los jueces de paz designados para los 23 corregimientos del distrito capital. Los seleccionados tienen licenciatura en derecho, idoneidad de abogado y cumplieron, entre otros requisitos, con el curso de formación de la Procuraduría.

Días antes de entrar en vigencia la justicia de paz, Karen Palacios, subdirectora de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Gobierno, dijo que la mayoría de los municipios comenzó el proceso de selección de jueces en noviembre y que esperaba que en el menor tiempo posible cumplieran con la ley.

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