REFORESTADORA SAN CRISTÓBAL

Ministerio Público pide reabrir caso de fincas ‘saca presos’

El Estado dejó de recibir más de $5.1 millones en 100 fianzas, amparadas en fincas de poco valor, pero avaladas por los juzgados para conceder libertades.

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Varios juzgados liberaron a personas acusadas de diversos delitos tras aceptar fincas sin avalúos oficiales, como la que posee Reforestadora San Cristóbal en Aguadulce. Varios juzgados liberaron a personas acusadas de diversos delitos tras aceptar fincas sin avalúos oficiales, como la que posee Reforestadora San Cristóbal en Aguadulce.
Varios juzgados liberaron a personas acusadas de diversos delitos tras aceptar fincas sin avalúos oficiales, como la que posee Reforestadora San Cristóbal en Aguadulce. Archivo

Nuevos elementos probatorios fueron presentados por la Fiscalía Tercera de Descarga al Juzgado Tercero de lo Penal para reabrir una investigación contra Reforestadora San Cristóbal, que posee fincas sobrevaloradas que son aceptadas sin certificaciones oficiales en procesos judiciales.

Los terrenos, que se encuentran en medio de la nada en Coclé y que pasaron de un plumazo de 329 dólares a 77.2 millones, han servido de fianza a varios políticos y empresarios, como el coordinador político de Cambio Democrático Porfirio Bolita Ellis y los empresarios Richard Fifer y Juan Carlos Marciaga. Por el uso de estos lotes, que no son más que potreros, el Estado corre el riesgo de perder millones de dólares.

Lea aquí: Fincas, la gran estafa al Estado

MINISTERIO PÚBLICO PIDE REABRIR CASO DE FRAUDE CON FINCAS

La Fiscalía Tercera de Descarga solicitó al Juzgado Tercero Penal la reapertura de la investigación contra la sociedad Reforestadora San Cristóbal por presunto delito contra la fe pública, tras haber utilizado durante años lotes de poco valor económico –ubicados en El Roble de Aguadulce– como garantías hipotecarias en procesos judiciales.

La petición de reapertura del caso sostiene que el delito no ha prescrito y que se cuenta con nuevos elementos probatorios para su reapertura. El 25 de agosto de este año, se otorgó un sobreseimiento provisional al caso. El juzgado tercero recibió la solicitud en horas de la tarde del pasado 17 de diciembre y todavía no se ha pronunciado.

La fiscalía describió que dentro de los nuevos elementos se encuentran una investigación del diario La Prensa de septiembre pasado, y una nota del director de Información Catastral de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), Franklin Jiménez.

En esa nota –fechada el 21 de noviembre pasado– Jiménez confirmó que las fincas fueron usadas sin tener certificaciones oficiales de la Anati.

La investigación de este medio reveló que fincas de Reforestadora San Cristóbal, al igual que otros ocho inmuebles de escaso valor comercial, han sido aceptados en juzgados sin mayor verificación (ver tabla).

Fincas usadas en procesos judiciales. Expandir Imagen
Fincas usadas en procesos judiciales. LA PRENSA

Por este lucrativo negocio, el Estado ha dejado de percibir más de 5.1 millones de dólares entre 2016 e inicios del presente año, según una muestra aleatoria de 100 fianzas excarcelarias que investigó La Prensa.

Por la recepción de estas fincas en los juzgados –en calidad de fianzas–, personas investigadas por diversos delitos contra la administración pública, lavado de dinero, narcotráfico y hasta por homicidio han quedado en libertad.

En esta lista se encuentran políticos, así como los integrantes de una supuesta red de funcionarios del Órgano Judicial que cobraban coimas para otorgar fianzas excarcelarias.

En el Registro Público se observa que los propietarios de Reforestadora San Cristóbal no escatimaron en hacer multiplicaciones desmedidas para aumentar el valor de la finca 507, que pasó de un avalúo catastral de 329 dólares a 77.2 millones de dólares.

Para llegar a este monto, dividieron la finca –de 29.8 hectáreas– en 193 lotes, a los que le dieron un valor de 400 mil dólares cada uno, pese a tener distintas dimensiones.

Justificaron el monto al declarar “mejoras”, como la siembra de árboles de teca ­sin especificar cantidad­ por 150 mil dólares en septiembre de 2009. Dos meses después, reportaron la siembra de pasto mejorado por 100 mil dólares y la división de la finca en 193 lotes que ni siquiera cuentan con vías de acceso.

Este mismo argumento se ha empleado para aumentar el valor a fincas en otros procesos. Sin embargo, en un recorrido de este medio por El Roble de Aguadulce, se pudo observar que la finca ubicada en medio de la nada no posee los árboles ni el pasto mejorado que reportó.

SOSPECHAS DE DELITO

La investigación contra los integrantes de Reforestadora San Cristóbal se inició el 3 de enero de 2015.

En la vista fiscal del 29 de febrero de 2016, que recomendó el sobreseimiento provisional, se indicó que “no se pudo realizar un análisis pericial correspondiente”.

Justificaron la medida, aduciendo que en ese momento “no se obtuvo el material requerido en la Notaría Décima de Circuito de Panamá, por lo cual no se contaba con los elementos probatorios suficientes para acreditar o demostrar el supuesto delito investigado”. El sobreseimiento, como ya se mencionó, llegó el pasado 25 de agosto.

TODOS UNIDOS

Curiosamente, como “apoderados” de las fincas en problemas, se mencionan los mismos nombres: Luminado Flores y Luis Noriega.

Una de las direcciones que han aportado a los juzgados es una casa en Betania, pero la persona que se encuentra en la vivienda negó que ellos vivan o trabajen ahí.

Pero no son los únicos asociados a las fincas. También figuran Rodrigo Muñoz y Edwin Guerrero.

Varias personas vinculan a Guerrero con la adquisición de las fincas y su manejo en los procesos judiciales. Se observó en el Registro Público que Guerrero ha sido tramitador y directivo en las sociedades anónimas propietarias de las fincas.

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