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Sábado picante

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Diputados de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional harán una gira de consultas en todo el país a fin de escuchar a todo el que tenga algo que decir sobre las reformas a nuestra carta magna. Eso suena bonito y hasta muy democrático, pero muy en el fondo es una completa farsa.

Para empezar, esa comisión la preside Leandro Ávila, el que tenía en su planilla como asesora a una trabajadora manual de la expresidenta Mireya Moscoso. No es que fuera de a de veras su asesora en asuntos escolares, como él dijo, sino que en realidad era una “ayuda” que le había pedido una asistente.

Otro miembro de esa instancia es el diputado Néstor Guardia, cuyo timbre de voz lo desconoce él mismo porque ni para quejarse abre la boca. Pero sí fue corriendo a Pandeportes a buscar $200 mil para algo que se inventaron los diputados que sirve de excusa para sacarle plata al Estado: “masificación del deporte”. Cuando se le preguntó a quién le entregó lo que supuestamente compró, descubrimos que, además de no hablar, tampoco escribe, pues ignoró cuanta comunicación se le envió.

En esa comisión también está Rony Araúz, relacionado con una Liga de Fútbol Club Bugaba, cuyo presidente y vicepresidente eran funcionarios de la Asamblea, el primero de ellos asignado al despacho de Araúz. La liga recibió una donación de $30 mil, de la que el diputado no ha dicho ni media palabra a este medio cuando intentó preguntarle por el destino de la plata.

Otra comisionada que irá a la gira no necesita presentación: la diputada Yanibel Ábrego, quien transmite oscuridad cuando se le pregunta por transparencia.

Si esto es lo mejor que nos ofrece la Asamblea para ayudar a reformar la Constitución, a fin de hacer más transparente la gestión pública, establecer mayores controles, disminuir poderes a los políticos para no dejar espacio a los chanchullos y que el país tenga una Constitución moderna y democrática, debemos considerar seriamente quedarnos con la que ya tenemos. Si me ponen a elegir, sería hasta menos descabellado darle esa tarea a los presos de La Joya.

Además, soy un convencido de que, aun cuando tengamos una Constitución hecha por los mayores eruditos del mundo, en Panamá eso no parará la corrupción. El problema no es la Constitución ni las leyes. Es la calidad del funcionario, alguien que esté dispuesto a hacerlas cumplir. Pero en vista de que eso no es así, un amigo me dijo que solo quiere un cambio constitucional. Él dice que se conforma con que nuestros nacionales puedan ser extraditados. Y la verdad es que con eso yo también me conformaría... siempre que alguien tenga el valor de firmar la extradición.

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