Residentes de Coco del Mar piden reconsiderar decisión

El pasado 12 de febrero, la Corte Suprema de Justicia ordenó levantar la suspensión que tenía el proyecto WindRose desde octubre de 2015.

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Las obras del WindRose, en Coco del Mar, han sido denunciadas en reiteradas ocasiones por los residentes. Las obras del WindRose, en Coco del Mar, han sido denunciadas en reiteradas ocasiones por los residentes.
Las obras del WindRose, en Coco del Mar, han sido denunciadas en reiteradas ocasiones por los residentes. Archivo

La Asociación Ambiental de Residentes de Coco del Mar y Viña del Mar solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que deje sin efecto una resolución del 12 de febrero de 2016 –que levantó la suspensión que tenía el proyecto WindRose desde octubre de 2015–, ya que, según alega, coacciona el derecho de defensa de los vecinos.

Los moradores, a través de sus abogados, presentaron ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la CSJ un incidente de previo y especial pronunciamiento para que el tema sea analizado a fondo.

Julio Young, representante legal de los vecinos, explicó que para levantar la suspensión del proyecto, la Sala Tercera admitió de forma ilegal un recurso de reconsideración presentado por la Inmobiliaria GS del Mar, S.A., (Grupo Suárez) –empresa promotora del proyecto– contra la medida tomada por esa misma instancia el 15 de octubre de 2015 y en la que ordenó la suspensión de la obra.

Según Young, lo actuado por la Corte “es improcedente, porque viola la Constitución Política”. Además, citó el artículo 99 del Código Judicial, según el cual “las sentencias que dicte la Sala Tercera, en virtud de lo dispuesto en esta sección, son finales, definitivas y obligatorias; no admiten recurso alguno, y las nulidades deberán publicarse en la Gaceta Oficial”.

Los residentes aducen que WindRose se desarrolla en un área de manglares y que no resguarda la zona de amortiguamiento de 50 metros de longitud a la que se refiere el Decreto Ejecutivo No. 228 del 27 de septiembre de 2006, que reglamenta la Ley No. 24 del 5 de julio de 2006, la cual, a su vez, establece que el proceso de adjudicación y titulación masiva de tierras no podrá afectar las zonas y los recursos marinos costeros.

Las acusaciones han sido rechazadas por los promotores del proyecto, quienes en declaraciones anteriores han indicado que el área donde se levanta la obra “no corresponde a un humedal ni a un manglar”, y que está construida dentro de una finca existente desde el año 1929, por lo que no existen razones legales para detener el proyecto.

En tanto, en la sentencia del 12 de febrero pasado, la CSJ señaló que tras una inspección ocular realizada el 18 de diciembre de 2015 por funcionarios de la Sala Tercera, asesorados por topógrafos y biólogos, se comprobó que el proyecto no se construye en área protegida de manglar.

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