En un mensaje dirigido anoche al país, la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, denunció que los casos en los que el Ministerio Público (MP) investiga corrupción y blanqueo de capitales corren el riesgo de quedar impunes.
“Las investigaciones que adelanta el Ministerio Público en temas de corrupción y blanqueo de capitales son complejas y difíciles. El no permitir que los fiscales puedan concluir sus investigaciones es trabajar, desde nuestra óptica, por impunidad, y el pueblo panameño no se lo merece”, señaló la jefa del MP.
Porcell informó, además, que están descubriendo “una estructura de criminalidad organizada que se llevó el dinero del pueblo panameño”, y esto, añadió, ha traído como consecuencia que “los fiscales estén siendo amenazados e intimidados”.
Dijo que los fiscales le han comunicado que cinco de las investigaciones “más emblemáticas”, relacionadas con blanqueo de capitales, pueden quedar inconclusas.
Según confirmaron fuentes judiciales a este medio, se trata de las pesquisas vinculadas con Financial Pacific (cuenta High Spirit); la compra de Epasa (New Business), Odebrecht-Suiza (sobornos), Riegos de Tonosí y Finmeccanica (radares).
“(...) Hay poderes económicos, políticos, empresariales, mediáticos y de la banca, tratando de impedir que las investigaciones puedan ser concluidas”, dijo.
Sectores de la sociedad civil señalaron que se está peleando “contra la corrupción con las manos amarradas”, por lo que es el momento de apoyar al MP.
'PEDIMOS QUE SE NOS PERMITA INVESTIGAR'
“Solo pedimos que se nos permita investigar y que en un juicio frente a todo el país se debata la responsabilidad de los involucrados” en los casos de corrupción de alto perfil que adelantan las fiscalías, dijo ayer la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell.
“Es un momento histórico lo que vive el Ministerio Público de Panamá, en donde todos los que de una u otra forma estamos resolviendo y tomando decisiones que impactan las investigaciones debemos estar a la altura de lo que este país, con derecho, reclama”, agregó.
Al referirse a las actuaciones adoptadas por algunos jueces y magistrados del Órgano Judicial, planteó que las decisiones que “adopten los tribunales en torno a nulidades de las investigaciones, nunca, nunca, nunca deben llevar o conllevar impunidad”.
Por eso, “he decidido informar al país, como representante de la sociedad panameña, por mandato constitucional, de lo endeble que, desde nuestra óptica, pasa la administración de justicia en Panamá”.
SOCIEDAD CIVIL APOYA
Organizaciones de la sociedad civil pidieron a la procuradora Porcell que denuncie públicamente a los grupos o personas que están ejerciendo presión o amenazando a los fiscales para evitar que los casos de corrupción de alto perfil sean investigados y sancionados penalmente.
Annette Planells, dirigente del Movimiento Independiente (Movin), señaló que el tema de la corrupción es tan difícil por los intereses que se crean.
“El tema de la corrupción al que nos estamos enfrentando no es pequeño, son estructuras organizadas que han operado por años, gobierno tras gobierno, y que no quieren abandonar lo que ha sido su manera de hacer negocios y presionan hasta que nos dejemos”, dijo.
Planells consideró que el papel de la procuradora es llevar los casos adelante. “No solamente es haber hecho la denuncia de las amenazas, sino el tema de los jueces (...) estos no quieren declarar los casos complejos que, a todas luces, lo son. No se fijan las audiencias y las que se hacen las cancelan por las excusas más ridículas, teniendo la capacidad de decir que dejen de evadir los procesos y finalmente está el tema de los habeas corpus que también dilatan”, dijo.
“Prácticamente, está peleando contra la corrupción con las manos amarradas. Creo que es el momento de apoyar al Ministerio Público”, señaló.
Por su parte, Freddy Pittí, miembro de la organización Juntos Decidimos, indicó que ante estas presiones la procuradora debería mencionar con nombres y apellidos a esos individuos y realizar denuncias. “No puede quedar solo en la mención de que hay presiones, porque es algo que ya todos sabemos”, señaló.
El excontralor Carlos Vallarino calificó de “valiente” la posición de la procuradora. “Hay que reconocer los méritos, y el equipo de profesionales que llegó a dirigir la procuradora en momentos difíciles (...) jamás en la historia de este país han habido tantas investigaciones por peculado, malversación, lesiones multimillonarias”
Ramón Ricardo Arias, presidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, dijo que lo señalado por Porcell es muy grave y su labor en la lucha contra la impunidad contará con todo el apoyo ciudadano. “Si ella conoce de poderes económicos, políticos y mediáticos que tratan de entorpecer su trabajo, que los señale y todos los ciudadanos la acompañaremos en la tarea de denunciarlos. Pero tiene que ser más específica”, indicó Arias.
El también excontralor Alvin Weeden calificó como “sumamente grave” la denuncia de la jefa del MP y recordó que es algo que él venía temiendo de que el esfuerzo de este ministerio se afecte por la manipulación del Órgano Judicial. “Parece que la procuradora salió de una zona de confort y lo está enfrentando, lo cual es bueno y tenemos que apoyarla, porque no se puede dar la impunidad y el Órgano Judicial no debe prestarse a esto”, dijo.
También indicó que la corte, a nivel de sus magistrados, debe abrir una investigación sobre los jueces que están manipulando estas investigaciones. Pidió que sean rotados de sus cargos.
FISCALES APELARÁN
Según confirmaron fuentes judiciales a este medio, los casos que podrían quedar impunes por decisiones de jueces penales guardan relación con la casa de valores Financial Pacific (cuenta High Spirit); la compra de Epasa (caso New Business), Odebrecht-Suiza (sobornos), Riegos de Tonosí y Finmeccanica (radares).
Se conoció que el Juzgado Séptimo Penal, a cargo de Felipe Fuentes, y el Decimoctavo Penal, en manos de Baloisa Marquínez, negaron peticiones de las fiscalías Séptima Anticorrupción y contra la Delincuencia Organizada, respectivamente, para que se declararan como causas complejas dos expedientes, en los que se investiga el delito de blanqueo de capitales.
El Juzgado Séptimo Penal negó declarar como complejo el proceso relacionado con la cuenta Hight Spirit de Financial Pacific, y el Juzgado Decimoctavo Penal tomó igual decisión en la investigación sobre el supuesto uso de fondos públicos para la compra de Editora Panamá América (caso New Business). (Ver resto de los casos en ilustración).
Este medio conoció que la fiscal séptima anticorrupción, Leyda Sáenz, y el fiscal primero contra la Delincuencia Organizada, David Mendoza, presentarán apelaciones, por lo que la decisión final de que se declare o no complejas las causas mencionadas quedaría en manos de los magistrados del Segundo Tribunal.
¿QUÉ ES UN CASO COMPLEJO?
Los artículos 502 al 504 del Código Procesal Penal fijan el procedimiento para declarar una causa como compleja.
El 502 del citado código otorga la facultad a los fiscales de solicitar al juez que declare una investigación compleja, debido a la pluralidad de los hechos y la cantidad de imputados en el caso.
Según el artículo 504, una vez autorizado el procedimiento de investigación compleja, surtirá los siguientes efectos: 1: el plazo de detención preventiva (si hubiese) se extenderá hasta tres años. “El plazo previsto por este código para concluir la investigación preparatoria se extenderá a un año y la prórroga un año más. 3. Los plazos establecidos a favor de las partes para realizar alguna actuación y los que establecen determinados tiempos para celebrar las audiencias, se duplicarán”.
