SOCIEDAD CIVIL REACCIONA A FALLO DE LA SALA TERCERA

‘Oleoducto compromete humedal’

El Centro de Incidencia Ambiental recuerda que el proyecto se pretendía hacer en un ‘área protegida inadjudicable’.

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Empiezan a surgir las primeras críticas por el fallo de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que le da la razón a Vertikal Corporation Inc., y anula una resolución de la extinta Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), que revocó un estudio de impacto ambiental (EIA) categoría II a la mencionada empresa.

El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) alegó, por ejemplo, que el fallo que le da vida al EIA de Vertikal para la construcción de un centro de abastecimiento de combustible para el Aeropuerto Internacional de Tocumen “pone en grave riesgo” a parte del humedal bahía de Panamá.

De acuerdo con la agrupación de la sociedad civil, al permitirse que dentro de los límites de esta área protegida se instale un oleoducto submarino y una plataforma flotante para el transporte de combustible, se constituye un “gravísimo” precedente judicial en perjuicio de la protección del ambiente, por lo que, aseguran, esto es “un grave retroceso para la justicia ambiental panameña”.

‘INADJUDICABLE’

“La Sala Tercera concluyó erróneamente que al momento en que la entonces ANAM [hoy Ministerio de Ambiente] revocó la resolución de aprobación del estudio de impacto ambiental categoría II del proyecto Vertikal, esta autoridad no tenía competencia para dejarlo sin efecto de oficio”, asegura un comunicado de la organización.

Recuerdan también que la ANAM revocó el EIA de Vertikal porque la obra se pretendía hacer dentro de un área protegida de dominio público, que según el artículo 258 de la Constitución “es inadjudicable”. El humedal bahía de Panamá tiene reconocimiento internacional por la Convención Ramsar, cuya misión es el uso racional y conservación de los humedales en el ámbito mundial.

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‘Oleoducto compromete humedal’

El FALLO

El fallo de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la CSJ surge a raíz de una demanda presentada por el abogado Generoso Guerra, en representación de la sociedad Vertikal Corporation Inc., a quien la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) le dio una concesión por 20 años que le permitía el uso de 4.5 hectáreas de fondo de mar con ribera de río en el humedal bahía de Panamá para desarrollar el proyecto (ver noticia relacionada). En la acción legal que Guerra llevó a la Corte objetaba la resolución AG-0566-2014 del 20 de agosto de 2014 de la ANAM, que le anuló el EIA a Vertikal al considerar que la entidad “no tenía competencia” para desestimar la decisión ya asumida.

Argumentaba que la ANAM había violado el artículo 62 de la Ley 38 de 2000, que establece “que las entidades públicas solamente podrán revocar de oficio un fallo o resolución en la que reconozcan derechos a favor de terceros, cuando hayan aportado declaraciones o pruebas falsas, si el afectado consiente en la revocatoria y cuando se disponga una norma especial”.

Los magistrados de la Sala Tercera de la Corte, Efrén Tello, suplente de Luis Ramón Fábrega y ponente del fallo; Cecilio Cedalise y Abel Zamorano, estimaron que la ANAM carecía de competencia para invalidar el EIA, ya que la Ley 41 de 1988, que regula las atribuciones de esa entidad, no señala que tenga facultad para anular un acto de esa naturaleza.

Asimismo, reconocen que el Ministerio de Ambiente [organismo que en esta administración gubernamental reemplazó a la ANAM] puede recurrir ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia para interponer los recursos que estime conveniente si considera que la resolución que avaló el estudio de impacto ambiental categoría II a Vertikal Corporation Inc., “es ilegal”.

La obra incluía el desarrollo de un sistema de abastecimiento de combustible al Aeropuerto Internacional de Tocumen, mediante la instalación de un oleoducto submarino de 16 kilómetros, de los cuales 7 mil 104 metros se encuentran dentro del área protegida humedal bahía de Panamá.

Originalmente, este proyecto estaba siendo desarrollado por la empresa Representaciones de Inversiones Internacionales, S.A., que para el año 2009 ya había adelantado la mayoría de los trámites, pero en 2010 durante la administración del presidente Ricardo Martinelli, la junta directiva de Tocumen, S.A . dejó sin efecto el contrato.

Es entonces cuando aparece Vertikal Corporation Inc., cuyo representante legal era Lucas De León, empleado del grupo inmobiliario Btesh & Virzi, propiedad de Gabriel Btesh y Felipe Pipo Virzi, quienes eran considerados miembros del círculo cero de Martinelli. La AMP les quitó la concesión cuando detectó que la compañía no presentó las fianzas, ni las pólizas de riesgo, ni tampoco los permisos de operación.

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