PANAMÁ EN LA MIRA

Lava Jato se investiga en Estados Unidos

El caso más importante del continente se traslada del sur al norte, donde la operación pasa de llamarse Lava Jato a Carwash.

El escándalo tiene consecuencias para Panamá

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Suiza pidió en marzo de 2016 interrogar a los hijos de Ricardo Martinelli: Luis Enrique y Ricardo Alberto. Suiza pidió en marzo de 2016 interrogar a los hijos de Ricardo Martinelli: Luis Enrique y Ricardo Alberto.
Suiza pidió en marzo de 2016 interrogar a los hijos de Ricardo Martinelli: Luis Enrique y Ricardo Alberto. Archivo

Finalmente, el escándalo estalló. Constructora Norberto Odebrecht, S.A., sí pagó coimas por sus proyectos en Panamá, los cuales suman miles de millones de dólares. Y no solo pagó sobornos en Panamá y Brasil. El esquema de corrupción alcanzó, al menos, a una decena más de países en todo el mundo.

Lejos estaba Odebrecht Panamá de ser la excepción en ese esquema de corrupción tal y como querían hacer ver los gobiernos que contrataron sus servicios.

Se trata –según documentos divulgados ayer por el Departamento de Justicia de Estados Unidos– de sobornos pagados a cambio de la adjudicación de más de 100 proyectos en 12 países en 2 continentes, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.

Panamá es el tercer país –fuera de Brasil– cuyos funcionarios recibieron más coimas (59 millones de dólares), solo superado por Venezuela (98 millones de dólares) y República Dominicana (92 millones de dólares).

De los 437 millones de dólares pagados por Odebrecht en coimas en 11 países fuera de Brasil, los funcionarios panameños fueron destinatarios del 13.5% del total de coimas pagadas, lo cual es una cifra bastante alta teniendo en cuenta el tamaño de la economía panameña frente a países como Venezuela, o Colombia, cuyos funcionarios recibieron 11 millones de dólares en coimas, o Ecuador, con 33.5 millones de dólares, o Perú, a donde fueron destinados 29 millones de dólares en sobornos.

En Brasil, las coimas pagadas a políticos y a sus partidos entre 2003 y 2016 sumaron unos 349 millones de dólares, que aunados a las coimas pagadas en el exterior suman un total de unos 788 millones de dólares.

EL CASO PANAMEÑO

¿Quiénes recibieron las coimas? De momento no se revelaron nombres, pero sí algunas señas. Primero, hubo pagos de coimas entre 2010 y 2014; es decir, durante el gobierno de Ricardo Martinelli, cuya obra insignia fue la línea 1 del Metro de Panamá, en cuya licitación Odebrecht se alzó la victoria por mil 452 millones de dólares, aunque la obra terminó costando casi un 40% más; es decir, más de 2 mil millones más.

Pero Roberto Roy, presidente y director de la Junta Directiva del Metro de Panamá en el pasado y en el presente gobierno, aseguró que Odebrecht no pagó un centavo en coimas.

En el mismo sentido se pronunció el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán: “Los proyectos adjudicados por nuestro gobierno a Odebrecht han sido el resultado de procesos transparentes”.

Ricardo Martinelli –quien se encuentra en Estados Unidos, país donde ahora se realiza una investigación por presuntas violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero– no respondió un cuestionario enviado a su correo por este diario. Tampoco hizo comentario alguno en su activa cuenta de Twitter.

Pero hay más señas de los que recibieron sobornos de parte de Odebrecht. Según los documentos del Departamento de Justicia de EU, entre 2009 y 2012, Odebrecht acordó pagar 6 millones de dólares a dos parientes cercanos de un alto funcionario del Gobierno panameño con relación a proyectos de infraestructura gubernamental, en el entendido de que, a cambio de estos pagos, el funcionario le garantizaría a Odebrecht su participación en el contrato...

Agrega el documento que con el fin de efectuar los pagos corruptos, Odebrecht utilizó su División de Operaciones Estructuradas –también conocida como departamento de coimas– para hacer pagos con fondos no registrados a sociedades offshore designadas por el funcionario y sus intermediarios.

Por sus prácticas corruptas, Odebrecht firmó un acuerdo global con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y con los ministerios públicos de Brasil y Suiza, en el que se comprometió a pagar una multa de más de 2 mil millones de dólares.

Justamente, Suiza que también investiga el uso de su sistema bancario para el lavado de dinero por parte de Odebrecht y de offshores bajo su control, hizo una petición a Panamá meses atrás para investigar a un alto funcionario panameño y a dos de sus parientes más cercanos.

Se trata del expresidente Ricardo Martinelli y sus dos hijos: Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares, así como algunas offshores: Fondel (o Fordel) International Ltd. (Bahamas); Aragon Financial Corp.; Ascona Management Group Corp.; Diamong Investment Corp.; Kadair Investiment, Ltd.; Livorno International Ltd.; Houfburg Capital Management Corp.; Waterspoon International; Select Engineering y Active Capital Holding, entre otras.

Son dos familiares de un alto funcionario panameño que laboró para el gobierno entre 2009 y 2014, los que recibieron 59 millones de dólares en coimas y que, gracias a ello, Odebrecht se hacía de contratos de obras de infraestructuras públicas. Expandir Imagen
Son dos familiares de un alto funcionario panameño que laboró para el gobierno entre 2009 y 2014, los que recibieron 59 millones de dólares en coimas y que, gracias a ello, Odebrecht se hacía de contratos de obras de infraestructuras públicas.

Suiza pedía específicamente a Panamá tomar declaración, conforme a un pliego de preguntas, y confrontarlos con documentos pendientes de envío, pero advirtiéndoles del derecho a no declarar que posiblemente les asista”. Esas personas eran Ricardo Alberto Martinelli Linares (“en calidad de imputado”) y a Luis Enrique Martinelli (también “en calidad de imputado”).

Se desconoce si los fiscales panameños realizaron las diligencias solicitadas por sus homólogos de Suiza.

ODEBRECHT ADMITE

El acuerdo firmado por Odebrecht tiene fecha de ayer e incluye su admisión de culpa, firmado por el responsable del equipo legal de Odebrecht, Adriano Chaves Jucá Rolin, y por el fiscal federal del Distrito Este de Nueva York Robert L. Caperss.

El pacto contempla medidas extraordinarias anticorrupción en la empresa, como despedir a 51 empleados que incurrieron en conductas delictivas; multas y anulación de competencias ejecutivas en la empresa de otros 26 empleados que, además, deberán recibir formación para hacer negocios basados en la ética, y la creación de un departamento que reporte el cumplimiento de las normas anticorrupción.

¿INSOLVENCIA?

La multa adecuada según los principios matemáticos aplicados de la Guía de Sentencias de Estados Unidos, es de 4 mil 503 millones, de dólares que incluye un 25% de descuento, ya que la empresa está colaborando.

Sin embargo, Odebrecht interpuso ante las autoridades de Brasil y EU un recurso de incapacidad para pagar una multa mayor de 2 mil 600 millones de dólares.

Frente a este escenario, la División Criminal Antifraude, la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York y los fiscales de Brasil conducirán una investigación independiente para verificar la solvencia de Odebrecht y su real capacidad para pagar la multa, la cual dará sus resultados antes del 31 de marzo de 2017. Una vez haya sido analizado, las autoridades judiciales podrán agregar una suma a la multa ya fijada.

De la multa, 200 millones de francos suizos (unos 195 millones de dólares) servirán para zanjar los cerca de 60 procedimientos penales que abrió el Ministerio Público helvético desde 2014 contra el grupo brasileño.

REACCIONES

Y mientras continúan las investigaciones en Suiza y EU, en Panamá, lo de investigar a Odebrecht no es una idea que entusiasme mucho. El Ministerio Público fue escueto: “solicitaremos, por conducto oficial, a Estados Unidos información del caso Odebrecht”. Algo muy parecido a lo que hizo con Brasil cuando sus autoridades pidieron investigar cuentas bancarias de sociedades bajo el control de Odebrecht.

A su vez, el ministro de la Presidencia dijo que le corresponderá al Ministerio Público investigar.

El alcalde capitalino, José Blandón –que bajo su administración Odebrecht realiza obras municipales por unos 100 millones de dólares–, dijo no tener elementos para responder si las multas impuestas a Odebrecht implicarían posibles afectaciones a sus proyectos. Y agregó que las obras que realiza esta empresa para el Municipio continúan, salvo que se declare algún impedimento legal.

El excontralor Carlos Vallarino es tan pesimista sobre las investigaciones en Panamá que dijo que “como van las cosas, es probable que Odebrecht se gane la licitación del cuarto puente sobre el Canal, que de hecho ya está calificada para esto”.

(Con información de Carlos Vargas, Olmedo Rodríguez, Victoria Isabel Cardiel, Andrea Gallo y Gustavo Aparicio)

El escándalo tiene consecuencias para Panamá

OPINIÓN. El anuncio de la multa conjunta que Estados Unidos, Suiza y Brasil impusieron a Odebrecht por la estructura internacional de pago de sobornos  a cambio de contratos de megaproyectos de infraestructuras públicas, tiene serios efectos legales para el ordenamiento jurídico panameño. Según la información, Odebrecht pagó 59 millones de dólares en coimas a intermediarios y altos funcionarios panameños entre  2009 y 2014. Esta información es producto de la cooperación internacional articulada para investigar este caso. Para Estados Unidos,  el rastro de las transacciones bancarias constituyen dos figuras delictivas distintas. La primera es la violación de la ley contra las prácticas corruptas en el extranjero, que sanciona a las empresas y funcionarios extranjeros que hayan participado en el intercambio de contratos a cambio de coimas. El segundo aspecto es la posible comisión del delito de lavado de dinero, si se comprueba que se utilizaron bancos estadounidenses o medios de pago, incluyendo bienes o servicios de ese país para hacer el pago de sobornos.

¿Cuáles son las consecuencias jurídicas para Panamá? Hay dos: por un lado, toda esta información supera la categoría de noticia criminis, al provenir de una fuente confiable y respaldada por  evidencias. Es decir, es el equivalente a una prueba sumaria de que en Panamá Odebrecht pagó sobornos. Esto debe bastar para que, tanto en las fiscalías anticorrupción como en las que se investiga el  lavado de dinero, puedan iniciar de oficio sus propias pesquisas en Panamá. Por las fechas mencionadas por las autoridades estadounidenses, ninguno de los presuntos delitos está prescrito. Si de las pruebas obtenidas  se puede presumir la participación de personas que no pueden ser investigadas por el Ministerio Público, corresponde a esta entidad poner en conocimiento a la Corte Suprema de Justicia o a la Asamblea Nacional de los respectivos casos, según se amerite.

El otro curso de acción que debe realizarse por parte de los funcionarios panameños tiene a su vez dos aspectos: uno restaurativo y el otro preventivo. En cuanto a lo restaurativo, corresponde a la Contraloría efectuar una auditoría forense de los contratos otorgados a Odebrecht en Panamá  entre los años 2010-2014, para verificar si estos se hicieron en cumplimiento de la Ley, y sin perjuicio al patrimonio del Estado. En el aspecto preventivo intervienen  múltiples actores. La  Contraloría y los ministerios de Economía y Finanzas, Vivienda, Salud, Obras Públicas, Municipio capitalino y la Secretaría del Metro de

Panamá deben revisar de forma inmediata los contratos, fianzas, seguros y garantías, que la empresa Norberto Odebrecht mantiene con el Estado y el Municipio de Panamá, dado que dicha empresa  enfrenta la  posibilidad de una  quiebra o insolvencia por las multas impuestas por Brasil,  Suiza y EU. Aunque este aspecto no fuera un factor de riesgo, existe el aspecto reputacional de que el Estado siga contratando y pagándole a la empresa más corrupta de América Latina.            

RODRIGO NORIEGA
ABOGADO

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