INCUMPLIMIENTO de obras

Minsa rescinde contratos a IBT

Subcontratistas reclaman millones de dólares en cuentas por cobrar que no ha sido pagadas por IBT Group Health.

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Dos de los cuatro contratos “llave en mano” otorgados a la empresa IBT Group Health en el año 2010 para la construcción de hospitales en el interior del país, fueron rescindidos por el Ministerio de Salud (Minsa) luego de varias oportunidades dadas por el Ejecutivo.

El Minsa, mediante la Resolución No. 408 del 30 de abril de 2014, resuelve administrativamente el contrato No. 182-2010 suscrito con el consorcio IBT para el estudio, diseño, construcción, equipamiento y financiamiento del hospital de Metetí, Darién cuyo costo es de $36.5 millones.

Mientras que la Resolución No. 407 del 30 de abril de 2014 resuelve el contrato No. 184-2010 suscrito entre el Minsa y consorcio IBT Group Health para el estudio, diseño, construcción, equipamiento y financiamiento del hospital de Bugaba, en Chiriquí, por $30.6 millones.

Las dos acciones fueron confirmadas por el ministro de Salud, Javier Díaz, luego que la dirección de Legal de la entidad analizara los descargos planteados por la constructora hace un mes y en los que no vieron sustento legal para mantener vigente los contratos, por lo que recomendaron rescindirlos.

Según Díaz, ante este hecho el Minsa envió el pasado 30 de abril dos cartas a la empresa aseguradora (encargada de la fianza de cumplimiento) comunicando que se habían resuelto administrativamente los dos contratos de los nosocomios de Metetí y Bugaba con IBT.

La misiva también notificaba a la aseguradora que debía ejercer la opción de pagar el importe de la fianza de cumplimiento y sus endosos, en el caso de Metetí de $7.3 millones y en el de Bugaba de $6.1 millón.

La otra opción es que la compañía de seguro sustituyera al contratistas IBT en todos sus derechos y obligaciones.

Informes de la entidad indican que estas obras hasta el mes pasado solo registraban avances de un 34% el hospital de Metetí y 52% el nosocomio de Bugaba.

Díaz agregó que la afianzadora que respaldó los proyectos hospitalarios tiene hasta el próximo 2 de junio para responder al Minsa si terminará de edificar los hospitales o paga la fianza.

Temen perder dinero

Varias empresas subcontratistas, al enterarse de que el Minsa rescindió estos contratos, han manifestado su inquietud porque IBT les mantiene una considerable deuda.

Uno de los subcontratistas, que prefirió no revelar su nombre, expresó que la situación de aplicar la fianza de cumplimiento afectará a todos los subcontratistas de los proyectos que tienen millones en cuentas por cobrar vencidas.

Incluso hay empresas contratadas que no empezaron a ejecutar los trabajos porque los proyectos estaban retrasados, lo que evitó invertir en materiales y mano de obra.

Carlos Ruiz, uno de los contratistas del proyecto, señaló que “esto se trata de un efecto dominó en donde el Minsa ha afectado la seguridad jurídica de IBT, y por consiguiente nos vemos perjudicados nosotros”.

Añadió que lo más importante es que la institución cumpla con lo que establece su contrato para poder continuar las obras.

Se consultó a otras tres empresas subcontratistas de IBT para conocer sus planteamientos, tras la situación legal que enfrenta su principal contratista, pero no respondieron.

UN mal contrato

Julio Osorio, miembro de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), manifestó que ya se había advertido de los problemas que iban a traer los contratos “llave en mano”, tal como fueron otorgados los cinco contratos de los hospitales del Minsa, incluyendo los de IBT.

Resaltó que ahora los afectados son los pacientes, que deben seguir esperando. “Ven la salud como un negocio; ese es el problema cuando no hay transparencia en los convenios”, dijo.

Por su parte, Ricardo Robles presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), afirmó que siempre ha preferido que la inversión pública sea mediante los actos de contratación definidos en la Ley No. 22 de 2006.

Detalló que los contratos llave en mano son inconvenientes para el Estado; “es un peligro y hasta una estafa lo que representan”.

Con esta figura las empresas aprovechan la necesidad de financiamiento de las instituciones públicas para ofrecer una supuesta ejecución total de la obra, abusando de los costos.

El presidente de la SPIA señaló que las entidades “no supervisan los planos ni las especificaciones, o inspeccionan la construcción de la obra, por lo que “son juez y parte en todo”.

Estas obras seguirán atrasadas, y al momento de su reanudación costarán más de lo indicado en el contrato, explicó Robles.

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