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CONTRATO DE COMIDA DESHIDRATADA

Lerkshore y su gran negocio

La empresa que se adjudicó el millonario contrato con el Programa de Ayuda Nacional solo pagó $196 mil a sus suplidores en Brasil.

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Un informe de auditores forenses de la Contraloría determinó que la lesión al Estado por la compra de comida deshidratada fue de $44.9 millones. Un informe de auditores forenses de la Contraloría determinó que la lesión al Estado por la compra de comida deshidratada fue de $44.9 millones.
Un informe de auditores forenses de la Contraloría determinó que la lesión al Estado por la compra de comida deshidratada fue de $44.9 millones.

El sobrecosto en la compraventa de comida deshidratada para el proyecto Nutriescuela a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) fue descubierto a través de una factura comercial que registra el pago que hizo la empresa Lerkshore International Limited a sus suplidores en Brasil por 196 mil 190 dólares con 72 centésimos, mientras que recibió del Gobierno panameño 44.9 millones de dólares.

Las cifras están contenidas en la vista fiscal de este caso, emitida por la Fiscalía Segunda Anticorrupción el 24 de abril pasado, basada, entre otros documentos, en una diligencia de inspección y entrega de los alimentos efectuada el 16 de enero de 2011 en las oficinas centrales de la empresa suplidora en Brasil por el representante legal de Lerkshore, Rubén De Ycaza, y el entonces jefe de Nutrición del PAN, Ángel Famiglietti.

El monto desembolsado por Lerkshore “demuestra los precios ínfimos pagados a las empresas suplidoras... en comparación a la suma millonaria recibida por parte de la República de Panamá”, destaca la vista fiscal. “Aunado se demuestra que hubo sobrecostos y así se demostró por parte de este despacho, sobre los productos ofertados por dicha empresa al Programa de Ayuda Nacional”, agrega el documento de la fiscalía.

La diferencia favorable entre lo pagado y lo recibido por Lerkshore suma 44 millones 797 mil 870 dólares con 72 centésimos.

Según la Contraloría, la lesión patrimonial al Estado por este contrato suma 44.9 millones de dólares.

LA ‘GRAN RESPONSABLE’

Por lo sucedido con esta inflación de precios, la fiscalía atribuye particular responsabilidad a la excontralora Gioconda Torres de Bianchini, quien refrendó el contrato.

“La señora Gioconda Torres de Bianchini, contralora general de la República de Panamá, autorizaba con su firma en conjunto de la cuenta oficial del Programa de Ayuda Nacional, y permitía la transferencia bancaria de los fondos del PAN a la cuenta de Lerkshore International Limited, y daba por recibido y a satisfacción los servicios de la empresa en mención...”, indica la vista fiscal.

Añade que la funcionaria actuó“sin considerar que se haya cumplido las cláusulas de estricto cumplimiento establecidas en el Contrato, puntualmente en lo que se refiere a la obligación de que un funcionario del Programa de Ayuda Nacional estuviese presente en la República de Brasil, para dar fe de todas las entregas y embarques de alimentos deshidratados. Se advierte entonces que esto no ocurrió y las actas de inspección y de entrega de los productos alimenticios convenidos en el contrato..., fueron firmados en la República de Panamá, lo que generó que no se realizaron las evaluaciones o condiciones en la que debía salir el producto desde Brasil por la empresa Lerkshore”.

Según la investigación de la fiscalía, Lerkshore vendió el arroz precocido al PAN en 15.85 dólares la unidad, cuando en el mercado local su precio era de 5 dólares por unidad. Además, la sopa instantánea fue vendida en 26.04 dólares la unidad y su precio de mercado era de 5 dólares por unidad.

PEDIDO DE JUICIO

La fiscal segunda anticorrupción, Vielka Broce, suscribió la vista fiscal con una solicitud de llamamiento a juicio para el exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli y el exjefe de Nutrición de esa entidad Ángel Famiglietti; el representante legal de Lerkshore, Rubén De Ycaza; el secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli, Adolfo Chichi De Obarrio; la excontralora Gioconda Torres de Bianchini; los exministros de Educación y Obras Públicas, Lucy Molinar y Federico Suárez; y las exviceministras de Desarrollo Social y Presidencia, Marta Susana de Varela y María Fábrega.

El Juzgado Decimoquinto Penal fijó para el 21 de octubre próximo la audiencia preliminar de este proceso.

REGRESA DE OBARRIO

Tras conocer la fecha de audiencia, Edna Ramos, abogada de Chichi De Obarrio, confirmó que este retornaría al país en octubre.

Ramos aseguró que su cliente regresará a Panamá con su familia y que comparecerá ante el juzgado.

La abogada confirmó que De Obarrio también es investigado en el proceso sobre presuntas irregularidades en los contratos para la compraventa de granos con supuestos sobrecostos a través del PAN. La investigación está a cargo de la Fiscalía Primera Anticorrupción.

Asimismo, el exfuncionario es señalado en la investigación por la compra de bolsas de comida al PAN, también con supuestos sobreprecios, que adelanta la Fiscalía Cuarta Anticorrupción.

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