investigación por sobornos

Ministerio Público afina pesquisas por caso Odebrecht

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La Fiscalía Especial Anticorrupción, con sede en el edificio Avesa, en vía España, instruye el expediente. La Fiscalía Especial Anticorrupción, con sede en el edificio Avesa, en vía España, instruye el expediente.
La Fiscalía Especial Anticorrupción, con sede en el edificio Avesa, en vía España, instruye el expediente. Archivo

Trece asistencias judiciales a 5 países, 17 indagatorias, 6 acuerdos de colaboración eficaz e informes bancarios están entre las diligencias que prevé reactivar la Fiscalía Especial Anticorrupción, luego de que el Segundo Tribunal Superior le dio plazo de un año para concluir las pesquisas sobre los sobornos de Odebrecht.

Mientras, los abogados de algunos imputados ejercerán recursos cuando el expediente llegue a la fiscalía.

MP y defensas se alistan para el caso Odebrecht

MP y defensas se alistan para el caso Odebrecht Expandir Imagen
MP y defensas se alistan para el caso Odebrecht

La Fiscalía Especial Anticorrupción y los abogados defensores de algunos imputados en el caso Odebrecht preparan estrategias legales para cuando se reactiven las pesquisas de la investigación.

Esto, luego de que el 10 de este mes el Segundo Tribunal Superior de Justicia concedió un año de plazo a la fiscalía para que concluya la investigación por los sobornos que pagó la constructora brasileña en Panamá.

Las pesquisas estaban detenidas desde el 25 de octubre de 2017, cuando la jueza duodécima penal suplente, Lania Batista, negó adecuar los plazos de la investigación y ordenó a la fiscalía remitir la vista fiscal del proceso.

Primeras acciones

La fiscalía tiene pendiente reactivar las declaraciones indagatorias de 17 personas, entre nacionales y extranjeros.

Además, debe validar ante el Juzgado Duodécimo Penal –que lleva la causa– seis acuerdos de colaboración eficaz que estaban en trámite con algunos de los imputados.

A la lista de diligencias que la fiscalía tiene pendiente se suman 13 asistencias judiciales solicitadas a Brasil, Suiza, Andorra, Uruguay y España. Estas asistencias, que contienen información sobre los sobornos pagados por la constructora en esos países, deben incorporarse al expediente.

Uruguay respondió

De acuerdo con información conocida por este medio, en diciembre de 2017, la fiscalía recibió información de las autoridades judiciales de Uruguay, que puso al descubierto sociedades clave en la distribución de millonarios sobornos.

Según fuentes judiciales, entre las sociedades incluidas en la asistencia enviada por Uruguay figura Sherkson, que presuntamente transfirió fondos a Constructora Internacional del Sur, a Innovation y a Klienfield para pagar coimas a través de bancos en Suiza y de Andorra a entidades bancarias en Panamá.

Sherkson también habría recibido $488 mil de Active Capital Holding, que preside el banquero Juan Antonio Niño.

Defensas se preparan

Y mientras la fiscalía se prepara para efectuar las diligencias señaladas, y otras, los abogados de algunos de los imputados anunciaron que evalúan los recursos que presentarán cuando el expediente llegue a la fiscalía.

Tal es el caso de Carlos Carrillo, abogado de Ricardo AlbertoLuis Enrique Martinelli Linares –hijos del expresidente Ricardo Martinelli– quienes son ligados a los sobornos a través de la banca suiza y de Andorra.

Los hermanos Martinelli Linares supuestamente recibieron $50 millones en coimas, según lo afirmaron los ejecutivos de Odebrecht Luis Eduardo Soares, Olivio Rodrigues Junior y André Campos Rabello en los acuerdos de colaboración que pactaron con la fiscalía y que fueron validados en noviembre pasado por el Órgano Judicial.

Los hijos del expresidente no han acudido al proceso y la fiscalía pidió a Interpol difundir una alerta roja, a fin de que sean capturados.

Por su parte, Miguel Batista, abogado del exministro de Obras Públicas Jaime Ford –también vinculado por presuntamente haber recibido $1.8 millones en coimas– dijo que ve con buenos ojos el nuevo plazo otorgado a la fiscalía, porque esta se debe encargar en ese tiempo de investigar a otras personas que no están en el expediente.

Agregó que en cuanto la fiscalía retome las investigaciones presentará los recursos legales pertinentes para demostrar que Ford no recibió ni un centavo de Odebrecht.

André Campos Rabello, quien fuera director superintendente de la constructora en Panamá, declaró en su acuerdo con la fiscalía que Ford recibió $1.8 millones, que fueron depositados en Banca Privada’ Andorra por intermedio de Jorge Espino en una cuenta de la sociedad Westfall Holding.

Espino llegó a un acuerdo de colaboración con la fiscalía, en el que ratificó lo dicho por Rabello.

También han pactado acuerdos de colaboración con la fiscalía Luis Saiz, Olmedo Méndez y Gabriel Alvarado Far. Saiz y Méndez son señalados como intermediarios en las coimas que supuestamente recibió el exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima.

Entre los acuerdos pendientes con la fiscalía figura uno con José Porta Álvarez, extesorero de la campaña de José Domingo Arias, candidato presidencial de Cambio Democrático en 2014.

La fiscalía le sigue la pista a Porta Álvarez, porque a través de sociedades ligadas a su nombre, radicadas en distintas jurisdicciones, Odebrecht supuestamente transfirió unos $10 millones a Arias.

Caso de Jaime Lasso

Otra de las pesquisas pendientes de la fiscalía guarda relación con las declaraciones que rindió en septiembre pasado el exembajdor de Panamá en Corea del Sur Jaime Lasso, quien confirmó que recibió dinero de André Rabello para la campaña electoral del Partido Panameñista en el año 2009. Este partido también recibió más de $10 millones después de las elecciones de ese año.

En el caso de las coimas de Odebrecht hay 63 imputados, entre personas naturales y jurídicas.

El MP ha abierto, al menos, otras 20 investigaciones relacionadas con proyectos que desarrolló la constructora en Panamá.

Jueza Batista confundió pedido de la fiscal, dice magistrada Estrada

“El juzgado  [la jueza suplente Lania Batista] confundió la petición de extensión de la investigación a que hace  referencia la Ley 121 de 2013 [ley de delincuencia organizada] con la solicitud de prórroga contenida en el artículo 2033 del Código Judicial” que le hizo la Fiscalía Especial Anticorrupción.

Así lo concluyó la magistrada María Lourdes Estrada, ponente en el fallo que emitió el 10 de abril pasado el  Segundo Tribunal Superior  y que concedió plazo de un año a la fiscalía para concluir las investigaciones por las coimas de Odebrecht.

La fiscal especial anticorrupción Zuleyka Moore, en la apelación al fallo de la jueza Batista –fechado el 25 de octubre de 2017– argumentó que esta había cometido un “error legal” al evaluar el expediente de Odebrecht como un caso común, pese a que  desde el 13 de julio de 2017 había sido declarado caso complejo por el titular del Juzgado Duodécimo Penal, Óscar Carrasquilla.

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