ALIANZA CIUDADANA PRESENTA INFORME SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA EN PANAMÁ

Procesos ahogan a defensores

El documento, resultado de la tercera auditoría judicial practicada en el país entre los años 2008 y 2010, revela un retardo de hábeas data.

La falta de defensores de oficio es un claro indicador de la crisis por la que atraviesa el sistema de administración de justicia en el país, sobre todo en lo que tiene que ver con el acceso de los ciudadanos.

Así lo advierte un informe elaborado por la Alianza Ciudadana pro Justicia, a través del “Observatorio ciudadano sobre la situación de la justicia en Panamá”, que contiene los resultados de la tercera auditoría judicial basada en datos y estadísticas correspondientes al período 2008-2010.

En el documento se revela, por ejemplo, que para el mes de febrero de 2010 los defensores de oficio se encargaban de, por lo menos, el 80% de los 40 mil procesos penales en trámite, lo que reflejaba que cada uno de ellos atendía entre 350 y 400 causas simultáneamente.

De acuerdo con el informe, al mes de diciembre de ese año había en el país 83 defensores de oficio, o el equivalente a dos de estos funcionarios por cada 100 mil habitantes.

En la contraparte había 158 jueces penales, es decir, 4.5 jueces por cada 100 mil habitantes.

Datos oficiales actuales destacan que la Defensoría de Oficio tiene 93 abogados para atender los procesos penales en trámite.

Ello, según fuentes ligadas a la entidad, ha reducido de 10 a 5 el promedio de audiencias a las que asisten diariamente los defensores, siempre que se trate de procesos poco complejos.

En caso de juicios complicados, por el contrario, los defensores piden permiso a sus superiores para atender solo ese proceso, aunque por lo general deben representar a más de un imputado a la vez.

Esta falta de personal, junto con otras variables relacionadas con los traslados de los acusados, ha ocasionado una disminución significativa en el número de audiencias y, en consecuencia, ha aumentado la mora judicial.

Entre 2008 y 2010, según el estudio de la Alianza, solo se efectuó el 50% de las audiencias en las fechas programadas. La otra mitad tuvo que ser reprogramada.

Hay más. De acuerdo con el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Harley Mitchell, la mora judicial afecta hoy, por lo menos, al 60% de los 14 mil reos que hay en los penales.

Esto significa que 8 mil 400 reclusos esperan entre rejas que se realicen sus procesos.

Otros problemas

Más allá de la cantidad de defensores, el informe de la Alianza señala que la Defensoría de Oficio tiene comprometida su autonomía administrativa y presupuestaria, ya que sigue dependiendo directamente del Órgano Judicial, “lo que se traduce en falta de recursos materiales, presupuesto y transporte”.

Asimismo, las auditorías reflejaron un desfase entre la presentación y resolución de los recursos de hábeas corpus, amparos, hábeas data y acciones de inconstitucionalidad, todo esto parte fundamental de las llamadas instituciones de garantías.

En el período auditado ingresaron al pleno de la Corte Suprema mil 290 de estas acciones, de las cuales, 939 (72.8%) fueron resueltas.

El principal rezago se registró en la atención de los hábeas data. De los 81 que fueron interpuestos, solo 21 (26%) fueron resueltos.

Para los abogados litigantes, sin embargo, el problema con las instituciones de garantías no se limita al desfase señalado; más bien, tiene que ver con el tiempo de resolución.

Carlos Carrillo, abogado litigante, explicó, por ejemplo, que los recursos de hábeas corpus deben ser resueltos en 24 horas, pero en ocasiones los magistrados demoran semanas y hasta meses para dictar sus fallos.

Finalmente, el informe de la Alianza también se refiere al tema de la mediación penal como método alterno para la solución de los conflictos y señala que los tres centros con que cuenta el Órgano Judicial en esta materia no tienen personal suficiente para atender los casos; sin embargo, reconoce que son pocos los jueces penales que promueven la utilización de estos métodos.

Según el informe, menos del 1% de los casos que llegan al Órgano Judicial se tramitan a través de alguno de los mecanismos de medicación.

Se pidió una opinión a las autoridades del Órgano Judicial sobre el contenido de este informe, pero no hubo respuesta.

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