INVESTIGACIÓN

Negocios con plata del Estado

Pesquisas del Ministerio Público logran identificar que 18 sociedades y 4 personas naturales depositaron $43.9 millones a cuentas de New Business para la compra de Epasa.

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Unas 18 sociedades, entre ellas varias contratistas del Estado, y 4 personas naturales hicieron depósitos a la “cuenta canasta” de la sociedad extranjera New Business para la compra de la Editora Panamá América, S.A. (Epasa).

Lo anterior se desprende de pesquisas de la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada, que adelanta esta investigación por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.

Según las pesquisas, las sociedades y los particulares depositaron, a través de casi 30 transacciones bancarias, la suma de $43.9 millones en New Business, sociedad que en dos días del mes de diciembre de 2010 recolectó el dinero suficiente para comprar Epasa. Entre las sociedades que aportaron a New Business están dos ligadas a los directivos de la Autoridad del Canal de Panamá Henri Mizrachi K.Nicolás Corcione.

MP identifica a los depositantes de New Business

Casi 30 transferencias bancarias fueron hechas por sociedades anónimas y personas naturales a la “cuenta canasta” 01-12-000087-6 a nombre de la sociedad New Business -constituida en la jurisdicción de la isla Monserrat- para la compra de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), según las pesquisas que adelanta la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada.

El monto total de los depósitos bancarios a New Business suma $43 millones 912 mil 828.

Un total de 18 sociedades anónimas y 4 personas naturales hicieron depósitos a través de cuentas de 15 bancos a New Business, sociedad que en dos días del mes de diciembre de 2010 recolectó el dinero suficiente para la compra de la empresa periodística Epasa (ver cuadro).

Transferencias a New Business Expandir Imagen
Transferencias a New Business Infografía - LP

El fiscal David Mendoza investiga en este proceso la posible comisión del delito de blanqueo de capitales en las transacciones para la compra de Epasa, presuntamente con dinero estatal.

Círculo cero

Entre las personas naturales que hicieron depósitos a la “cuenta canasta” de New Business, según la fiscalía, están Gabriel, Jack y Mike Btesh, así como Henri Mizrachi Kohen, actual directivo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Varios de ellos señalados como miembros del círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli.

Entre las sociedades que aportaron a la “cuenta canasta” está Transcaribe Trading, S.A. (TCT), de los hermanos David y Daniel Ochy Diez, constructora a la que durante el quinquenio pasado le fueron adjudicadas millonarias licitaciones, como la rehabilitación y ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera.

La fiscalía ha señalado que un adelanto de $22 millones que el Estado le hizo a TCT para la ampliación de la autopista fue destinado a la compra de Epasa.

Otra que aportó para la compra de Epasa fue la sociedad Distribuidora Rali, S.A., en la que -según consta en las investigaciones de la fiscalía- aparecen como firmantes Ramón Carretero y Luisa Napolitano de Carretero.

Aportaron, además, la sociedad Pavilion Financial, vinculada a Gabriel Btesh, David Ochy y al exvicepresidente Felipe Pipo Virzi.

Dos sociedades vinculadas a los directivos de la ACP Henri Mizrachi Kohen y Nicolás Corcione también depositaron dineros a New Business.

Se trata de las sociedades Clio, relacionada a Corcione, y Global Office, vinculada a Mizrachi Kohen.

Las investigaciones de la fiscalía revelan que en 2010 la Caja de Ahorros (CA) hizo dos préstamos a Mizrachi Kohen a título personal, uno por $3 millones 985 mil 995, y el otro a la sociedad Global Office Corp. por $2 millones 989 mil 495.

Para cuando Mizrachi Kohen pidió el crédito a la CA, Riccardo Francolini, quien también aportó $1 millón a New Business a través de la sociedad Gladden Corporation, era presidente de la junta directiva de la CA.

En las pesquisas, igualmente, se ha revelado que la sociedad Excavaciones del Istmo, vinculada a Axel Gómez Suárez, hizo aportes a la “cuenta canasta”. Esta empresa se adjudicó en el gobierno pasado una licitación para construir calles por $27 millones.

La extinta casa de valores Financial Pacific (FP), en la que aparecen los exdirectivos de esa casa de valores West Valdés e Iván Clare, aportó para la “cuenta canasta”.

Las personas y sociedades que hicieron los aportes a New Business se encuentran entre los 36 imputados en la investigación.

Cautelaciones

En diciembre de 2017, los dineros que la fiscalía había cautelado por esta investigación estaban por el orden de $1.3 millones, sin embargo, en lo que va de este año, esta cifra aumentó a $2 millones 319 mil.

Fuentes judiciales informaron que estas aprehensiones se han dado contra diversas cuentas bancarias de los imputados.

Además, se conoció que la fiscalía adelanta asistencias judiciales a la República Popular China con el fin de cautelar dineros presuntamente relacionados con las pesquisas.

La fiscalía también ha dirigido otras asistencias judiciales al Reino Unido (Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y a Suiza, con el propósito de lograr información bancaria.

Los plazos

La fiscalía tiene un año -prorrogable por 12 meses más- para culminar las diligencias del proceso, luego de un fallo por parte de los magistrados del Segundo Tribunal de Justicia.

Ese fallo, del 17 de noviembre de 2017, con la firma de los magistrados Wilfredo Sáenz y Eda Cecilia Gutiérrez, declaró como de tramitación compleja la investigación del caso conforme a la Ley 121 de 2013, que regula los procesos de delincuencia organizada.

De acuerdo con el fallo, el caso New Business “reúne los presupuestos legales de delincuencia organizada y, en consecuencia, el procedimiento es de tramitación compleja”.

El fallo revoca el auto 103 de 25 de agosto de 2017 de la jueza decimoctava penal, Baloisa Marquínez, que negó una solicitud de la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada para que se declarara compleja la investigación seguida a 36 personas.

Las pesquisas se iniciaron en febrero del año pasado, tras una denuncia en el pleno legislativo hecha por el diputado oficialista Jorge Iván Arrocha.

Uno de los ejes sobre los que gira el caso es la presunción de que se usó dinero ilícito para la compra del grupo editorial, el cual fue mezclado con dinero lícito para darle apariencia de legitimidad a la transacción.

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