caso de maría del pilar hurtado, exjefa del das

Responsabilidad de un asilo

Los constitucionalistas señalan que hay responsabilidades políticas y jurídicas en el otorgamiento del asilo que da el Estado.

Tras el pedido de extradición por parte de las autoridades colombianas al Gobierno panameño de la exdirectora del extinto Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia María del Pilar Hurtado (asilada en Panamá) se desató una polémica entre el presidente, Ricardo Martinelli, y el vicepresidente, Juan Carlos Varela. Uno responsabiliza al otro de la concesión del polémico asilo.

El asilo, según consta en decreto oficial (ver facsímil), fue firmado por Martinelli y por el excanciller Álvaro Alemán, quien actuaba como canciller encargado.

Pero, ¿sobre quién recae la responsabilidad de lo actuado? Cuatro constitucionalistas preguntados por este diario parten explicando que en esa actuación se acreditan dos tipos de responsabilidades: una jurídica y otra política.

En Panamá, dice el constitucionalista Pedro Fuentes, el otorgamiento de asilo es una decisión de Estado que le compete al Presidente por ser el encargado –según se lo atribuye el artículo 184, numeral 9 de la Constitución– de las relaciones exteriores de su país. Ese artículo dice: “Son atribuciones que ejerce el Presidente de la República con la participación del Ministro respectivo dirigir las relaciones exteriores [...]”.

De ese artículo, señala Julio Yao, profesor de derecho internacional público, se desprende que la aprobación del asilo es un acto comprendido dentro de las relaciones exteriores de Panamá, y por ende, constituye una atribución de Martinelli.

Pero el artículo 186 de la Carta Política le da un giro jurídico al asunto. Dice: “Los actos del Presidente, salvo los que pueda ejercer por sí solo, no tendrán valor si no son refrendados por el Ministro respectivo, quien se hace responsable de ellos”.

Es basado en ese artículo que Fuentes piensa que en la decisión de otorgarle el asilo a la colombiana, de la que se han derivado responsabilidades jurídicas, el ministro es el que se hace responsable.

Un segundo artículo que señala aún más como responsable al ministro que firmó el decreto, y no al Presidente, es el 191, sostiene Fuentes. Ese artículo dice que el Presidente solo es responsable en casos de “extralimitación de sus funciones constitucionales, por actos de violencia o coacción en el curso del proceso electoral; por impedir la reunión de la Asamblea Nacional; por obstaculizar el ejercicio de las funciones de esta o de los demás organismos o autoridades públicas que establece la Constitución, o por delitos contra la personalidad internacional del Estado o contra la Administración Pública”.

“El Presidente, entonces, no es responsable jurídicamente por otorgar un asilo”, dice Fuentes.

Pero el asunto cambia de matiz cuando se habla de responsabilidades políticas. Eso, continúa Fuentes, tiene que ver con los efectos políticos de la decisión tomada, y como se puede ver, en ello está involucrado el Presidente y quien a la par avaló con su firma ese acto.

La teoría constitucional dispone que la responsabilidad legal de los ministros es clara. Pero los hechos, alega Yao, “demuestran que si bien Varela es constitucionalmente responsable por el asilo, es Martinelli quien moral y políticamente tomó la decisión de otorgarlo”.

El ejercicio de las facultades políticas del Presidente, complementa Rubén Elías Rodríguez, expresidente del Colegio de Abogados, debe darse en el marco de la moral internacional. “No es posible que se ofrezca protección a personas que no califican para tal beneficio conforme a los tratados internacionales, y menos aún que se soslaye que el derecho interno sanciona las conductas que precisamente ampara con tales decisiones. Un país debe dar muestras de consistencia entre el cumplimiento de su derecho interno y las actuaciones con las cuales acredita su nivel de responsabilidad y de respeto ante la comunidad internacional”. Rodríguez se refiere a que Hurtado está siendo investigada en su país por delitos comunes y no políticos, y a la prohibición en Panamá de las interceptaciones telefónicas, delito que dio comienzo a los procesos contra Hurtado.

El abogado Rigoberto González, exsecretario del Ministerio Público durante la gestión de la procuradora Ana Matilde Gómez, también le da más importancia a la responsabilidad política que a la jurídica. “Otorgar un asilo no es una decisión que se adopta sin la intervención de quienes están en la capacidad política de decidir en asuntos como estos. Al tomar la decisión siempre va a entrañar la posibilidad de tener que negar la solicitud de extradición de la persona a la que se le da el asilo, y esa negativa exige una valoración política más que jurídica”, explica.

Además, sostiene, “un ministro, por más poder que tenga, no es el que en última instancia decide a quién se le otorga un asilo. Afirmar lo contrario conllevaría tener que reconocer que existe un ministro que manda más que el Presidente”.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

FONDOS Banda musical hace recolecta para viajar a Pasadena

La banda está integrada por 250 estudiantes.
Especial para La Prensa/Vielka Corro Ríos

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Loteria nacional

15 Nov 2017

Primer premio

4 7 2 9

BABB

Serie: 20 Folio: 11

2o premio

5026

3er premio

9314

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código