asentamientos informales

Pesar por intención de desalojo

Un informe del Sinaproc recomendó que no dejen entrar a más personas a este lugar, porque el área es propensa a deslizamientos.

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Los lugareños aseguran que en siete años de estar en el lugar ayudaron a reforestar el área con siembras permanentes y de temporada. Los lugareños aseguran que en siete años de estar en el lugar ayudaron a reforestar el área con siembras permanentes y de temporada.

Los lugareños aseguran que en siete años de estar en el lugar ayudaron a reforestar el área con siembras permanentes y de temporada. Foto por: Luis García

Numerosos niños, incluso, han nacido en el lugar. Numerosos niños, incluso, han nacido en el lugar.

Numerosos niños, incluso, han nacido en el lugar. Foto por: Luis García

Con la incertidumbre de que tendrán que abandonar los terrenos donde levantaron sus casas desde hace siete años, producto de una invasión, así viven unas 208 familias en cerro Galera, en las áreas revertidas del corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján.

Y es que el 16 de junio de 2016, funcionarios de la Dirección de Prevención y Mitigación de Desastres del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitieron un informe, en el que recomendaban que se controlara y detuviera la llegada de más personas al área, así como el desalojo de los que ocupaban esos terrenos, además de no permitir nuevas invasiones.

Los lugareños aseguraron que esta recomendación los tomó por sorpresa, porque desde hace tres años mantenían en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) una mesa de negociación para lograr la legalización de sus lotes.

Sugey Guerra, vocera de estas personas, quienes bautizaron la comunidad con el nombre de Vista al Mar, porque desde este lugar se puede apreciar la playa de Veracruz, explicó que en esta mesa de negociación además del Miviot participaba el Ministerio de la Presidencia, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, y la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) del Ministerio de Economía y Finanzas, entre otras.

No obstante, indicó que el pasado mes de septiembre se enteraron, a través de los funcionarios de la corregiduría de Veracruz, que debían abandonar el lugar, porque el informe del Sinaproc lo catalogaba como un área inhabitable y propensa a deslizamientos.

Guerra explicó que en vista de que nunca tuvieron conocimiento del día o la hora en que el Sinaproc realizó la inspección, hicieron las diligencias para conseguir el informe, percatándose de que el lugar que visitaron es la comunidad “vecina y legalizada” de Altos de Howard.

Agregó que además los acusaron de deforestar el área, lo que no es cierto, porque el sitio estaba cubierto de paja canalera y los pocos árboles que existían siguen en el mismo lugar.

De hecho, indicó que ellos (las familias) forestaron el lugar, porque ahora está lleno de árboles frutales.

Guerra manifestó que como comunidad no son una “carga” para el Estado, por el contrario, todas las mejoras que tiene la comunidad son por “esfuerzo propio”.

Además, indicó que le están pidiendo a las autoridades que realicen una nueva inspección al lugar, pero que les permitan tener su propio perito, porque ellos contrataron a una persona para que les hiciera este trabajo, pero no se los quieren aceptar.

23 MILLONES

Un informe de la UABR da cuenta de que cerro Galera forma parte de 49 hectáreas de terreno invadidas en el corregimiento de Veracruz, con un valor de 23 millones de dólares.

Mientras, el subsecretario de la UABR, Alonso Nieto, reconoció que tienen varios años de conversaciones con este grupo de familias, aunque aclaró que desde un principio les informaron que tenían que desalojar el lugar, porque estas tierras “eran peligrosas y destinadas para otros fines”.

Nieto manifestó que estas tierras, en particular, se utilizarán para fortalecer la cuenca del Canal de Panamá y para patrullajes de los servicios de la fuerza pública.

En ese sentido, negó que se utilizarán para realizar construcciones, una de las dudas que surgió en los moradores, luego de que en un medio de comunicación saliera un anuncio que decía “Cerro Galera. Gran Oportunidad de Inversión”.

Reiteró que desde un principio les informaron a estas familias que no podían permanecer en el lugar, por lo que les ofrecieron opciones de reubicación en el proyecto Ciudad Esperanza, que se adelanta en el distrito de Arraiján.

El funcionario aseguró que el presidente Juan Carlos Varela desea darle una respuesta a estos moradores, pero en un lugar donde tengan todos los servicios básicos, como los que van a tener en Ciudad Esperanza.

Sostuvo que se mantendrán en la posición de que estas personas deben abandonar el sitio, porque ya existe la recomendación de una entidad autorizada, como es el Sinaproc. Adujo que ahora en la UABR, “no pueden ganar gracia y decir que se queden allí, pues si ocurre una desgracia, serán los primeros señalados”.

Se trató de conseguir una versión del Miviot, pero informaron que realizaban unas evaluaciones para posteriormente dar una opinión al respecto.

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