Lavado de activos

Proyecto que penaliza evasión fiscal, sin consenso

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Los exministros Fernando Aramburú, Guillermo Chapman, Dulcidio De La Guardia y Nicolás Ardito Barletta destacaron la importancia de cumplir con reglas de juego internacionales. Los exministros Fernando Aramburú, Guillermo Chapman, Dulcidio De La Guardia y Nicolás Ardito Barletta destacaron la importancia de cumplir con reglas de juego internacionales.
Los exministros Fernando Aramburú, Guillermo Chapman, Dulcidio De La Guardia y Nicolás Ardito Barletta destacaron la importancia de cumplir con reglas de juego internacionales. Ricardo Iturriaga

La falta de consenso sobre el proyecto de ley 591, que introduce penas de cárcel para la evasión fiscal y tipifica este delito como precedente del lavado de capitales, postergó la votación de la iniciativa legal en el primer debate.

El presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, Rubén De León, decretó un receso luego de escuchar las posiciones de varios gremios y del Gobierno.

Las principales diferencias giran en torno a las penas establecidas en el proyecto, especialmente a la vinculada al delito de blanqueo de capitales, que sería de hasta 12 años.

La Asociación Bancaria solicitó que se rebaje a un castigo de hasta cuatro años para evitar la prisión preventiva. Tampoco hay consenso sobre el monto a partir del cual se consideraría delito la evasión fiscal, que según el proyecto es de $300 mil.

Piden rebaja de penas en delitos ligados a evasión

Gremios de empresarios y abogados solicitaron la rebaja de las penas contempladas en el proyecto de ley 591, que penaliza la evasión fiscal y la considera precedente del lavado de activos.

El proyecto, que está siendo debatido en la Asamblea Nacional, establece una sanción de 2 a 5 años de prisión por evasión fiscal y de 5 a 12 años por el delito de blanqueo de capitales producto del fraude fiscal.

La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) pide que ambos sean rebajados a penas de hasta cuatro años, para que no pueda haber detención preventiva en el marco de una investigación del Ministerio Público por fraude fiscal.

Julio Linares, que participó ayer en el primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales en representación del gremio bancario, señaló que en Europa la pena máxima por blanqueo de capitales es de cinco años.

En Panamá, según el Código Penal vigente, el lavado de activos se castiga con penas de entre 5 a 12 años, independientemente del delito cometido previamente para obtener los fondos de manera ilícita. Los gremios que participaron en el debate solicitaron que se haga una distinción para que, por ejemplo, no tenga la misma sanción el lavado cuando es producto de actos de corrupción o narcotráfico, que cuando provenga de la evasión fiscal.

Mientras, la posición del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio Público es mantener la pena de 5 a 12 años.

En la mañana de ayer, en una rueda de prensa convocada por la ABP en la que participaron varios exministros de Economía, Dulcidio De La Guardia, quien presentó el proyecto de ley en enero de este año a la Asamblea Nacional, cuando todavía era titular de la cartera de Economía y Finanzas, señaló que la cuestión de las penas es potestad de cada país y que en el entorno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) había países con penas de 15 años y otros con penas de 1 año. Dijo que “lo importante es que el fraude fiscal sea delito y que se considere precedente del lavado de dinero”. Sobre la pena, opinó que la propuesta de la Asociación Bancaria de hasta cuatro años sería razonable.

Tampoco hay consenso en el monto a partir del cual la evasión fiscal se considera delito. El proyecto de ley establece el límite en $300 mil, mientras que la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura pide que se eleve hasta $500 mil.

Raúl Gasteazoro Expandir Imagen
Raúl Gasteazoro

Si nosotros no tenemos el delito aprobado antes de que termine este período fiscal, Panamá va a ir a una lista gris”.

Raúl Gasteozoro secretario técnico de la CNBC.

El tercer punto de discordia tiene que ver con el artículo 254 del Código Penal, que define los delitos que se consideran precedentes del lavado de dinero e incorpora en la modificación propuesta la evasión fiscal.

El artículo castiga a la persona que posea recursos financieros “previendo razonablemente” que proceden de una serie de delitos. Los gremios señalan que la expresión “previendo razonablemente” se presta para la interpretación y los criterios subjetivos de fiscales y jueces. Piden que se cambie por “a sabiendas”, es decir, que la persona acusada tenga conocimiento de que el dinero procede de una fuente ilícita.

Alfredo Vallarino, representante del Colegio Nacional de Abogados, apuntó que el delito de evasión fiscal tiene un umbral propuesto de $300 mil, pero no el de lavado de dinero, por lo que, en la práctica, si una persona evade más de $300 mil al fisco y ese dinero lo gasta en la compra de un bien por $20 mil, la persona que ha vendido ese bien podría quedar implicada en un caso de lavado si no se corrige el proyecto de ley.

En representación del gobierno participó Raúl Gasteazoro, secretario técnico de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNDC), que volvió a llamar la atención sobre el límite de tiempo que tiene el país para aprobar el proyecto de ley.

En una evaluación efectuada a Panamá el año pasado por el Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat), se detectaron varias debilidades en la lucha contra el blanqueo de capitales. Una de ellas es la ausencia de tipificación de la evasión fiscal como delito. Gasteazoro dijo que la norma debe ser aprobada antes del 31 de octubre, para presentarla ante el Gafilat y evitar que en junio de 2019 el Grupo de Acción Financiera, con sede en París, incluya a Panamá de nuevo en su lista gris de países con debilidades en la lucha contra el blanqueo.

De La Guardia, que mostró su apoyo al proyecto de ley junto a los exministros de Economía Fernando Aramburú Porras, Guillermo Chapman y Nicolás Ardito Barletta, dijo que “vivimos de venderle y prestarle servicios al mundo. Si queremos que la economía sea dinámica y siga creciendo, tenemos que jugar con las reglas internacionales, por eso es tan importante la aprobación de la ley”.

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