México crea fiscalía especial por desapariciones y hará nuevo peritaje

La CIDH está a la espera de que el Gobierno decida si permitirá a los expertos interrogar al batallón de Iguala.

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El alto comisionado Zeid Raad Al Hussein pidió a México acoger el informe de los expertos. El alto comisionado Zeid Raad Al Hussein pidió a México acoger el informe de los expertos.
El alto comisionado Zeid Raad Al Hussein pidió a México acoger el informe de los expertos.

La fiscal mexicana Arely Gómez firmó ayer el acuerdo para la creación de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, anunciada el 24 de septiembre pasado por el presidente Enrique Peña Nieto a los familiares de los desaparecidos.

En una comparecencia ante el Senado, la titular de la Procuraduría General indicó que el acuerdo será publicado hoy y que la unidad será la encargada de “dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones para la búsqueda y localización de personas desaparecidas”, en un país donde superan las 26 mil desde 2007.

Los padres le dijeron a Peña Nieto que esta unidad debía constituirse en consulta con todas las víctimas de desaparición en el país, y le pidieron que creara “una unidad especializada (del caso Iguala) con dos instancias”: Una de ellas centrada en la búsqueda de los jóvenes y otra dedicada a determinar las responsabilidades de los funcionarios que cometieron irregularidades durante esta investigación.

La procuradora también anunció que siete expertos de cinco países realizarán un nuevo peritaje en un basurero donde las autoridades sostienen que fueron quemados los normalistas.

Gómez dijo ante los senadores que su oficina invitó a participar en el nuevo estudio a José Luis Torero, de la Universidad australiana de Queensland y quien hizo el peritaje para el grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que desvirtuó que los estudiantes hubieran sido incinerados.

Los expertos que harán el nuevo peritaje son: René Colsaca, de Canadá; Úrsula Withman, de Alemania; John Dylan, de Estados Unidos; Antonio del Amo Rodríguez, de España; además de Mario Saldaña, Enelio Torres García y Ricardo Damián Torres, de México.

La pesquisa oficial –que ha sido desvirtuada por los expertos– sostiene que los agentes entregaron los jóvenes a narcotraficantes que los habrían asesinado y luego quemado en un basurero de la comunidad de Cocula.

El reporte del grupo de expertos de la CIDH, presentado poco antes del primer aniversario de la desaparición, fue un duro golpe para el gobierno del presidente Peña Nieto, que en enero pasado sostuvo que había llegado a la “versión histórica” de lo sucedido.

El secretario de la Defensa Nacional de México, Salvador Cienfuegos, dijo el pasado lunes que los soldados que estuvieron en la zona cuando se produjo la desaparición en septiembre de 2014 “no tienen por qué declarar” ante el grupo de expertos de la CIDH, porque solo responden ante “las autoridades mexicanas”.

El secretario ejecutivo del organismo, Emilio Álvarez Icaza, afirmó ayer que esa posición de Cienfuegos “no es usual”. “Por supuesto que preocupa que el secretario de la Defensa diga que no va a haber acceso” a los militares, indicó.

Añadió que la CIDH “va a insistir en que el grupo tenga acceso al batallón de Iguala”, porque “considera que es una entrevista que se tiene que hacer, y así lo ha respaldado el alto comisionado” de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad Al Hussein.

“Entiendo que quienes mandan son las autoridades civiles en México, en su caso tendría que ser el presidente de la República quien tome la última decisión. De no ser el caso, que nos notifiquen que no son las autoridades civiles las que mandan y entenderíamos que, entonces, las palabras del secretario de Defensa son las últimas”, sostuvo Álvarez Icaza.

La CIDH tendrá en cuenta ese tipo de “garantías para que el grupo de expertos pueda ejercer su trabajo” a la hora de decidir si extiende o no el mandato de ese colectivo dedicado al caso, que expira el 31 de octubre, añadió.

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