ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Ministerio Público insistirá en proceso a Martinelli por riego de Tonosí

La sociedad civil dijo que los recientes fallos de magistrados de la Corte y jueces buscan perpetuar la impunidad. Piden revisar la prueba idónea.

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Ángela Russo Ángela Russo
Ángela Russo Archivo

El Ministerio Público (MP) le pedirá una vez más a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que investigue si el expresidente de la República Ricardo Martinelli cometió algún delito en el contrato del fallido proyecto del sistema de riego de Tonosí.

Así lo informaron fuentes del MP, que reaccionaron al fallo de la Corte en el que se decidió no procesar al exgobernante en este caso por falta de prueba idónea.

La sentencia, que tuvo como ponente a la magistrada Ángela Russo, alega que la Fiscalía Tercera Anticorrupción, entonces a cargo de Zuleyka Moore, no incluyó la indagatoria del exvicepresidente Felipe Pipo Virzi, en la que reveló que Martinelli le dio instrucciones de cómo efectuar los pagos relacionados con el contrato del proyecto.

El fallo de Russo provocó repudio ayer entre miembros de distintos sectores de la sociedad civil, que advirtieron, una vez más, sobre la crisis que vive el país en materia de administración de justicia.

Con la reciente sentencia se busca perpetuar la impunidad en procesos en los que se investiga lesión al patrimonio del Estado, dicen. “Es lamentable que tengamos un país en el que el Órgano Judicial no esté a la altura del momento en que se quiere procesar a quienes fueron depredadores de los fondos públicos”, dijo el excontralor Alvin Weeden.

IMPUNIDAD EN EXPEDIENTES DE ALTO PERFIL

El máximo tribunal del país es objeto de cuestionamientos por sus fallos, que no son consecuentes con la búsqueda de la justicia, según la ciudadanía. Expandir Imagen
El máximo tribunal del país es objeto de cuestionamientos por sus fallos, que no son consecuentes con la búsqueda de la justicia, según la ciudadanía. LA PRENSA/Archivo

Se busca perpetuar la impunidad. Hay crisis en la administración de justicia. El Órgano Judicial no está a la altura histórica del momento que vive Panamá. Es el momento de revisar la prueba idónea.

Son algunos de los planteamientos que esgrimieron miembros de distintos sectores de la sociedad civil, un día después de que se diera a conocer que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), “por falta de prueba idónea”, no admitió la compulsa de copias que le remitió el Ministerio Público para que se investigara la posible comisión de un delito por parte del expresidente de la República y diputado del Parlamento Centroamericano, Ricardo Martinelli, en las supuestas irregularidades en el contrato del fallido proyecto de riego de Tonosí.

Maribel Jaén, de la Comisión de Justicia y Paz, expresa, por ejemplo, que una vez más “se confirma la percepción de la ciudadanía de que hay impunidad y que el Órgano Judicial está pasando por una grave y profunda crisis”. La activista reitera que la ciudadanía demanda una reforma en la administración de justicia.

Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), plantea que “los magistrados de la Corte tienen el deber constitucional de investigar, pero prefieren escudarse detrás de un calificativo discrecional llamado prueba idónea, para así evitar cumplir con su deber y perpetuar la impunidad”.

Por su parte, el excontralor Alvin Weeden dice que es “evidente” que mientras el Ministerio Público trata de buscar justicia, la Corte y los jueces van por otro lado.

“Es lamentable que tengamos un país en el que el Órgano Judicial no está a la altura histórica del momento en que se trata de procesar a quienes fueron depredadores de los fondos públicos”, añadió.

Sin embargo, asegura que aún “quedan magistrados serios” y lo han demostrado con sus fallos. No dio nombres. Pero le sugirió al presidente de la República, Juan Carlos Varela, que tome conciencia del error que ha cometido con los nombramientos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En diciembre de 2015, Varela designó a Ángela Russo y a Cecilio Cedalise en la máxima corporación de justicia.

En diciembre de este año, el mandatario debe nombrar a los reemplazos de Oydén Ortega y de Jerónimo Mejía, a quienes se les vence su periodo como magistrados.

Por eso, Weeden advierte que el Ejecutivo debe poner en esos puestos a hombres o mujeres que tengan valor ciudadano y trayectoria en la búsqueda de la justicia.

LA PRUEBA IDÓNEA

Freddy Pittí, del Movimiento Juntos Decidimos, estima, por su lado, que si se quiere que se sepa la verdad sobre los diferentes escándalos en los que se menciona corrupción y que fueron cometidos principalmente durante el pasado gobierno, es necesario el compromiso y la voluntad de toda la estructura de justicia.

Advirtió que hasta ahora lo que se percibe son acciones que dejan en la impunidad casos en los que se lesionó el patrimonio de los panameños. Al igual que Planells, opina que es el momento de revisar la denominada prueba idónea. “Por ahora está siendo usada a discreción por parte de los magistrados de la Corte para rechazar casos o no concluir otros”, advirtió.

‘FALLO ES CONTRARIO’

Mientras que el exjuez Raúl Olmos hizo un análisis de la decisión del pleno de la Corte de no admitir el expediente para investigar a Martinelli por el proyecto riego de Tonosí.

Olmos es de la tesis de que si el caso se ventila a través de las reglas del sistema penal acusatorio (SPA), no es necesaria la prueba idónea, por lo que explica que el fallo de la Corte es contrario a la naturaleza del SPA.

“El concepto de prueba idónea no encajaba en el nuevo modelo oral, dado que ese requisito era válido en el viejo sistema inquisitivo, en el que todo lo que reunía el Ministerio Público tenía la condición de ser plena prueba por las características de ese sistema”, argumentó.

La magistrada Ángela Russo, ponente de la sentencia que no admitió investigar a Martinelli por las supuestas irregularidades en el contrato del fallido proyecto de riego de Tonosí, dice que en los 34 tomos que le remitió la entonces fiscal tercera anticorrupción Zuleyka Moore, no consta la declaración indagatoria que rindió el exvicepresidente Felipe Pipo Virzi ante la fiscalía, ni sus respectivas ampliaciones y ratificaciones.

En las indagatorias Virzi le narró a la fiscal que Martinelli era quien le daba instrucciones de cómo efectuar los pagos relacionados con el contrato del proyecto que fue adjudicado a la empresa Hidalgo & Hidalgo.

LOS OTROS CASOS

Los consultados también recriminan el hecho de que la Corte y varios juzgados penales emitan fallos que favorecen a investigados por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública y contra el orden económico. Aparte de la sentencia sobre el caso de riego de Tonosí, que favorece al expresidente Martinelli, se destacan el fallo que tumbó la fase medular de la investigación por supuestas irregularidades en la compra de los radares a Finmeccanica, y el que rechazó la solicitud del Ministerio Público de declarar complejo el caso New Business, que investiga la compra de Editora Panamá América S.A. supuestamente con fondos públicos.

En esa misma situación están las pesquisas ligadas al pago de sobornos por parte de la empresa Odebrecht a través de la banca suiza, y las que buscan determinar si se usó información privilegiada para comprar acciones de la minera Petaquilla a través de cuentas de la casa de valores Financial Pacific.

A finales de agosto pasado la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, alertó al país de que cinco casos de alto perfil podrían “quedar inconclusos”.

En el proceso de los radares, la Corte, en un fallo que tuvo como ponente a la magistrada Ángela Russo, anuló parcialmente la investigación seguida al exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino y al exviceministro de esa cartera Alejandro Garuz.

Con respecto a New Business, en el fallo del 25 de agosto de 2017, el Juzgado Decimoctavo Penal, a cargo de Baloisa Marquínez, negó un pedido de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada para que se declarara compleja esta pesquisa.

La misma fórmula aplicó el Juzgado Séptimo Penal, a cargo del juez Felipe Fuentes, al negarse a declarar como complejo el caso Financial Pacific. Algo parecido sucedió con el proceso Odebrecht-Suiza. Aquí la jueza Marquínez (Juzgado Decimoctavo Penal) se inhibió de conocer el pedido del Ministerio Público de declararlo complejo, por lo que el expediente ahora está en manos del Segundo Tribunal de Justicia.

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