GUATEMALA

Presión ciudadana tumba decretos

El Congreso archivó dos decretos que reformaban artículos del ‘Código Penal’ relativos a financiamiento electoral ilícito y conmutación de penas.

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Ciudadanos protestaron frente al Congreso; algunos diputados fueron agredidos. Ciudadanos protestaron frente al Congreso; algunos diputados fueron agredidos.
Ciudadanos protestaron frente al Congreso; algunos diputados fueron agredidos. Luis Echeverría

Dos decretos que modificaron artículos del Código Penal de Guatemala, flexibilizando normas relativas a los delitos de financiamiento electoral ilícito y a la conmutación de penas, fueron dejados sin efecto ayer y archivados por el Congreso en una sesión, que se vieron obligados a convocar luego del rechazo generalizado que provocaron a nivel de la academia y de los ciudadanos.

La votación de lo que denominaron “proyecto de precedente” se efectuó con la presencia de 119 de los 158 diputados. 118 votaron a favor y uno en contra —de una militante del oficialista FCN-Nación—, aunque después pidió a la Presidencia registrar su voto a favor, ya que su postura obedeció a que no tenía una copia del proyecto.

“Lo que estamos haciendo (...) es una facultad plena que tenemos de conformidad al artículo 125 de la Ley Orgánica, donde queda establecido que (...) para aquellos decretos que aprobamos de urgencia nacional tenemos dos días para presentar objeciones. Lo que estamos haciendo es legítimo, lo que no es legítimo es lo que ha hecho la Corte de Constitucionalidad, que es otorgar un amparo de un acuerdo que está todavía dentro del ámbito de nuestras facultades”, señaló el diputado Manuel Conde, quien además sustentó la necesidad de una discusión técnica, jurídica y política del artículo sobre el financiamiento electoral ilícito, en vista de que “le falta claridad jurídica, ecuanimidad y lógica” al establecer la misma pena para tres tipos de delito (financiamiento ilícito, no registrado y anónimo).

Y es que la sesión se produjo horas después de que la Corte de Constitucionalidad concediera, de forma provisional, la tarde del jueves, seis amparos contra los decretos 14-2017 y 15-2017, suspendiendo el acto de aprobación y otorgándole al Congreso cuatro horas para entregar un informe circunstanciado sobre esas normas que, para la alta autoridad, constituían “una seria amenaza” y “en caso de cobrar vigencia podrían causar daños irreparables al sistema de justicia”.

No obstante, ese mismo día, las bancadas del Legislativo dieron una rueda de prensa en la que el presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, anunció que los decretos no serían enviados al Ejecutivo para que no nacieran a la vida jurídica.

La Procuraduría General de la Nación había recomendado al presidente Jimmy Morales vetar las reformas por “contravenir claros principios constitucionales, menoscabar el Estado de derecho e inobservar el compromiso asumido ante los guatemaltecos de luchar contra la impunidad y la corrupción”.

Para poder evitar que los decretos siguieran el trámite correspondiente y fueran enviados al Ejecutivo para su sanción, el Congreso aprobó un Acuerdo Legislativo (130 votos a favor, ninguno en contra y 28 ausentes) que regula el procedimiento a aplicar cuando los proyectos reciben objeciones.

“Si las observaciones y objeciones fuesen aceptadas por el pleno del Congreso [...] el decreto aprobado no se remitirá al Organismo Ejecutivo y quedará en el Archivo de la Dirección Legislativa del Congreso, haciéndose constar la decisión del pleno en el Acuerdo Legislativo”, dice el texto del proyecto.

Antes de votar el acuerdo, varios diputados que razonaron su voto pidieron disculpas, perdón al pueblo, aunque negaron que hubiese habido un interés oculto.

Otros, como Amílcar Pop, reconocieron que votaron a favor de la reforma del artículo sobre financiamiento electoral ilícito y siguen pensando que requiere una reforma profunda. “Lo hicimos mal porque se escondió al pueblo y porque hubo fuerzas externas que impulsaron la impunidad”, alegó.

Pop advirtió que sepultar los decretos no acabará con la impunidad. “Todos sabemos que la impunidad no depende del [artículo] 407, continúa en partidos que están podridos por dentro (...) la reforma debe ser profunda, hoy la democracia está cooptada por sectores que compran políticos (...)”, dijo.

Entre otros, el diputado Fernando Linares cuestionó el que las manifestaciones en contra de los decretos no hayan sido pacíficas, al punto de que algunos diputados fueron agredidos al llegar, y que la víspera se hicieran destrozos a una bandera nacional y propiedad pública, ocasionando que el mandatario suspendiera el desfile por la independencia.

Noé Maldonado llamó a sus colegas a dejar los intereses particulares, a hacer un pacto y establecer una agenda para atender los temas que interesan a los guatemaltecos, a fin de evitar que la crisis que viven se convierta en un “incendio”.

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