DEBATE NACIONAL

Toma fuerza alternativa de reforma a la ‘Constitución’

La propuesta abarcaría aspectos de la administración de justicia.

La propuesta de las dos asambleas en la ‘Constitución’

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La Asamblea Nacional está conformada por 71 diputados. Ningún partido político tiene la mayoría absoluta, lo que obligaría a lograr consenso para aprobar una posible reforma a la ‘Constitución’ por la vía de dos asambleas. Archivo La Asamblea Nacional está conformada por 71 diputados. Ningún partido político tiene la mayoría absoluta, lo que obligaría a lograr consenso para aprobar una posible reforma a la ‘Constitución’ por la vía de dos asambleas. Archivo
La Asamblea Nacional está conformada por 71 diputados. Ningún partido político tiene la mayoría absoluta, lo que obligaría a lograr consenso para aprobar una posible reforma a la ‘Constitución’ por la vía de dos asambleas. Archivo

La propuesta de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) para que se hagan reformas constitucionales puntuales en materia de administración de justicia por la vía de dos asambleas empieza a cobrar fuerza entre diferentes sectores.

El magistrado del Tribunal Electoral Eduardo Valdés Escoffery dijo que una reforma por esta vía abriría la puerta para que se cree un mecanismo que permita actualizar la Constitución cada quinquenio.

Mientras, el diputado y secretario general del PRD, Pedro Miguel González, cree que luego de las elecciones, si hay consenso, se podría considerar un paquete puntual de reformas.

Empujan cambios a la ‘Constitución’ por la ruta de dos asambleas

El Tribunal Electoral (TE), gremios empresariales y diputados de oposición abanican la idea de que se efectúen reformas a la Constitución Política a través de la aprobación de dos asambleas.

Por ejemplo, el magistrado del TE Eduardo Valdés Escoffery considera que la vía constitucional de dos asambleas es una salida que permitiría solucionar reformas a temas puntuales.

A criterio del magistrado, los cambios constitucionales a través de dos asambleas son, además, una opción que abriría la puerta para “institucionalizar un mecanismo de actualizar la Constitución cada cinco años, como lo hace el Tribunal Electoral con el Código Electoral”.

“Esperamos que la Asamblea Nacional se haga eco de esta propuesta y pueda haber un consenso para comenzar a aprobar un primer paquete”, indicó.

La propuesta a la que se refiere Valdés Escoffery es la que presentó a la Asamblea Nacional la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), con el objeto de que se aprueben reformas puntuales en la administración de justicia a través de lo que dispone el numeral 1 del artículo 313 de la Constitución Política.

La iniciativa de la Cciap toma empuje luego de que en la Asamblea Nacional no prosperó la propuesta que el Ejecutivo le presentó para que se incluyera en las elecciones del próximo 5 de mayo una papeleta adicional, con el fin específico de que el electorado decidiera si quería una asamblea constituyente para aplicar reformas a la Constitución Política.

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Toma fuerza alternativa de reforma a la ‘Constitución’

El fondo de la iniciativa

En concreto, la Cciap propuso cambios a los artículos 160 (sobre la función judicial de la Asamblea), y 203, 204, 206 y 214 (referentes al órgano judicial).

Esta proposición señala que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia continúan siendo nombrados mediante acuerdo del Consejo de Gabinete, aunque tal nombramiento debe ser ratificado por dos tercios de los diputados de la Asamblea Nacional.

Según la propuesta de la cámara, el nombramiento de los magistrados que efectúe el Consejo de Gabinete se haría a partir de una lista que le proporcionaría una Comisión Nacional de Evaluación y Postulación, que se crearía mediante la reforma.

Esta comisión estaría integrada por nueve miembros y por representantes de los gremios de la empresa privada, la academia, oenegés, clubes cívicos, colegio de abogados, trabajadores y el Ejecutivo. Los detalles se reglamentarían mediante ley.

Por su parte, las designaciones del procurador general de la Nación y el procurador de la Administración también se realizarían a partir de listas generadas por la Comisión Nacional de Evaluación y Postulación. Estos puestos continuarían siendo nombrados por períodos de 10 años.

Por otro lado, la reforma planteada por los empresarios prorrogaría el periodo de los magistrados de la Corte de 10 a 20 años. Cualquier vacante absoluta requeriría el nombramiento de un nuevo magistrado por un período de 20 años, es decir, no se completarían periodos, como ocurre actualmente.

Diputados apoyan

Desde el Legislativo, algunos diputados han expresado abiertamente su apoyo a esta propuesta.

Por ejemplo, el diputado y secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González, manifestó que una reforma a través de dos asambleas sería una alternativa si surge un amplio consenso entre todas las fuerzas políticas y sociales, incluyendo a las que respaldan al actual gobierno.

Explicó que le correspondería al Ejecutivo convocar a sesiones extraordinarias pasado el torneo electoral, porque “no veo posibilidad de generar ese consenso en medio de la campaña política”.

Sociedad civil

Mientras, el abogado Ernesto Cedeño opinó que una reforma constitucional por esta vía sería improcedente, pues, a su juicio, la actual Asamblea no es idónea desde el punto de vista ético para hacer un cambio constitucional, debido a conflictos de intereses.

“Difícilmente [los diputados] van a aprobar un ajuste en las funciones de un diputado o de un acto o norma que atente contra su beneficio proyectado”, dijo.

La historia

Esta no sería la primera vez que el país se abocaría a un proceso de reformas por dos asambleas. Ya lo hizo en 1994, cuando se abolió el ejército y se elevó a rango constitucional un título sobre el Canal de Panamá.

Asimismo, en 2004, cuando se eliminó la figura de la inmunidad parlamentaria y se introdujo el habeas corpus preventivo y el reparador en materia de garantías fundamentales.

La propuesta de las dos asambleas en la ‘Constitución’

El numeral 1 del artículo 313 de la ‘Constitución’ señala que se puede aplicar una reforma a la carta política “por un acto constitucional aprobado en tres debates por la mayoría absoluta de miembros de la Asamblea Nacional, el cual debe ser publicado en la ‘Gaceta Oficial’ y transmitido por el órgano ejecutivo a dicha Asamblea, dentro de los primeros cinco días de las sesiones ordinarias siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional electa en las últimas elecciones generales, a efecto de que en su primera legislatura sea debatido y aprobado sin modificación, en un solo debate, por la mayoría absoluta de los miembros que la integran”.

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