EVASIÓN FISCAL

Retrasar controles será perjudicial: relator de la ONU

Análisis de Bohoslavsky advierte sobre la necesidad de regulaciones bancarias más robustas, estrictas y sistemáticas.

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Juan Pablo Bohoslavsky advierte sobre mecanismos conjuntos, Estado y empresa privada, para evitar maniobras ilícitas en las que se involucren los bancos. Tomada de la Juan Pablo Bohoslavsky advierte sobre mecanismos conjuntos, Estado y empresa privada, para evitar maniobras ilícitas en las que se involucren los bancos. Tomada de la
Juan Pablo Bohoslavsky advierte sobre mecanismos conjuntos, Estado y empresa privada, para evitar maniobras ilícitas en las que se involucren los bancos. Tomada de la

Juan Pablo Bohoslavsky es experto independiente de las Naciones Unidas (ONU) en materia de deuda externa y obligaciones financieras internacionales conexas a los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos.

Luego de su visita a Panamá del 2 al 10 de mayo de 2017, ayer presentó sus conclusiones ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra (Suiza), en las que insta al país a tipificar como delito del Código Penal la evasión fiscal y a establecer mecanismos de control en el sector bancario para incrementar la transparencia de su sistema financiero.

Horas antes de su exposición conversa con La Prensa sobre esta relación.

Visitó Panamá en 2017. ¿Con quién mantuvo reuniones y qué entidades visitó?

Me reuní con diversos funcionarios de alto nivel y con representantes de los pueblos indígenas, los sindicatos, la sociedad civil y las organizaciones comunitarias, así como con expertos y académicos.

¿Qué es lo que más le preocupa a la ONU de la estructura financiera panameña?

No puedo hablar por la ONU como sistema, sino en mi capacidad de titular de mandato en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Es preciso establecer regulaciones bancarias más robustas, incluidos procesos de diligencia debida más estrictos y sistemáticos, de manera que las entidades financieras en particular contribuyan a impedir la práctica de la evasión y elusión fiscal por personas nacionales y extranjeras, entidades jurídicas u otros mecanismos legales, de conformidad con los controles más estrictos que se están adoptando en el sector bancario de varias jurisdicciones.

¿Cómo encajan en este análisis las medidas adoptadas por Panamá hasta el momento?

Los cambios regulatorios nacionales e internacionales que se vieron acelerados por los llamados papeles de Panamá han puesto de manifiesto que el país se esfuerza por incrementar la transparencia y la rendición de cuentas dentro de su plataforma de servicios financieros.

Ahora bien, dado que una agenda de transparencia anclada en el derecho internacional de los derechos humanos ha de ser eficaz igualmente desde el punto de vista fiscal, es preciso que las entidades financieras y no financieras, así como los profesionales que participan en actividades objeto de supervisión sean considerados partes interesadas fundamentales en los esfuerzos del Gobierno por combatir la evasión y el fraude fiscal.

En el informe que presentó ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU se insta a poner en marcha una “estrategia nacional” orientada a reducir los fondos ilícitos que incorpore al sector bancario.

Estoy convencido de que seguir retrasando el aumento de mayores controles en el sector bancario será perjudicial para el país a largo plazo, y de que Panamá actualmente está en buenas condiciones de profundizar cambios estructurales, y al mismo tiempo seguir manteniendo la competitividad, la eficacia y la plena transparencia en su plataforma de servicios financieros.

¿Cómo debería funcionar esta fuerza sinérgica del Estado y la empresa privada para hacer un sistema que mejore la transparencia?

Pues, generando un sistema de incentivos y un diseño institucional capaz de forzar a las entidades financieras a que se abstengan de participar en maniobras ilícitas con o para sus clientes, incluyendo la evasión fiscal transnacional. De esto se trata cuando hablamos de alianza público-privada para un desarrollo económico sustentable.

¿En qué medida la penalización de la evasión fiscal puede ayudar al proceso de transparencia?

En primer término, hay que hacer que la evasión fiscal y la asistencia a la evasión fiscal sea delito con arreglo al Código Penal, no una mera infracción administrativa o fiscal.

También se debe añadir el fraude fiscal a la lista de las transacciones sospechosas que las entidades financieras y no financieras deben comunicar a las autoridades competentes, así como establecer mecanismos de diligencia debida claros y robustos para el sector bancario, con el fin de disuadir a los clientes de los bancos de emprender actividades que vulneren la legislación tributaria y poner esas vulneraciones en conocimiento de las autoridades competentes.

Estas reformas contribuirían a que, en particular los bancos, puedan y deben contribuir a impedir la evasión y la elusión fiscal en el ámbito nacional e internacional.

Ciertos sectores miran con sospecha la posible introducción de esta medida y alegan que tendría un impacto negativo en la economía.

La sustentabilidad de la economía a mediano y largo plazo, en Panamá y en cualquier otro país, se basa, entre otros factores, en el grado de respeto de las normas y la reducción de la opacidad. De hecho, estas dos condiciones son un gran atractivo para las inversiones que buscan plazas confiables y estables a largo plazo.

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