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PROCESO DE ANTEJUICIO CONTRA LA FISCAL GENERAL DE VENEZUELA

Luisa Ortega desafía al TSJ

Al sustentar su solicitud, el diputado acusó a la fiscal de actuar con grave e inexcusable ignorancia de la ‘Carta Magna’ y efectuar activismo político.

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El TSJ nombró y juramentó ayer, como vicefiscal, a Katherine Harrington Padrón, quien en 2016, en una carta, le confesó a la fiscal Ortega que su objetividad estaba comprometida, por activismo político, y le pidió la jubilación. El TSJ nombró y juramentó ayer, como vicefiscal, a Katherine Harrington Padrón, quien en 2016, en una carta, le confesó a la fiscal Ortega que su objetividad estaba comprometida, por activismo político, y le pidió la jubilación.
El TSJ nombró y juramentó ayer, como vicefiscal, a Katherine Harrington Padrón, quien en 2016, en una carta, le confesó a la fiscal Ortega que su objetividad estaba comprometida, por activismo político, y le pidió la jubilación. Marco Bello

El enfrentamiento que desde fines de marzo pasado mantienen la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, con el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) alcanzó un clímax ayer, cuando Ortega se negó a comparecer ante el pleno de los magistrados para la audiencia del antejuicio de mérito, por considerar que el tribunal es inconstitucional e ilegítimo y que el proceso está viciado de origen, ya que la solicitud fue hecha por una persona que no estaba facultada para hacerla.

“Este es un fraude procesal, vergonzoso, con el que se pretende intimidar a la fiscal de la República (...) callarme para que no siga diciendo verdades (…) Si decidieran removerme, en mi condición de fiscal general tendré el deber de colaborar en el restablecimiento de [la] efectiva vigencia [de la Constitución] al igual que el resto del pueblo”, aseguró la fiscal en una rueda de prensa, acompañada de un grupo de fiscales y directores, y a la misma hora en que el TSJ daba inicio a la audiencia en su contra.

Luego remató: “Esto es un golpe de Estado más grotesco que el de [Pedro] Carmona”, en 2002.

En la sede de la Corte, la sala plena, presidida por Maikel Moreno, avanzaba su antejuicio.

Moreno explicó que el procedimiento se efectuaba para determinar si la fiscal incurrió en faltas graves a su investidura por “responsabilidades éticas y morales”, basado en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, que establece que “los integrantes del Consejo Moral Republicano serán removidos de sus cargos por la Asamblea Nacional previo pronunciamiento del TSJ en sala plena, que declare que hay mérito para su enjuiciamiento”.

CARREÑO, EL CIUDADANO

Moreno justificó que la solicitud fuera interpuesta por el diputado oficialista Pedro Carreño, al señalar que: “el Ministerio Público (MP) como órgano integrante del Consejo Moral Republicano mal podría establecer responsabilidades de carácter ético o moral en contra” de los miembros del Consejo.

Sería una contradicción a la naturaleza propia de esta institución, destacó, no sin antes remarcar que las atribuciones del Ministerio Público están expresamente establecidas en el artículo 285, numeral 5, de la Constitución y ninguna de ellas es establecer la responsabilidad ética o moral de un funcionario.

Por lo tanto, añadió, “ no es el MP en ninguna de sus funciones [el] legitimado para actuar en contra de Luisa Ortega, por lo cual en los casos que se incurran en presuntas responsabilidades de carácter ético o moral, o en los casos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, recae en los propios ciudadanos que investidos de su derecho a petición se encuentran legitimados para hacer valer los postulados del poder moral establecidos en la exposición de motivos de nuestra Carta Magna”.

La sesión del antejuicio duró unas dos horas y en ella participaron el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, el contralor Manuel Galindo, el diputado Carreño, como solicitante del proceso y el defensor público de la fiscal general.

Carreño fue el primero en argumentar, durante 25 minutos. Alegó que el país vive un “golpe de Estado en pleno desarrollo”, el cual vinculó a la primavera árabe y a razones eminentemente petroleras, como sucedió en Irak, Libia y Siria, y a fin de lograr un cambio del sistema de gobierno por vías no democráticas y hacerse de los recursos del país.

Luego de leer unos artículos que explican la conformación estructural del Estado, dijo que la Asamblea Nacional “en desacato” cumplió la tarea de hacer ver que hay un “Estado fallido”, a fin de generar la sensación de que hay un conflicto de poderes, tarea “que recogió” la fiscal, a pesar de que la Constitución no presupone la autonomía de un órgano del poder ciudadano, como es el MP, de ponerse en antagonismo con el poder ejecutivo, el judicial, el electoral y demás órganos del poder ciudadano.

“Eso es una anarquía, eso no es democracia, por lo tanto estas conductas que se asumen es para vender ante el mundo que el Estado de derecho colapsó y que hay un conflicto de poderes”, aseguró.

Alegó que de lo anterior se desprenden las sistemáticas y recurrentes declaraciones y comportamiento de la fiscal.

Al señalar las faltas en las que asegura que incurrió Ortega citó de primero el “atentar contra la respetabilidad del Consejo Moral Republicano”, al decir públicamente que no firmó el acta de designación de los 33 magistrados –el 23 de diciembre de 2015– ni la del secretario del Consejo Moral Republicano debido a que el proceso estaba errado.

Carreño calificó la postura de Ortega como un intento de “desprestigiar” al Consejo Moral, ya que Saab presentó las pruebas de que Ortega sí estuvo presente y firmó las actas. Aseguró que copias certificadas de esas pruebas fueron las que él adjuntó a la solicitud de antejuicio y a las que la fiscal se refirió ayer diciendo que no sabía cómo las obtuvo.

Durante la rueda de prensa, Ortega mencionó que en la Secretaría del Consejo Moral le certificaron que Carreño no había pedido las certificaciones, por lo que puso en duda la procedencia de esas pruebas presentadas en su contra.

Saab reiteró sus afirmaciones de que la fiscal asistió a la sesión y consideró“pertinente que se haga la prueba de la verdad” para saber quién miente sobre el proceso de designación de los magistrados.

Al final de las exposiciones el TSJ se acogió a un período de cinco días hábiles para emitir su decisión, basado en las exposiciones. Mientras, ya le congeló los bienes y le prohibió salir del país.

‘UN PROCESO AMAÑADO’

Al explicar su ausencia en la audiencia de ayer, la fiscal general manifestó que no convalidaría “este circo que teñirá nuestra historia de vergüenza y dolor, y cuya decisión está cantada: no los reconozco [a los magistrados del TSJ]”.

Ortega mostró a la prensa documentos certificados en los que, aseguró, que no es cierto lo que dijo el defensor del Pueblo, de que hubo una reunión el 16 de diciembre de 2015 para designar a los magistrados. “¿Y ustedes saben qué pretendía después [el defensor]? Firmar el acta, y alguien le dijo que no, porque ya la fiscal tenía la copia”, aseguró.

Detalló que el 14 de diciembre de 2015, a la 1:10 p.m., llegaron al Consejo Moral los expedientes de los 381 aspirantes a magistrados y que en ningún lado se informaba que habían sido escogidos. Tres días después, agregó, el 17 de diciembre –un día de fiesta nacional– se enviaron los expedientes a la Asamblea. “Apenas en 48 horas fueron revisados 381 currículos”, destacó.

“Como dato curioso”, añadió Ortega, hay un magistrado (Juan Carlos Valdés González) que no aparecía en ninguna de las dos listas, ni en la que llegó al Consejo Moral ni en la que fue del Consejo Moral a la Asamblea Nacional.

“También alega el diputado en su espuria solicitud para pedir mi enjuiciamiento, que yo señalé ligeramente que la sentencia 155 y 156 [de marzo pasado, que restaron facultades al Legislativo] constituían una ruptura del orden constitucional y eso generó un clima de hostilidad. Yo sí dije eso y sigo insistiendo en eso”, apuntó.

De inmediato acotó que el mismo día que hizo esa afirmación se convocó al Consejo de la Defensa y que el TSJ “raudo y veloz” modificó las sentencias. “Las maquillaron, porque todavía hay una ruptura (...) lo que significa que yo tenía razón. Por eso, no puede constituir falta y mucho menos delito esa afirmación que yo hice”.

Ortega dijo que en otra parte del documento el diputado dice que su actuación va en detrimento de la majestuosidad y decoro del poder ciudadano, porque ha atacado la decisión del presidente Nicolás Maduro de convocar una constituyente. “Sí lo he hecho y lo seguiré haciendo, porque esa convocatoria viola la Constitución (...) en este país defender la Constitución parece que constituye un crimen”.

El diputado Juan Miguel Matheus se dirigió al Gobierno ayer, durante la sesión de la Asamblea, advirtiéndole que si lo de la fiscal general es una remoción, el único órgano competente para removerla a ella y a los otros miembros del poder ciudadano es la Asamblea, de acuerdo con la Constitución.

Ayer se cumplió la jornada 95 de protestas consecutivas contra el Gobierno, durante la cual se reportó la muerte de Engelbert Moncada, de 25 años, en Táchira, con la cual suman 91 los decesos reconocidos por el Ministerio Público.

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